Ciudad adentro
La aplicación del
término Estado fallido al Estado mexicano ha causado polémica desde que se
utilizó por primera vez durante la administración de Felipe Calderón. Que sí,
qué no y de ahí no salimos, se reduce a posturas encontradas, a la afirmación
sobada de “no comparto tu opinión pero la respeto” y de cualquier manera no pasa nada, no se actúa
en consecuencia.
En gran medida esta
diferencia tiene que con que no hay un acuerdo generalizado en la definición de
Estado fallido. Si nos basamos en los criterios delineados por el Centro de
Estudios Fund for Peace, un Estado fallido es aquel que ha perdido el control
físico del territorio y/o el monopolio en el uso legítimo de la fuerza; el que
mantiene una autoridad cuya legitimidad está “erosionada” para la toma de
decisiones; en el que priva la incapacidad para suministrar servicios básicos y
que no es capaz tampoco para interactuar con otros estados como “miembro pleno
de la comunidad internacional”.
Si tratamos de aplicar
estos cuatro conceptos a México, no pondríamos palomita en todos, pero en esta
otra definición la check list está
completa: Estado fallido es el “que se ha hecho ineficaz al momento de cumplir
las funciones que le han sido asignadas en materia de seguridad, justicia,
transparencia y desarrollo social y económico. El mayor énfasis que se hace a
este respecto es la incapacidad con la que cuenta un Estado para hacer cumplir
las leyes de forma uniforme, manifestándose esta incapacidad en las altas tasas
de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado informal, burocracia
impenetrable, ineficacia judicial, y situaciones en las que la sociedad actúa
de forma independiente ya que el Estado no ha podido realizar sus tareas con
éxito”.
Palomita, palomita,
palomita… Ahora, independientemente de si es Estado fallido o no o de si esta
definición de una fundación guatemalteca tiene reconocimiento internacional o
no, lo que se describe son hechos incuestionables que es preciso atender en
México, pero ya. Quizá una mayoría estemos de acuerdo en esto pero igual no
sirve de nada mientras la autoridad con serios problemas de legitimidad en
nuestro país no haga caso y siga instalada en su mundo perfecto mientras uno exclama
ohlàlà! y el otro oh Gott!
La prueba reciente más
contundente de que la segunda definición aplica es la fuga por segunda vez del
narcotraficante Joaquín Guzmán alías “Chapo”. El Estado mexicano poseedor del
monopolio del uso legítimo de la fuerza, el que debe garantizar la seguridad y
el Estado de derecho, no cumplió. No lo hizo y además ha sido negligente en la
resolución, para empezar, con la actitud displicente de decidir quedarse en
Francia en lugar de atender “la afrenta” personalmente para ya no sentirse
(digo, a lo mejor), tan
“consternado”.
Ahora, con relación a
este asunto del delincuente más buscado, ha pasado una semana y la información
que se ha difundido, los análisis, los videos, los comentarios, las
especulaciones, elucubraciones y demás, no han hecho más que confundirnos a
todos, profundizar y recrudecer las desconfianzas y la credibilidad y cuando
estemos ante la versión verdadera, la auténtica, ante lo que realmente pasó, no
nos daremos cuenta porque dudamos de todo, absolutamente de todo. De esa
seguridad también es responsable el Estado y no está cumpliendo.
Hoy por hoy no tenemos
certeza de nada de nada y mientras eso pasa o no pasa, ya no se sabe, corre
fuerte el rumor de cambios profundos en el sistema de seguridad social, y
cuando el río suena agua lleva… Los dichos siguen siendo sabios; esto, más el
fracaso de la ronda uno en términos petroleros que, a reserva de profundizar en
este tema más adelante, deja en evidencia que la reforma energética, como mucho
se advirtió, es endeble y bofa.
¿Aplica o no la
definición de Estado fallido para México con estos escasos ejemplos? La
segunda, sí, completamente. Urge que la autoridad reconozca la realidad y
actúe, urge, urge, urge.
Columna publicada en El Informador el sábado 18 de julio de 2015.
