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jueves, 28 de febrero de 2019

Fuera de orden


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Siempre he defendido la causa magisterial. Los maestros son un componente fundamental de la sociedad mexicana. En sus manos está parte de la formación básica de generaciones, sin embargo, he dicho y reitero que el entramado de privilegios de que gozan todavía, es responsabilidad del Estado mexicano que hace décadas creó un monstruo a cambio de votos y poder corporativo.
No me aparto de esa defensa. Creo que la mayoría de los docentes del sistema educativo nacional, particularmente de los niveles básico y medio básico, quieren hacer su trabajo y no se oponen ni resisten a esquemas de evaluación que contribuyan a la mejora de la educación en México, sin embargo, los vicios que se vienen arrastrando desde hace décadas no se han erradicado y eso impide que el sistema opere con normalidad y también obstaculiza iniciativas de corrección.
Esto es lo que creo que pasa en Michoacán, además de la muy poco clara (turbia también se podría decir) decisión de Silvano Aureoles de retirarse de la federalización y pasar la papa caliente al Gobierno federal, ahora sí que sin decir, agua va.
Desde el 14 de enero el bloqueo ferroviario no se ha retirado del todo a pesar de que ya se cumplió con las demandas de los profesores michoacanos. Lo que se teme ahora es que quienes mantienen obstruidas las vías del ferrocarril ni siquiera sean integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización que nació, precisamente, de la misma corrupción y falta de transparencia del Sindicato (SNTE).
Este asunto, gravísimo para la economía nacional (las pérdidas se estiman en mil millones de pesos diarios), ha abierto dos frentes inéditos hasta donde sé, que es importante no perder de vista dada la novedad precisamente, sobre todo la queja que interpuso el Gobierno de la República contra quien resulte responsable del bloqueo, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el otro asunto es la demanda de la Kansas City Southern de México contra la CNTE) para saber qué hacer en estos casos.
Por lo general, y lo sabemos, las entidades defensoras de derechos humanos atienden quejas de la ciudadanía contra servidores públicos que no hacen su trabajo o lo hacen mal o abusan escudados en su autoridad, no obstante y hasta donde me alcanza la memoria, desde que las comisiones de derechos humanos operan en México no había sabido que fuera el mismo gobierno el que recurriera, en este caso, a la CNDH.
Después de casi un mes de bloqueo, de que se han destinado miles de millones de pesos para “atender” las demandas de los profesores (pago de bonos y más bonos que se les deben desde hace por lo menos diez años), de pérdidas multimillonarias, 387 trenes afectados, 3.3 millones de toneladas de mercancía inmovilizada, de sanciones, pérdida de contratos y otros problemas asociados, un grupo de docentes mantiene la obstrucción y todo parece indicar que efectivamente las intenciones son otras, las que ya se veían venir desde que Aureoles retiró al Estado del pacto con la Federación en materia educativa y las que se pueden deducir de que sea hasta ahora que se exija el pago cuando la deuda se arrastra desde hace tanto tiempo. A esta sospecha se suma por supuesto, el conocimiento de que ya se les pagaron los bonos que les debían y el bloqueo se mantiene ¿por qué o qué? El argumento ahora es, justamente, la demanda de la KCSM contra la CNTE. Las personas que están bloqueando las vías férreas, con niveles de afectación estratosféricos, están total y absolutamente fuera de orden y es claro el propósito desestabilizador. No encuentro otra razón cuando se les convoca a dialogar y expresamente se manifiesta que no habrá represión.
Sí espero que la CNDH recomiende puntualmente qué se debe hacer para que termine este conflicto y también para confirmar que se dispone de un mecanismo más, uno que estaba pero no se había usado de esta manera, para que las cosas caminen y se compongan en México, de raíz.
Puede ser que esta iniciativa funcione entre órdenes y niveles de gobierno como un recurso (antes impensable dados los intereses creados, los valores entendidos y las complicidades en la burocracia mexicana) para reducir abusos de autoridad y para atajar el uso de recursos públicos, económicos y humanos, con fines políticos y de grupo. Vamos a ver. Por lo pronto, estos “profesores”, repito, los que bloquean las vías del tren en Michoacán, están fuera de orden y su causa es indefendible, de hecho, no hay causa como tal.

