LAURA CASTRO GOLARTE
La semana pasada ponderé la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenar la liberación inmediata de 20 de 57 campesinos presos por la matanza de Acteal ocurrida en diciembre de 1997.
Y señalé que con el fallo de la Corte quedaba demostrada la inocencia de por lo menos 20 de los indígenas encarcelados (de los 57 presos, 26 se ampararon ante la SCJN y de ellos, 20 fueron excarcelados; a los otros seis se les repondrá el proceso para que se dicte una nueva sentencia porque la Corte no encontró ilegalidad en las pruebas).
Pues bien, a raíz de que se votó y difundió la resolución, las reacciones han sido diversas y expertos concluyen que si bien es correcta la participación de la SCJN y su fallo porque efectivamente el proceso estuvo plagado de irregularidades, eso no garantiza que los acusados sean inocentes.
Es importante hacer esta precisión. El máximo órgano jurisdiccional en el país sentó un precedente con su decisión del pasado 12 de agosto y es correcta, insisto, pero como señalara en entrevista el académico del ITESO, experto en Derechos Humanos, Jorge Rocha, se abre la puerta a la impunidad considerando que las irregularidades y deficiencias en el sistema judicial mexicano son evidentes y cotidianas, según lo resuelto también por la Corte.
Es un tema que amerita reflexión y estudio. El sábado pasado preguntaba aquí cuántos casos como el de Acteal hay en nuestro país en cuanto a la corrupción y las deficiencias en el proceso de los acusados y, en función de ello, cuántos inocentes en las cárceles… Y así es, sólo que, como en el caso de Acteal, queda la duda de si realmente lo son.
En este contexto es fundamental que avancen las reformas en la materia, que se den a conocer amplia y detalladamente, que se sometan a discusión y análisis por parte de expertos y académicos y que sirvan para aprender lecciones y corregir de manera que se avance en la depuración del sistema judicial en nuestro país.
La historia no termina aquí. Sobrevivientes de la matanza temen que se recrudezca la violencia y, del otro lado, hay quienes también creen que los deudos de los indígenas asesinados en 1997 intentarán hacer justicia con su propia mano.
En previsión de un posible conflicto –y violento— por la resolución de la Corte, los excarcelados no regresarán a Chenalhó y hay ya varias instancias que, por un lado, trabajan en la búsqueda de la conciliación y la paz y, por otro, en la reposición del proceso, por supuesto, sin irregularidades.
Artículo publicado en El Informador el 15 de agosto de 2009.
La semana pasada ponderé la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenar la liberación inmediata de 20 de 57 campesinos presos por la matanza de Acteal ocurrida en diciembre de 1997.
Y señalé que con el fallo de la Corte quedaba demostrada la inocencia de por lo menos 20 de los indígenas encarcelados (de los 57 presos, 26 se ampararon ante la SCJN y de ellos, 20 fueron excarcelados; a los otros seis se les repondrá el proceso para que se dicte una nueva sentencia porque la Corte no encontró ilegalidad en las pruebas).
Pues bien, a raíz de que se votó y difundió la resolución, las reacciones han sido diversas y expertos concluyen que si bien es correcta la participación de la SCJN y su fallo porque efectivamente el proceso estuvo plagado de irregularidades, eso no garantiza que los acusados sean inocentes.
Es importante hacer esta precisión. El máximo órgano jurisdiccional en el país sentó un precedente con su decisión del pasado 12 de agosto y es correcta, insisto, pero como señalara en entrevista el académico del ITESO, experto en Derechos Humanos, Jorge Rocha, se abre la puerta a la impunidad considerando que las irregularidades y deficiencias en el sistema judicial mexicano son evidentes y cotidianas, según lo resuelto también por la Corte.
Es un tema que amerita reflexión y estudio. El sábado pasado preguntaba aquí cuántos casos como el de Acteal hay en nuestro país en cuanto a la corrupción y las deficiencias en el proceso de los acusados y, en función de ello, cuántos inocentes en las cárceles… Y así es, sólo que, como en el caso de Acteal, queda la duda de si realmente lo son.
En este contexto es fundamental que avancen las reformas en la materia, que se den a conocer amplia y detalladamente, que se sometan a discusión y análisis por parte de expertos y académicos y que sirvan para aprender lecciones y corregir de manera que se avance en la depuración del sistema judicial en nuestro país.
La historia no termina aquí. Sobrevivientes de la matanza temen que se recrudezca la violencia y, del otro lado, hay quienes también creen que los deudos de los indígenas asesinados en 1997 intentarán hacer justicia con su propia mano.
En previsión de un posible conflicto –y violento— por la resolución de la Corte, los excarcelados no regresarán a Chenalhó y hay ya varias instancias que, por un lado, trabajan en la búsqueda de la conciliación y la paz y, por otro, en la reposición del proceso, por supuesto, sin irregularidades.
Artículo publicado en El Informador el 15 de agosto de 2009.
