Ciudad adentro
LAURA CASTRO GOLARTE
La próxima semana estará en México Hillary Clinton, secretaria de Estado de la Unión Americana, para revisar la Iniciativa Mérida, esa estrategia bilateral de cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en ambas naciones.
Por supuesto que necesita revisión porque hasta ahora (de lo que ha trascendido) todo se reduce a la polémica que protagonizan los legisladores estadounidenses cada vez que se trata de destinar o recortarle recursos al plan.
Desde que entró en operación (30 de junio de 2008) y de hecho antes, en cuanto se anunció, voces de la académica, del análisis profesional y de la defensa de los derechos humanos advirtieron que sólo era un paso más de la política intervencionista del vecino país del Norte.
Estos mismos temores han resurgido ahora después del asesinato de tres empleados del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez el fin de semana pasado, tanto por las declaraciones de funcionarios estadounidenses como por las de los mexicanos.
En el primer caso se retoma el calificativo de “estado fallido” para México, se habla de prolongar la estrategia, originalmente diseñada para su implementación en tres años; se afirma en el seno de la Cámara de Representantes que “el reto contra la violencia en México y el fortalecimiento institucional podría demorar de ocho a 10 años”; y la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sostiene que la operación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico no ha ayudado a detener la ola de violencia en nuestro país cuando antes había sido celebrada por otros personajes de la política estadounidense.
De este lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la canciller Patricia Espinoza reprueban las afirmaciones de Napolitano y arremeten una vez más contra el tráfico de armas y el consumo de enervantes entre los estadounidenses.
Me parece que están, de ambos lados de la frontera, caminando en círculos. Discursos y señalamientos repetidos y en muchos casos confusos y contradictorios mientras la relación de ejecuciones y enfrentamientos sigue abultando las estadísticas y deteriorando la percepción ciudadana con respecto a la inseguridad.
Hasta ahora, las posturas dizque firmes, enérgicas y duras de los funcionarios mexicanos no han servido para nada; la verdad es que allende el Río Bravo ni a calor les llega.
Yo no sé si los temores de que Estados Unidos intervenga en México con el pretexto del narcotráfico sean fundados o no, de cualquier manera, si el Gobierno mexicano da luz verde para que así sea, así será, por más que nos desgarremos las vestiduras.
Vuelvo al punto de la semana pasada: más que reclamos airados al Gobierno estadounidense, urge y en serio, carácter y la exigencia permanente de que la Unión Americana cumpla con su parte, armas y consumo fundamentalmente, más allá, mucho más allá de los dólares.
LAURA CASTRO GOLARTE
La próxima semana estará en México Hillary Clinton, secretaria de Estado de la Unión Americana, para revisar la Iniciativa Mérida, esa estrategia bilateral de cooperación para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en ambas naciones.
Por supuesto que necesita revisión porque hasta ahora (de lo que ha trascendido) todo se reduce a la polémica que protagonizan los legisladores estadounidenses cada vez que se trata de destinar o recortarle recursos al plan.
Desde que entró en operación (30 de junio de 2008) y de hecho antes, en cuanto se anunció, voces de la académica, del análisis profesional y de la defensa de los derechos humanos advirtieron que sólo era un paso más de la política intervencionista del vecino país del Norte.
Estos mismos temores han resurgido ahora después del asesinato de tres empleados del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez el fin de semana pasado, tanto por las declaraciones de funcionarios estadounidenses como por las de los mexicanos.
En el primer caso se retoma el calificativo de “estado fallido” para México, se habla de prolongar la estrategia, originalmente diseñada para su implementación en tres años; se afirma en el seno de la Cámara de Representantes que “el reto contra la violencia en México y el fortalecimiento institucional podría demorar de ocho a 10 años”; y la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, sostiene que la operación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico no ha ayudado a detener la ola de violencia en nuestro país cuando antes había sido celebrada por otros personajes de la política estadounidense.
De este lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y la canciller Patricia Espinoza reprueban las afirmaciones de Napolitano y arremeten una vez más contra el tráfico de armas y el consumo de enervantes entre los estadounidenses.
Me parece que están, de ambos lados de la frontera, caminando en círculos. Discursos y señalamientos repetidos y en muchos casos confusos y contradictorios mientras la relación de ejecuciones y enfrentamientos sigue abultando las estadísticas y deteriorando la percepción ciudadana con respecto a la inseguridad.
Hasta ahora, las posturas dizque firmes, enérgicas y duras de los funcionarios mexicanos no han servido para nada; la verdad es que allende el Río Bravo ni a calor les llega.
Yo no sé si los temores de que Estados Unidos intervenga en México con el pretexto del narcotráfico sean fundados o no, de cualquier manera, si el Gobierno mexicano da luz verde para que así sea, así será, por más que nos desgarremos las vestiduras.
Vuelvo al punto de la semana pasada: más que reclamos airados al Gobierno estadounidense, urge y en serio, carácter y la exigencia permanente de que la Unión Americana cumpla con su parte, armas y consumo fundamentalmente, más allá, mucho más allá de los dólares.
Columna publicada en El Informador el sábado 20 de marzo de 2010.
