De justicia y distracciones

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

México es un país con sed de justicia. Es simple y es claro, sin embargo, hay gente en el llamado “círculo rojo” o de la que se siente influencer, que pierde de vista los pendientes urgentes y las verdaderas prioridades, en atención a intereses que no casan con los reclamos añejos de la sociedad; difícil explicarlo de otra manera.

La sed de justicia resulta (aunque parezca obvio) de las historias de injusticia e impunidad que se acumulan e incrementan sexenio tras sexenio sobre todo por las prácticas de corrupción que han caracterizado al sistema político mexicano del que forma parte el aparato judicial.

Por eso no puedo entender que opinólogos profesionales afirmen que la información recientemente difundida sobre detenciones y casos de presuntos desfalcos multimillonarios atribuibles o relacionados con las administraciones pasadas, específicamente la inmediatamente anterior, es para distraer, que son cajas chinas o cortinas de humo. Es curioso cómo en el pasado han exigido justicia y ahora que se está trabajando desde el Estado mexicano en este sentido, lo califican de distracción. Es evidente que están en las filas de la oposición porque no asumen una postura crítica que abone, al contrario, optan por denostar al punto que emiten juicios irracionales y muy forzados.

No creo que sea una distracción la detención de Genaro García Luna, ni la más reciente de Emilio Lozoya. Ambos han sido señalados por periodistas que han trabajado y publicado reportajes de investigación y libros desde hace lustros; a través de los que han dejado en evidencia los presuntos malos manejos, las redes de corrupción y complicidad, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, la impunidad y lindezas asociadas, como para que ahora se identifiquen acciones para empezar a ejercer justicia, como distractoras.

Y hay otras a las que todavía no se les llega, pero todo apunta a que el foco se está girando hacia esa dirección, hasta ahora muy oscura: Enrique Peña Nieto. Se le asocia con los casos de Lozoya y García Luna (a Felipe Calderón también), pero ahora está en la mira por la reciente publicación en The Wall Street Journal donde se afirma que el Estado mexicano va tras él. Yo sí lo creo, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador insista en su postura de no perseguir pese a que es un clamor ciudadano y quiera descargar todo en la Fiscalía. Que le entre, hombre.

Nota en The Wall Street Journal.

En fin, la nota que se publicó en esta semana en tal periódico, atribuye el dato a un “alto funcionario” quien aseguró que Peña Nieto es investigado por el Gobierno mexicano a partir de la detención de Emilio Lozoya. ¡Qué bueno! Y ojalá esta fuera la tónica a partir de este sexenio en adelante. Los expresidentes han quedado en total impunidad, este es un patrón que también urge romper. Resulta, sólo por mencionar un dato, que se asocian con el gobierno de Peña Nieto irregularidades por 144 mil millones de pesos ¡por favor! Información generada por la Auditoría Superior de la Federación, por cierto.

Cuando la administración de AMLO iniciaba, uno de los principales reclamos de muchos que votaron por él, fue que su gobierno no estuviera llamando a cuentas a los corruptos de sexenios anteriores; esta resistencia a pronunciarse en este sentido y descargar todo en la Fiscalía (como es y debe ser) ha causado bajas entre las filas de quienes consideraron que era la mejor opción. La postura ha sido polémica, pero no se ha movido ni un ápice. Edgardo Buscaglia, por ejemplo, la cuestiona severamente y sostiene que una cosa es su opinión personal y otra lo que tiene o tendría que hacer tomando en cuenta su investidura y las demandas sociales; Epigmenio Ibarra, en cambio, el periodista y productor, explica que la insistencia de López Obrador con relación a esta postura, tiene que ver con que no se eche a perder: prefiere dejar ir “unos puntos” que hacer algo que inmediatamente sea calificado por la oposición como venganza; y permitir, en cambio, la actuación de las instituciones precisas para estos asuntos con la idea de que se haga justicia.

Este argumento de las distracciones --y lo he dicho y escrito con respecto a asuntos de y en sexenios anteriores-- empieza a estar muy desgastado. Ni el avión, ni las acciones contra los exfuncionarios multicitados, ni los dichos mal interpretados o los mal dichos, nada, nos aparta de una realidad que es dolorosa y que, sabemos, no será posible componer en poco tiempo, los reclamos de justicia persistirán hasta que se haga.

Columna publicada en El Informador el sábado 22 de febrero de 2020.

