Ciudad adentro
Cuarenta y siete,
137,70 mil…
La cuenta de los asesinatos continúa. Los homicidios
relacionados con el crimen organizado, los de periodistas y los de alcaldes.
Otras estadísticas de muertos también aumentan, pero en esta semana mataron, el
lunes, a un reportero sonorense, deportivo; y al alcalde de Santa Ana Maya,
Michoacán.
Apenas el fin de semana pasado, Bordamos por la Paz y
varias asociaciones organizaron un memorial precisamente para tener presente,
para no dejar pasar, para alzar la voz y seguir clamando por justicia por todos
los asesinatos y desapariciones forzadas en nuestro país. Hace ocho días, los
periodistas asesinados cuyos casos no están resueltos o se alega confusión,
accidente, fuego cruzado o mala suerte, eran 136… Hoy son 137.
Alberto Angulo Gerardo viajaba con su familia a un
sepelio en el Estado de Sinaloa; él trabajaba en Hermosillo, Sonora como
cronista deportivo. Según las notas, dos vehículos se le cerraron al auto que
el periodista conducía y abrieron fuego. Sus familiares resultados lesionados
pero él falleció. De inmediato, en un discurso que se ha repetido cada vez que
matan a un periodista (es como si los políticos tuvieran un machote, un guion,
un discurso aprendido de memoria), el gobernador de Sinaloa, Mario López
Valdez, dijo que dio instrucciones para que se destinaran los mejores
investigadores para esclarecer el lamentable homicidio de Angulo Gerardo.
También “adelantó” que había avances en la investigación, aunque no podía dar
detalles pero que se estaba haciendo “todo lo que está en nuestras manos”.
Suena familiar ¿no?
Ciento treinta y siete periodistas asesinados y 47
presidentes municipales asesinados desde 2006.
Ayer aumentó la cifra con el hallazgo de quien fuera
alcalde (y ya en un segundo periodo) de Santa Ana Maya, Michoacán, el Dr.
Ignacio (Ygnacio) López Mendoza. Hacía dos semanas apenas que había concluido
una huelga de hambre de 18 días, afuera del Senado, para solicitar más
recursos. Entonces habló de la urgencia de que el Estado mexicano voltee a ver
a los municipios pequeños: “estamos en crisis financiera... Quiero reivindicar
a más de dos mil municipios con menos de 50 mil habitantes, cuyas capacidades
económicas no son suficientes para dar servicios básicos a la gente”. Pero no
era su única demanda. El mismo presidente municipal había denunciado que además
de la escasez de recursos para la operación del ayuntamiento y la atención de
las necesidades ciudadanas, había que pagar “protección” al crimen organizado:
10 % del presupuesto para cada obra. Y esa situación tampoco los dejaba operar,
el margen de maniobra era prácticamente nulo.
Lo expuso antes de la huelga de hambre y a lo largo de
esos 18 días. Hoy está muerto. Los alcaldes que deciden alzar la voz, a
denunciar, los que se resisten a pagar protección, los que gestionan y trabajan
porque la vida en sus localidades transcurra con armonía y en mejores
condiciones para todos, cada vez más, son asesinados. Y si por las amenazas
acceden a las exigencias, es como si estuvieran muertos en vida.
Una vez más quedan en evidencia las deficiencias del
Estado mexicano. En Michoacán por cierto, el Ejército se ha hecho cargo ya de
tres municipios y expertos en seguridad pública y fenómenos de esta naturaleza,
no dudan en decir que se corre el riesgo inminente de un estallido social en el
Estado vecino.
Esto no puede seguir así, no debe seguir así. Ciento
treinta y siete, 47; 70 mil… la cuenta de los muertos debe parar. Alguien
tendría que actuar y sentar las bases de una convivencia más armónica entre los
mexicanos, por la seguridad y la paz, por el bienestar social y económico
¿quién? Entre las filas de los políticos no encuentro a alguien capaz de
semejante, pero total y absolutamente posible, empresa.
Publicado en El Informador el sábado 9 de noviembre de 2013.
