Derechos humanos

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

En medio de un contexto verdaderamente complicado, como si el proceso no lo fuera por sí mismo, el tema que domina la escena pública en Jalisco en estos días es el relativo al nombramiento del próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. El asunto es polémico por varias razones pero sobre todo por los altos niveles de politización de que hacen gala todos los actores directamente involucrados. Es un sector de la población, activista, con conciencia social, que no se queda callado, que denuncia y expone y que, en pocas palabras, hace valer sus derechos.

Quienes participan como aspirantes a ocupar el cargo o como impulsores de los candidatos no sólo están perfectamente enterados de una materia compleja que requiere constante actualización sino que además casi todos pueden dar testimonio de lo que se ha hecho y los que no en la defensa de los derechos humanos en Jalisco y de cómo han sido los anteriores procesos para la renovación del ombudsman en el Estado.

Lamentablemente, como en otros organismos considerados ciudadanos o ciudadanizados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), sujeta a los vaivenes partidistas, de ser una institución de la que podíamos sentirnos orgullosos por el componente de vanguardia y ejemplo en el concierto nacional (como en su momento fueron el ITEI y el propio Consejo electoral de Jalisco hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco) pasó a convertirse en una entidad secuestrada por cuotas e intereses de partidos políticos.

Fotografía: El Informador.

¿Habrá manera de mantener a salvo el proceso vigente de manera que quien resulte electo verdaderamente defienda los derechos humanos en Jalisco? ¿Será posible que quien llegue no responda a intereses de partido ni actúe siguiendo tendencias? ¿Será posible que el o la elegida trabaje de tal manera que el avance en la defensa de los derechos humanos sea una realidad medible y evaluable? ¿Que no nade de muertito mientras se alimenta generosamente de nuestros impuestos? ¿Podría alguien de los decisores ofrecer garantías a los ciudadanos de que la selección estará apegada a derecho, de que efectivamente se buscará y elegirá al mejor o a la mejor de entre todos los aspirantes? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para que esto suceda, para que el proceso no se vicie como el anterior y para que no pasemos otros cinco o diez años como si en Jalisco no existiera la figura defensora de los derechos humanos?

Académicos de varias universidades, tanto de la Universidad de Guadalajara como de varias de las privadas; y activistas defensores de derechos humanos especializados en distintas áreas han estado al pendiente del proceso, han opinado e impulsado ¿serán escuchados?

El tiempo es el perfecto para aprender de lo que ha sucedido en el pasado y, sobre todo, es una oportunidad para que la clase política se reivindique por lo menos en esta materia que es fundamental para la armonía y cohesión del tejido social tan violentado y maltrecho; una materia a la que se le dio importancia al principio (porque era tendencia) pero cuando los resultados implicaban el cuestionamiento severo y la exposición pública de los malos funcionarios públicos, motivaron que los mismos políticos que crearon la institución, la atacaran y debilitaran mediante la perversión de la estructura.

Esto tiene que cambiar. Y si bien todos hemos padecido la ausencia de una defensa real, profunda y auténtica de los derechos humanos en Jalisco, los activistas, los que tienen pruebas y registros, los que en muchos casos han sido víctimas del propio sistema, los que a pesar de amenazas han alzado la voz y se han manifestado en la lucha por defender los derechos de los más vulnerables, los que son los expertos, son los más indicados para vigilar que el proceso no sea infiltrado, ni alterado, ni pervertido, ni manipulado; y el juez por su casa empieza.

Estamos a unos días de que haya definiciones y los cuestionamientos contra el proceso, contra algunos de los aspirantes así como señalamientos de diversos conflictos de intereses, están a la orden del día.

Esta decisión reclama un cuidado extremo, una vigilancia puntual y una gran responsabilidad de todos los actores. Es difícil, pero debemos confiar en que, ahora sí, gracias a la presión de los activistas, Jalisco tendrá otra vez, después de 10 años, un auténtico, honesto, valiente e independiente defensor o defensora de los derechos humanos. No sólo es necesario, es urgente.

Columna publicada en El Informador el sábado 22 de julio de 2017.

Todo lo echan a perder

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Hace no muchos años, una clase política todavía preocupada por las manifestaciones ciudadanas y lo que se conoce como opinión pública (así como de organismos internacionales), trabajó en la construcción de instituciones cuya operación era indicador de que México avanzaba firme hacia la consolidación de su naciente y vulnerable democracia.

Más o menos desde 1988 se empezaron a gestar cambios de fondo y sucesivas reformas dieron origen, por ejemplo, a un nuevo Instituto Federal Electoral primero, con la participación de ciudadanos en la integración de las mesas de casilla y, más tarde, con la separación del organismo del Ejecutivo federal y la designación de consejeros ciudadanos. Se sentía el “viento del cambio”. Antes, en 1990 empezó a operar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y empezaron a surgir a lo largo y ancho del territorio nacional, sus equivalentes en los estados.

Como que todo empezaba a pintar muy bien y en el ínter, México se aprestaba a ingresar en el primer mundo. Grandes expectativas.

