viernes, 7 de junio de 2019

Con todas sus letras


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Creo que no fue difícil decirlo, no me dio esa impresión, sin embargo, lo que sí se antoja complicado, y mucho, es que otros lo secunden a gran escala para que caminen todos los asuntos que planteó. Estoy hablando de Francisco Labastida Ochoa, quien fuera gobernador de Sinaloa, secretario de tres carteras: Energía, Agricultura y Gobernación y candidato a la Presidencia de México en el año 2000, cuando el PRI perdió por primera vez en 70 años.
Desde hace varios días Labastida Ochoa ha sido entrevistado de manera recurrente porque se opone a que se convierta en presidente del PRI, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, a quien le dicen “Alito” o “Amlito”, por la supuesta cercanía que dicen tiene (los mismos priistas) con el Presidente de la República. Afirma que si gana el PRI terminará por desaparecer.
De todas las entrevistas sí quiero destacar la que le concedió a Carmen Aristegui el jueves pasado, de hecho, recomiendo ampliamente que la escuchen íntegra, no tiene desperdicio, porque además del asunto interno del partido, habló de otras cuestiones que podrían servir para normar criterios y apreciar en su justa dimensión varios procesos encaminados en nuestro país en diversos frentes.
Trataré de detallar algunos puntos, pero el primero que quiero destacar tiene que ver con una conducta contumaz del PRI a la que los correligionarios se aferran tercamente y que, por primera vez en un priista que ha llegado a altos niveles como servidor público (también fue senador) brilló por su ausencia: la simulación.
Con todas sus letras, Labastida Ochoa dijo que el PRI ha sido un instrumento para otorgar canonjías y privilegios. Así. También aseguró que nunca había visto tantos excesos en gobiernos priistas como en el de Enrique Peña Nieto: “se pasaron”; y luego: “el peor sexenio para Petróleos Mexicanos desde la expropiación de 1938” fue el pasado. Y no se quedó en una apreciación personal, ofreció datos: de 2012 a 2018 la deuda de Pemex creció 70 por ciento. Y la cifra es difícil de comprender como el mismo priista dijo: “dos millones de millones 200 mil millones de pesos”.
El peor sexenio para Pemex por la deuda pero también porque se cayó la producción de barriles de dos millones y medio, a un millón 600 mil más o menos; y las reservas, de 13 mil millones de barriles andan en “siete mil (millones) y pico”, como quien dice, la mitad. Ofreció un dato sobre las refinerías: de estar trabajando a 80 % de su capacidad instalada más o menos, se cayó a 37 % cuando el promedio mundial es superior a 90. Y ni qué decir de la compra que hizo Pemex de una empresa valuada en 19.5 millones de dólares por la que la paraestatal pagó 275 millones de dólares.
A la ineficiencia y la corrupción, habría que sumar, como causas de la crisis tremenda por la que atraviesa Petróleos Mexicanos, las intenciones deliberadas por afectarla (“matarla” dijo Carmen Aristegui) en aras de la reforma energética y otros tipos de inversión así como la baja en el precio del crudo de 120 a 20 dólares por barril para tratar de inhibir la explotación por fracking que se hace en Estados Unidos; sin éxito, por cierto.
Labastida también habló de Humberto Moreira y el desastre financiero que causó al Estado de Coahuila además de otras barbaridades y remarcó que es preciso mandar a la cárcel a quien haya violado la ley. Entiende la postura al respecto de Andrés Manuel López Obrador (a quien defendió y justificó en varios aspectos) pero afirmó que más tarde o más temprano se verá obligado a actuar en este sentido. El exgobernador de Sinaloa dijo: “estoy seguro que la realidad lo va casi a obligar a que le meta mano a los problemas, y meta a la cárcel a los que violaron la ley, quiera o no quiera, afortunadamente”.
Con todas sus letras también dijo que AMLO recibió al país sumido en una profunda crisis y que las decisiones que ha tomado hasta ahora, con respecto a Pemex por ejemplo (sí criticó el recorte en salud y celebró su rectificación) han sido insuficientes (dado el nivel de la crisis) pero acertadas porque incentivan la inversión.
Ante los casos de “raterías”, dicho así por él, que estamos conociendo en los últimos días, relativos a los escándalos de Emilio Lozoya, Altos Hornos, Agro Nitrogenados y otros, Labastida fue claro: No sé si se va a hacer o no, lo que sí puedo decir es que deseo que renazca el país […] ahora, siempre tienes que pasar por un costo y una crisis para obtener un beneficio”.
Difícil pues, que se cumpla, pero suena lógico, y alienta que se haga reconocimiento (¡por fin!) de la verdad y la realidad del PRI, con todas sus letras.