Valores democráticos

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

La libertad de expresión es un valor democrático; el derecho a estar de acuerdo o a disentir; el derecho de réplica, la rendición de cuentas... son valores democráticos. No está escrito así que yo sepa, pero escuchar, considerar las opiniones de los demás, sobre todo si son críticas, rectificar si hace falta, ser humilde, son conductas que dejan en evidencia un comportamiento democrático.

Incluir antes de excluir; ser consecuente con el cargo de poder del que se es responsable gracias al mandato popular, corregir cuando sea necesario, respetar a las instituciones creadas por el Estado y la sociedad y reconocer diferencias sin descalificar, son valores y conductas democráticas. Entre muchas más enfocadas en considerar a los que se debe el honor y el privilegio de servir, a la gente, electores o no, al pueblo que es su razón de ser; madurar.

Lo contrario a esto que describo es autoritario y practicarlo así con las tergiversaciones pertinentes y oportunas, se ha convertido en un arma política y de manipulación de masas, no exactamente a través de los medios de comunicación a los que se ataca de manera persistente y sistemática, sino de las redes sociales que se han convertido en los medios de comunicación directa entre gobernantes y gobernados.

No soy yo quien va a decir que el uso de redes sociales para comunicar de parte de los funcionarios sea un error, no está mal; el problema es que se desdeña y/o descalifica cualquier otro medio, cualquier otra forma de comunicación cuando es adversa o distinta al discurso oficial y esta postura, que lamentablemente cunde en Jalisco, México y el mundo, es todo menos democrática.

Además, ignorantes del ejercicio periodístico, de la ética periodística, de las características de los mensajes, del ciclo de la comunicación, de toda la formación, práctica y experiencia de la profesión, simplemente hablan o escriben, sin considerar a los diversos públicos y sin que les importe demasiado si se apegan a la verdad o no, que es la esencia del periodismo; y lo que están generando es división, sí, esos, a los que les correspondería unir y convocar a todos sin distinciones de ningún tipo en un pleno ejercicio democrático del poder.

No es nuevo ni es exclusivo de Jalisco, pero el nivel de encono y virulencia de Enrique Alfaro contra los medios de comunicación, todos los que son críticos de su ejercicio como gobernador, de sus decisiones y omisiones equivocadas, de las deficiencias e insuficiencias, de los malos elementos en su equipo, está alcanzando niveles verdaderamente preocupantes porque lejos de avanzar en su responsabilidad de gobernar, de ejercer con tino y visión nuestros impuestos y trabajar para abatir los rezagos añejos en diversas materias: seguridad, salud, infraestructura, actividades productivas, agenda de género y muchas otras, como la restitución urgente del tejido social, está varado en las arenas movedizas de la confrontación, la descalificación, las rupturas, los desencuentros, las generalizaciones, el desdén y, por encima de todo, de la soberbia.

Un ejemplo de cómo fue y de cómo pudo haber sido (por cierto, una oportunidad total y absolutamente desperdiciada que podría haberle reportado un depósito fuerte en su cuenta de capital político): Enrique Alfaro optó por el rechazo iracundo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a propósito de la macrorrecomendación por la contaminación del Río Santiago. “No necesito recomendaciones”, dijo, cuando ni siquiera se le estaban planteando a él, sino que se retomaban a partir de información que se ocultó por diez años y de manifestaciones de activistas afectados en sus vidas y su salud por este problema gravísimo. Enrique Alfaro pudo haberse subido al carro de las críticas, justificadísimas, además, a la administración de Emilio González Márquez y cerrar filas junto con la sociedad y la CEDHJ; pudo haber dicho: sí, vamos a considerar las novedades que arrojó el estudio, entendemos por lo que pasa la gente y nos abocamos a ello, desde el primer día estamos trabajando, atenderemos también a los expertos de la CEDHJ y a otros para afinar las estrategias... ¿qué le costaba? Nada. ¿Qué hubiera ganado? Todo.

Enrique Alfaro no es un ejemplo de gobernante democrático y no creo que su carrera política continúe después de la gubernatura dadas las muestras constantes de inmadurez que nos receta; se la está acabando poco a poco, él mismo, sin ayuda de nadie, bueno, quizá entre sus colaboradores sí tenga varios ayudantes para eso. Pelearse con los medios y los periodistas, con la Comisión de Derechos Humanos, con el Gobierno federal, con los ejidatarios con los que compartió causa (los del aeropuerto) y con cuanto crítico de su gobierno, especialmente si tiene razón, no es la base de una administración que vaya a pasar a la historia por buena y eficiente. Si sigue así, al final del ciclo, nada contará más que su desdén a los valores democráticos.