Crisis sociales, políticas y económicas propiciaron otras reformas que generaron más seguridad y nos hicieron abrigar esperanzas con respecto a un mejor funcionamiento de los tres Poderes de la Federación, de la misma organización de las elecciones o del Banco de México desde su autonomía. Y bueno, el tan anhelado fin del PRI-Gobierno (más que la alternancia) llegó en el año 2000 y con él, pensábamos, queríamos creer, un paso decidido y prácticamente sin obstáculos hacia estadios superiores de desarrollo.

Luego surgieron los institutos de transparencia y procuradurías ciudadanas con diferentes enfoques: social, desarrollo urbano, medio ambiente… Y por si fuera poco, una vez inmersos en la globalización, el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos internacionales, México tenía que adherirse a disposiciones, sobre todo, en materia de derechos humanos y ambientales.

La verdad es que íbamos muy bien. Pero de pronto, quizá al darse cuenta de que no les convenía esta apertura que en su momento los llevó a levantarse el cuello y presumir entre propios y extraños nuestros avances y que dizque estábamos a la vanguardia, la clase política, vía los partidos políticos y sus representantes en los legislativos y ejecutivos federal y estatales, empezaron a ejercer influencias, a manipular y manosear procesos que debían mantenerse a salvo de su intervención y todo lo echaron a perder, pero todo.

No hay una institución de estas que he citado que no sea cuestionada severamente y que de manera estrepitosa haya perdido la confianza y la credibilidad, en su momento, muy buen ganadas. Y el ejemplo más claro, hoy por hoy, es el IFE. Empezó ayer el proceso electoral y resulta que el consejo general está incompleto, porque no se pusieron de acuerdo en sus cuotas e intereses los representantes de los partidos políticos.

No veo cómo podamos recuperar estas nuestras instituciones que estaban diseñadas para darnos certeza y fortalecer el Estado de Derecho. Los políticos lo echan todo, todo a perder.

Columna publicada en El Informador el sábado 8 de octubre de 2011.

Pérdidas

LAURA CASTRO GOLARTE

Una vez más, la clase política se distinguió por su falta de atención a las voces ciudadanas y en el proceso de elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se optó mayoritariamente por quien garantiza continuidad: Raúl Plascencia, integrante del grupo de José Luis Soberanes y ombudsman anteriores como Jorge Carpizo, casi todos emanados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Jorge Enrique Rocha, responsable del Programa por los Derechos Humanos y la Paz del ITESO, estimó que con esta decisión en el Senado de la República --que en realidad no implicó mayores conflictos entre las fuerzas políticas-- el estado de cosas en materia de defensa y cultura de los derechos humanos en México se mantiene igual y no es precisamente lo mejor, en otras palabras, son malas noticias en esa materia que se suman a otras que tienen que ver también con la pérdida de instituciones que deberían ser ciudadanas y autónomas, más allá del membrete.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente no se trata de una pérdida, porque el organismo, casi desde su fundación, no ha operado como debiera y hay decenas de asuntos resueltos de manera insuficiente e insatisfactoria, además de los que ni siquiera se han atendido.
Sin embargo, con este hecho se incrementa la lista de organismos e instituciones que a nivel nacional y en muchos estados, han sido debilitados por la operación de la clase política. Los ejemplos son claros.
El Instituto Federal Electoral es un botón de muestra, una institución que gozaba de los más altos niveles de credibilidad entre la sociedad después de su actuación en los procesos electorales 1997-2000. El grupo de consejeros encabezado por José Woldenberg, (independientemente de lo que hacen ahora, muchos de ellos militantes activos de partidos políticos), hizo historia. Y recuerdo una vez más lo dicho por Woldenberg cuando todavía era presidente del IFE: “La confianza hay que construirla todos los días, no se gana de una vez y para siempre”. Pues bien, después de esa época de oro, el organismo ha ido perdiendo credibilidad y confianza por la actuación de varios consejeros pero también por las reformas urdidas por los partidos políticos.
Es decir, a nivel nacional prácticamente no contamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni con el IFE. Hasta ahora, y es preciso anotarlo, podemos decir que sí disponemos de un buen Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI.
En el terreno estatal, la operación de la clase política también ha sido clara y en muchos casos burda. Si bien algunos consejeros ciudadanos no han sido sometidos a prueba, la forma en que fueron electos deja mucho que desear y, de entrada, han llegado con escasos márgenes de credibilidad y confianza. Aquí los ejemplos son el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, el ITEI.
La creación de estos organismos que en su momento ubicaron a nuestro país en posiciones de vanguardia a nivel internacional y de reconocimiento por propios y extraños, hoy en día es un asunto lamentable que preocupa también dentro y fuera de nuestras fronteras.
Y la sociedad civil, a título individual y de manera organizada, que ha hecho varios intentos por recuperar a sus instituciones, hasta el momento no ha tenido éxito. Ojalá que no quite el dedo del renglón porque las pérdidas, creo, no son irreparables.

Artículo publicado en El Informador el sábado 7 de noviembre de 2009.