Colaboración publicada en El Informador el sábado 1 de junio de 2019.

Guardia Nacional


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Esta semana se ha generado abundante información relacionada con la Guardia Nacional porque se aprobaron, casi por unanimidad, cuatro leyes secundarias que complementan la iniciativa de marzo pasado, sin embargo, no ha recibido los espacios en medios de comunicación que el asunto merece, seguramente porque otros temas, polémicos y problemáticos, han ganado en la carrera mediática.
Los temas a que aludo son por lo menos tres: la renuncia de Germán Martínez como director del Instituto Mexicano del Seguro Social; la resolución de la Función Pública que multa e inhabilita a dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, entre ellos al que fuera director, Emilio Lozoya, quien no podrá desempeñar cargo alguno en la administración pública en los próximos diez años y la difusión de la lista de 36 periodistas y sus empresas que en conjunto recibieron en la administración de Peña Nieto más de mil millones de pesos.
Sin duda no son asuntos menores, al contrario, todos y cada uno requieren reflexión, análisis, cuestionamientos y apuntes, pero no se puede ni debe perder de vista lo relativo a la Guardia Nacional que también nos atañe a todos y en un tema doloroso, sensible, urgente, como es la seguridad pública en nuestro país, en franco deterioro desde hace décadas con picos pronunciados de empeoramiento a partir de las tres primeras administraciones de este siglo: Fox, Calderón y Peña.
Me detengo aquí, primero, para invitar a leer las cuatro leyes secundarias que se aprobaron, en el Senado el martes y el jueves en la Cámara de Diputados, en un proceso muy rápido y prácticamente sin mayores discusiones; fueron rechazados puntos que proponían dos diputadas, una independiente y otra de Morena y eso fue todo. Se turnaron ya al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cuanto eso suceda, entrarán en vigor. Esto será en los próximos días, sin embargo, se puede acceder a la Gaceta Parlamentaria del 23 de mayo de este año, en el sitio de la Cámara de Diputados, y leer los dictámenes donde se incluyen argumentos, razonamientos y consideraciones, todas pertinentes para comprender mejor de qué se trata.
Y, segundo, es importante tener en cuenta que hay puntos que organizaciones especializadas en seguridad pública y derechos humanos de la sociedad civil cuestionan, por ejemplo: “falta de transparencia en la letra pequeña” de la operación de la Guardia Nacional o bien, “que no vaya a estar sometida a un escrutinio independiente”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU llama la atención sobre el uso de algunos términos poco precisos y con respecto a “regulación insuficiente e inconsistente” del principio de proporcionalidad y uso de la fuerza.
Así como el proceso de marzo, ahí sí, por unanimidad, lo que sucedió esta semana también puede calificarse de histórico porque los grupos parlamentarios, además de que están trabajando (como nunca en los últimos años, con una acción real, hasta ahora comprometida y dinámica, no como comparsas del Ejecutivo), son capaces de abordar las iniciativas con sentido crítico y responsable para mejorarlas y ajustarlas con la mira en el país y no en sus intereses particulares y partidistas. Esto es alentador.
Las leyes secundarias que se aprobaron son: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En términos muy generales, la primera ley especifica que la Guardia Nacional desempeñará la función de seguridad pública en todo el país y que celebrará convenios temporales para participar en las áreas que corresponden a estados y municipios. Se reafirma —y esto es muy importante— el carácter civil de la institución.
En cuanto a la segunda, es la primera vez que México tiene una Ley sobre el Uso de la Fuerza y su propósito es regular, como su nombre dice, el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas cuando actúen en esos términos.
La Ley Nacional del Registro de Detenciones regulará el registro, consistente en una base de datos que concentrará información a nivel nacional sobre las personas detenidas y, por último, la cuarta ley secundaria establece la obligación, para todas las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, de “generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información” de sus bases de datos e informáticas.
Es preciso involucrarnos más en estos procesos y ahora es mucho más fácil acceder a la información íntegra, sin filtros.

Colaboración publicada en El Informador el sábado 25 de mayo de 2019.