lunes, 19 de octubre de 2009

Obligación

LAURA CASTRO GOLARTE

Más allá de si la decisión presidencial de extinguir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro tiene como propósito el reposicionamiento político de Felipe Calderón, lo cual no suena extraño ni descabellado en un país como el nuestro y con un contexto de crisis y descomposición de varios aspectos de la vida nacional, estoy convencida de que medidas de esta naturaleza son las que nos van a llevar a trascender la situación que prevalece ahora rumbo a mejores condiciones de vida.
Debo reconocer que del mensaje presidencial en el marco del Informe de Gobierno, a esta determinación, hay un punto de congruencia que debe ser la línea a seguir de manera permanente y constante no sólo para Felipe Calderón en lo que resta de su administración, sino de los gobernantes de todos los órdenes y niveles; de los que están en ejercicio y de los que pronto y en el futuro rendirán protesta y jurarán cumplir y hacer cumplir nuestras leyes.
Después de la difusión del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, las reacciones han sido abundantes y diversas, pero sí me llama la atención, de parte de algunos sectores sobre todo de la sociedad civil, el que se critique la medida cuando en otros tiempos se ha cuestionado y señalado severamente la tolerancia de los gobernantes, desde hace décadas, con respecto a sindicatos y líderes. Y después de las quejas por la ineficiencia y los privilegios de la burocracia que sólo genera costos, más costos, y pérdidas a los contribuyentes.
El Contrato Colectivo de Trabajo de la compañía en proceso de extinción, añejo por lo demás, incluye aún verdaderas joyas de los abusos perpetrados por los líderes sobreprotectores de sus representados, aquí sólo tres ejemplos: horas extras que se empezaban a cobrar después de media hora de trabajo regular; permisos anuales de hasta 10 meses con goce de sueldo y el conocido por todos de que los empleados no pagaban un centavo por el servicio de luz.
Luz y Fuerza del Centro no es el único caso y lo sabemos. El Presidente Felipe Calderón está obligado a continuar con estas medidas y acabar con las fugas de recursos públicos, de nuestros impuestos pues, que por miles de millones de pesos desde hace años han enriquecido a líderes y sobreprotegido a burócratas.
Y después de reparar el daño deberá rendir cuentas con respecto al manejo del dinero que de alguna manera se espera recuperar, por la extinción de la compañía y porque la CFE, por lo pronto, también está obligada a administrar de manera ejemplar la responsabilidad heredada.

Artículo publicado en El Informador el sábado 17 de octubre de 2009.