Columna publicada en El Informador el sábado 9 de febrero de 2019.

sábado, 2 de febrero de 2019

Bloqueo ferroviario: foco rojo


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Luego de las negociaciones de ayer con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección 18 de Michoacán, no se logró el retiro del bloqueo en las vías del tren que desde el 14 de enero pasado mantiene esa organización sindical en el tramo Lázaro Cárdenas-Maravatío. Las pérdidas son cuantiosas en verdad y las consecuencias en los estados vecinos gravísimas. Particularmente Jalisco que resulta afectado en dos sentidos: es un duro golpe al sector exportador y dificulta el abasto de gasolina y diésel.
Es un asunto complejo que deja en evidencia una vez más el desastre que es el sistema educativo nacional convertido en un verdadero engendro desde hace décadas alimentado administración tras administración con medidas perversas y paliativas, mal gestionadas y peor ejecutadas, siempre en contubernio con el sindicato. Y cosas peores.
Las quejas de los maestros en Michoacán son porque se les debe dinero desde hace más de diez años resultado de la irresponsabilidad y malos manejos de los gobiernos estatales (ojo), todo esto producto de la famosa, en su momento, federalización. Pues resulta (esto poco se conoce) que el 26 de noviembre del año pasado el Gobierno del Estado que encabeza Silvano Aureoles, por cierto, de viaje en España, decidió retirarse del acuerdo de la federalización y con esto, es el Gobierno federal el responsable de pagar los servicios de educación en Michoacán. Esta acción de Aureoles, al cuarto para las doce, con prácticamente cero margen de maniobra, tiene visos total y absolutamente desestabilizadores y considerando las afectaciones, es egoísta, negligente, mezquina y criminal.
Las pérdidas contabilizadas hasta el 23 de enero pasado sumaban siete mil 500 millones de pesos. Son más de 150 trenes parados, ocho mil 200 contenedores y aproximadamente millón y medio de toneladas de diversas mercancías detenidas. Los sectores más afectados son el agroalimentario (Jalisco es — ¿era?— el gigante agroalimentario de México) y el automotriz con pérdidas diarias por ¡200 millones de pesos! Cantidad que significa 20 % de todas las afectaciones que tiene el sector privado en el país según explicó el jueves Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce.
Aun cuando el problema del desabasto de gasolina se lleva prácticamente todos los reflectores, el asunto de Michoacán (que además contribuye a empeorar la situación de disponibilidad de combustibles para Jalisco y el propio Michoacán) debería ser considerado de seguridad nacional y creo que no se le ha dado la importancia que merece ni se ha dimensionado (menos) en su justa medida. El bloqueo empieza ya a tener repercusiones que afectan el comercio internacional y hay empresas que están por perder contratos por incumplimiento en pagos o entregas. Es grave. Hay cientos de empleos en riesgo.
El delegado federal en Michoacán, Roberto Pantoja, en entrevista radiofónica, no muy convencido por cierto (Carmen Aristegui le repitió dos o tres veces la pregunta), dijo que en las próximas horas se estaría levantando el bloqueo mientras se sentaban a negociar todos los involucrados el próximo martes. Hasta ahora no ha sido así, con todo y que entre las medidas del Gobierno federal se adelantaron 200 millones de pesos al de Michoacán, producto de participaciones federales, para que haga frente a parte del adeudo con los maestros.
Esta acción tiene como propósito pagar a los docentes la primera quincena de enero pero la misma CNTE advirtió ayer que eso no era suficiente para reanudar las clases y suspender  las protestas entre las que se incluyen el bloqueo y plantones en la ciudad de Morelia. La deuda de años a los profesores se ha estimado en siete mil millones de pesos y lo que exigen es el pago de salarios atrasados, el reembolso del Impuesto Sobre la Renta de los aguinaldos de 2017 y 2018 y, aparte, plazas para los normalistas egresados en los últimos cuatro años. No sobra decir que es evidente que la mal llamada reforma educativa de Peña, no sirvió de nada y este conflicto tan grave es una prueba de ello, porque además estoy segura que hay otras intenciones detrás, desde la medida del 26 de noviembre de salirse de una acuerdo federal y añejo. Urgen acciones inmediatas y contundentes.

Columna publicada en El Informador el sábado 26 de enero de 2019.

Crónica sincrónica

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