Columna publicada en El Informador el sábado 15 de febrero de 2020.

Fechas y puentes

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

El estigma de flojos que nos han impuesto a los mexicanos desde tiempo inmemorial es una carga que se debe erradicar por completo. No lo somos. La fuerza laboral de México es la que trabaja más horas en todo el mundo; y de las que gana menos (no tiene que ver con productividad, porque luego eso se alega; en todo caso, si es así, los patrones también tendrían que responder a eso).

Hubo un tiempo cuando las quejas por los “puentes” eran recurrentes hasta que llegó a la presidencia uno de los más nefastos que hemos tenido, Vicente Fox, y se le ocurrió trasladar los descansos obligatorios de tres días festivos, a los lunes, con el conque de “impulsar el turismo nacional” (para lograrlo tendría que haber pensado en abatir el rezago en materia salarial primero, antes que en cambiar días, por un lado y, por otro, ¿los “puentes” no servían para eso?).

La reforma entró en vigor y nos adaptamos o nos resignamos como con el horario de verano de los tiempos de Zedillo; aunque en realidad no se suprimieron los “puentes” porque resulta que los días 1 de Enero, 1 de Mayo, 16 de Septiembre y 25 de Diciembre se descansan caigan en el día de la semana que caigan.

En diciembre y enero no se hace tanto ruido porque, pensando en términos de ciclo escolar, los estudiantes están de vacaciones; y los trabajadores tienen costumbres y reglas empresa por empresa, de manera que como puede que descansen, puede que no; los empleados aceptan tales acuerdos, si no, las puertas son anchas...

Lo mismo sucede con otras vacaciones y fechas que los patrones manejan libremente: Semana Santa, de Pascua, 12 de diciembre, 12 de octubre... En Aguascalientes, por ejemplo, el calendario escolar es distinto al del resto del país por la Feria de San Marcos. Otro ejemplo: los empleados de embajadas y consulados de otros países en México, descansan los festivos de allá y los de aquí. Qué padre. También hay variaciones de un tipo de negocio o institución a otro: los bancos cierran el 12 de diciembre porque es el Día del Empleado Bancario (también descansan jueves y viernes santos) y en las escuelas de Jalisco se descansa el 12 de octubre porque es el día de la Romería de la Virgen de Zapopan.

Guadalupe Victoria (1786-1843), primer Presidente de México, 1824-1829. Fuente: Sedena.

Por favor, el cambio que promovió Fox (en una de sus acciones trascendentales e históricas, sin duda alguna, de lo más importante que hizo en su sexenio) no trastocó el tipo de relación que mantienen trabajadores con empresarios, lo que rompió con los abusos fue la “desaparición” de las centrales obreras y los sindicatos charros; los tiempos de crisis, el interés por conservar el empleo y la necesidad de mejorar los ingresos.

En este orden de ideas, finalmente aterrizo (ahora que está de moda la jerga aeronáutica), me parece muy bien que el 5 de Febrero, el 21 de Marzo y el 20 de Noviembre, se festejen el día que toque con descanso incluido, lo digo así porque para que el aniversario de la Revolución Mexicana no pase inadvertido, se descansa el lunes, pero el 20 hay desfile, se me hace peor que como estábamos antes.

En función de descansos y de impulso al turismo nacional, no pasará nada si volvemos a como estábamos y creo que sí repercutirá, con otras medidas adosadas como el refuerzo en la educación pública, en una mejor idea o comprensión de por qué se festejan y se descansa en tales fechas, con la orientación adecuada que incluya información precisa y ejercicios para la reflexión que favorezcan y faciliten la valoración de momentos y personajes de nuestra historia.

Ahora que, entrados en gastos, no estaría mal hacer una revisión de las fechas que celebramos y que son tan importantes que les reservamos día y fiesta. En lo personal, agregaría el 27 de septiembre, día del aniversario de la consumación de la Independencia. Una fecha que ha quedado fuera de las fiestas importantes porque el protagonista se convirtió luego en villano favorito. Incluiría otra, aunque con esta sí que se armaría un buen “puente”: el 29 de septiembre, fecha del natalicio de Guadalupe Victoria, el primer Presidente de México, Benemérito de la Patria, como Benito Juárez, nombrado así en vida, por cierto, junto con Vicente Guerrero, en los primeros años de la independencia de México. Y si no, por lo menos que se rescate del olvido en el que está y se le dé un tratamiento especial a la enseñanza de quién fue y qué hizo, porque, en principio, esto es lo importante de las fechas, recordar de dónde venimos y reconocer nuestra grandeza. 

Columna publicada en El Informador el sábado 8 de febrero de 2020.

Responsabilidad criminal

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Hace más de 10 años, la Comisión Estatal del Agua, cuando Emilio González Márquez era gobernador de Jalisco, para nuestra desgracia, mandó hacer un estudio a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el propósito de conocer los componentes del agua del río Santiago, después de la lamentabilísima pérdida del niño Miguel Ángel López Rocha, quien murió por las altísimas dosis de arsénico que ingirió al caer al cauce.

Aunque era una demanda añeja, por lo menos desde los años 70 del siglo pasado, no se atendió el problema como se requería, se fue dejando pasar, hasta 2008 cuando falleció Miguel Ángel y se puso un poco más de atención, no muy eficiente que digamos, aunque el tema sí trascendió de los ámbitos local y nacional.

El estudio se realizó, pero una vez con los resultados en la mano, se sacaron de la manga una cláusula de confidencialidad y los datos se ocultaron: 40 % de los niños a los que se les aplicaron pruebas resultaron con altos niveles de contaminantes en su organismo: plomo, arsénico, cadmio, mercurio y benceno... veneno puro. Niños entre seis y 12 años. Esto es criminal.

Además, se encontró que la mayoría de los niños expuestos a la contaminación del Santiago en localidades como El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y la colonia Jalisco de Tonalá, entre otras, todas muy populosas, tenían (¿tienen?) trastornos emocionales, deficiencias en sus habilidades cognitivas y, por ende, bajo rendimiento escolar; problemas de la vista y respiratorios y no se diga diversas dermatitis, sin desdeñar por supuesto, los contenidos de tóxicos en la sangre. Callar esto es criminal.

Río Santiago. Fuente: Desinformémonos.

La información finalmente se dio a conocer en los últimos días, gracias a que un ciudadano la solicitó vía los mecanismos de Transparencia y circula ahora en internet el documento titulado: “Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano en el estado de Jalisco” (Estudio).

Los resultados arrojan una realidad grave que ha empeorado con el paso del tiempo porque desde el gobierno no se ha hecho mayor cosa. Paliativos, medidas cosméticas y rimbombantes para aparecer en medios y no tener problemas con los empresarios que contaminan el río, pero nada de fondo.

Vamos a ver qué hace Enrique Alfaro. Él se comprometió, desde la campaña, a “arrancar” su administración con el saneamiento del río Santiago. Hubo anuncios, aunque en realidad pocos resultados hasta ahora. Me queda claro que no es fácil, pero el sentido es de urgencia y se requiere la concurrencia de voluntades de todos los ámbitos con un líder que los convoque: los tres poderes del Gobierno estatal, el Gobierno federal (toca insistir) y los municipales; los empresarios, por favor; y la sociedad en su conjunto, más los apoyos que ya se tienen de organismos internacionales y presiones como la del T-MEC con las exigencias medioambientales.

Está anunciada una inversión superior a mil 500 millones de pesos, el involucramiento de todas las secretarías que tienen que ver con el asunto, desde la parte sanitaria hasta la ambiental y agrícola, leyes para disponer de los marcos legales necesarios incluyendo un catálogo de sanciones para quien insista en seguir descargando sus desechos en las aguas del río.

Urge tomar acciones y ahora, con el estudio que se acaba de dar a conocer, el Gobierno estatal dispone de una herramienta que podría implicar ahorros y datos para actuar de inmediato en ciertos aspectos como la salud de los niños que es prioritaria.

Apenas el primero de enero se publicó en The New York Times, nada más y nada menos, un reportaje que desgarra con el puro título: “Un Chernóbil en cámara lenta” (reportaje). Hay promesas y compromisos planteados, falta cumplir, urge cumplir, de lo contrario, habrá que repartir entre más funcionarios, la responsabilidad criminal por las omisiones, las malas decisiones y todos los daños causados a la población de la zona, particularmente a los niños.

Columna publicada en El Informador el sábado 1 de febrero de 2020.

Autor: Arquímides Torres.

La suprema ley

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Aun cuando se trata de un principio del Derecho romano, aquí en Guadalajara es una máxima que conocemos muy bien gracias a fray Antonio Alcalde y Barriga, quien se rigió por ella hasta su último aliento, literalmente, al dedicar su vida a trabajar por la salud del pueblo (y por la educación también, pero ese es otro tema) y dedicar una de sus grandes obras, el Hospital Civil, “A la humanidad doliente”.

La salud del pueblo es la suprema ley no es una afirmación que haya caducado, prescrito o pasado de moda, ha sobrevivido más de dos mil años porque su vigencia y respeto deberían ser cotidianos y una regla de conducta para cualquier gobierno ahora en estos tiempos. Alcalde lo hizo, sin embargo, en las últimas décadas, el mandato se ha desdibujado.

En octubre del año pasado se publicó en estas páginas un reportaje que celebré por el contenido: una investigación que arrojó datos sobre los robos de equipo, medicamentos y materiales en el Seguro Social y, además, sobre las medidas que se están tomando al respecto. Destaqué entonces en este espacio, que se hubiera dado a conocer un sistema de corrupción que no es nuevo, pero permanecía por la simulación, el contubernio y el miedo.

Algo similar está pasando ahora con la información que recién se generó esta semana y tiene que ver con la manipulación de datos, en primer lugar; con las reacciones ante la aplicación de “purgas” indeseables y las resistencias, justamente, a dejar ir un modus operandi y vivendi que representaba para todos los involucrados ganancias multimillonarias en detrimento del erario y, sobre todo, de los derechohabientes en los diferentes servicios públicos de salud: entre otros, IMSS, ISSSTE e instituciones para población conocida como abierta, es decir, que no tenían protección de ningún tipo, garantizada, hasta el surgimiento del Seguro Popular ahora Insabi.

¿Cómo dejar ir, así como así, tal nivel de ganancias? Y debo decir que, en el ámbito de los médicos, con honrosísimas excepciones, el asunto del dinero se les da muy bien para cobrar altas consultas, ordenar estudios costosísimos y recibir comisiones por todo; las redes de intereses en el mundo de la medicina son fuertes e intrincadas también. Ese mundo de la medicina incluye, por mencionar a cuatro grandes actores, a los profesionales de la salud y todo el escenario hospitalario, los laboratorios, las farmacéuticas y los fabricantes de equipos de los más diversos, desde los más simples hasta los más sofisticados.

Hace años, varios años ya, entrevisté para estas páginas a un ilustre médico jalisciense, que en paz descanse, quien me abrió los ojos sobre la realidad del mundo de la medicina; entonces me decía que el cáncer tenía cura, al igual que otras enfermedades, pero el negocio era muy grande y estaba en plena expansión. Estamos hablando de finales de los años ochenta principios de los noventa del siglo pasado.

En estos últimos lustros los avances tecnológicos han sido notables en la materia; sin duda alguna en muchos casos, en muchos, se han salvado vidas, pero en otros no, en otros sólo es negocio en cuyo bienestar sí que piensan los integrantes del sistema, como cuando desde el Poder Legislativo se ponen trabas para el reconocimiento de medicinas alternativas, por ejemplo, con todo y que en México se reconocen más que en otros países.

Me queda claro que destrabar este nudo gigantesco y enredado no está resultando nada fácil; las repercusiones negativas ya se están experimentando en la calidad y oportunidad de la atención de cientos de miles de mexicanos que a diario demandan servicios en clínicas y hospitales, y las reacciones no se hacen esperar.

Desde el Gobierno federal creo que esto se tiene que implementar con mayor celeridad y eficiencia de manera que, en el ínterin, o sea, mientras se barren, sacuden y desinfectan los cimientos, no se afecte la atención; equilibrio, decisiones sensatas, sentido común... para atender primero con sentido de urgencia y no tener que estar apagando fuegos porque además cierta información escasea y deja el campo propicio para la especulación y las malas interpretaciones.

Y a los médicos, al gremio en general, una exhortación (no quiero pecar de ingenua, pero...) a dejar de lado el interés económico como el principal interés; una invitación a recordar la esencia de la profesión, a honrarla, a ejercerla con integridad y ética; a no ocultar la medicina, ni venderla a terceros; a revisar las relaciones y lealtades; a cumplir con el mandato: la salud del pueblo es la suprema ley.

Columna publicada en El Informador el sábado 25 de enero de 2020.

Derechos laborales y empresariales

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Hace más de 25 años, cuando me desempeñaba como reportera de la sección Local de esta casa editorial y cubría la fuente de la Iniciativa Privada, la famosa IP, uno de los temas recurrentes en la agenda de la Cámara de Comercio era el comercio informal y la necesidad de combatirlo por la competencia desleal que implica, por los impuestos que evaden y porque, entre otras razones, no garantiza el respeto a los derechos laborales, en todo caso, los trabajadores o empleados en ese tipo de negocios, no tienen ninguna seguridad.

El comercio informal y, en general, la economía subterránea como también se le conoce, nos afectan a todos y traigo esto a cuento por la información que se generó esta semana con datos ya de ejecución y no sólo de planes o proyectos; tiene que ver, justamente, con ir “limpiando” y poniendo las cosas en orden en bien de todos: me refiero a las medidas para combatir la subcontratación (conocida más con su término en inglés outsourcing) ilegal.

Este esquema, que se empezó a usar hace ya algunos lustros, se introdujo con buenas intenciones, con el ánimo de ahorrar costos, aumentar la productividad y restar precariedad a los empleos, sin que se pusiera en tela de duda nunca, el pago de prestaciones de ley y todo lo que forma parte de los derechos laborales.

Sin embargo, poco a poco, como sucede en ambientes que propician la corrupción, estas buenas razones fueron dejadas de lado por muchas empresas e inició la tergiversación y perversión lenta y sigilosa del uso de los negocios de subcontratación sin que nadie dijera nada porque, en una valoración equivocada de las cosas, se pensaba que a todos convenía.

Pues no era así, no es así, al contrario, se empezó a reproducir un esquema similar al del comercio informal y entonces las afectaciones eran (son) absolutamente para todos: para los empresarios que cumplen con todo y hasta de más, para los empleados y para el sector público por la reducción en los ingresos destinados, sobre todo, a la seguridad social, las pensiones y la vivienda para los trabajadores.

Las centrales obreras, como siempre, ausentes de estos procesos, no movieron un dedo para impedir que la bola de nieve siguiera creciendo y hoy se tienen datos, recientes, de niveles de evasión fiscal que llegan a 21 mil millones de pesos anuales por el recurso de estos esquemas ilegales de contratación. Es grave.

En este orden de ideas me llama poderosamente la atención que organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, rechace las nuevas medidas. Sus afiliados, todos en orden apegados a derecho, no se pueden oponer a un nuevo marco legal que combate a la economía informal, asegura mejores condiciones para las actividades productivas y el respeto y cumplimiento de los derechos laborales. En realidad, también se trata de proteger derechos empresariales. Las cuestiones que reclama la Coparmex, según el reportaje que se publicó en estas páginas el jueves 16 de enero y que recomiendo ampliamente, siguen protegidas por la ley... están en la mira las prácticas ilegales, únicamente. El outsourcing está permitido siempre y cuando se trate de la subcontratación de un servicio especializado que permita a la empresa dedicarse a su actividad principal y no distraerse de actividades que no le son propias. El artículo 15 y sus incisos A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo regulan esa parte.

En cuanto al Consejo Coordinador Empresarial, calificó la acción de unilateral, sin embargo, esto se maneja desde el año pasado, con la participación de instituciones en cuyos consejos siempre hay un representante de la IP, es el caso de IMSS y del Infonavit, aparte de que con relación a reformas pendientes en esta misma materia, se abrirá el mecanismo de Parlamento Abierto que ya aprobó el Senado de la República, es cuestión de estar atentos, entrar a la página del Senado y participar. Esto, según se dijo y se garantizó (hasta ahora se ha hecho) más el diálogo con empresarios, trabajadores, expertos e incluso sindicatos.

La evasión fiscal de la que se habla (21 mil millones de pesos) resulta del cálculo de lo que no pagan por lo menos seis mil empresas, que además no son pequeñas, en todo el país. Están ubicadas por ejercer una “subcontratación abusiva”, evidentemente fuera de la ley en una práctica que es perseguida, está catalogada ya como “delincuencia organizada” y puede ser castigada hasta con 20 años de prisión preventiva.

Hay que cambiar las perspectivas desde las que tradicionalmente se han abordado estos asuntos. Es mejor legalidad, transparencia, seguridad para todos, adiós a hacerse de la vista gorda, es hora de no seguir acumulando secretos a voces.

Columna publicada en El Informador el sábado 18 de enero de 2020.