LAURA CASTRO GOLARTE
Hasta donde recuerdo, nunca los mexicanos tuvimos la certeza de que en el caso de la matanza de Acteal en Chiapas se hubiera hecho justicia, aun cuando 57 campesinos fueron procesados y encontrados culpables de la muerte de 45 indígenas tzotziles asesinados el 22 de diciembre de 1997.
Organismos no gubernamentales especializados en la defensa de los derechos humanos no han cejado en el empeño de consignar a los verdaderos culpables y para muchos académicos y analistas, los indígenas presos son inocentes.
Han pasado casi 12 años desde la matanza, durante 11 de los cuales 57 campesinos han estado en la cárcel y hasta ahora, después de atraer el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la Procuraduría General de la República, en aquel entonces, aportó pruebas falsas, fabricó testigos y cometió una serie de irregularidades que, por ende, demuestran la inocencia de por lo menos 40 campesinos presos por más de una década.
La información difundida en El Universal esta semana adelanta la resolución de la Suprema Corte que se votará en sesión plenaria el próximo 12 de agosto y que incluye amparar a los campesinos indígenas para que salgan en libertad cuanto antes.
En 1997 el titular de la PGR era Jorge Madrazo Cuéllar y el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
La revelación, que para muchos era un secreto a voces, una verdad omitida, sin lugar a dudas es escandalosa, pero, más allá del impacto de una conclusión así, debe motivar a la reflexión con respecto a las instituciones, de quienes las encabezan hoy en día y, por supuesto, de la sociedad.
Esta noticia abre la puerta a más dudas. En la historia de la PGR ¿cuántos casos similares al de Acteal habrá? Y, en ese contexto: ¿cuántos inocentes en las cárceles? ¿cuánta impunidad? ¿qué niveles de corrupción? ¿negligencia? ¿cuántas familias sin la presencia de los padres injustamente encarcelados? ¿cuántas vidas perdidas? ¿cuánto resentimiento? ¿cuánto coraje? ¿cuánta injusticia?
Jamás los inocentes recuperarán esos once años de su vida, pero la Procuraduría General de la República sí puede y debe garantizar que casos de esta naturaleza no se repetirán. Y tendría que hacerlo con resolución de la Corte o no, pero ante esta realidad, con mayor razón.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de Acteal, las irregularidades encontradas son una clara evidencia de las fallas e ineficiencias en el sistema de justicia de nuestro país. La tarea es urgente, los mexicanos necesitamos instituciones que garanticen a todos los mexicanos, sin distingos de ninguna especie, seguridad y confianza.
Hasta donde recuerdo, nunca los mexicanos tuvimos la certeza de que en el caso de la matanza de Acteal en Chiapas se hubiera hecho justicia, aun cuando 57 campesinos fueron procesados y encontrados culpables de la muerte de 45 indígenas tzotziles asesinados el 22 de diciembre de 1997.
Organismos no gubernamentales especializados en la defensa de los derechos humanos no han cejado en el empeño de consignar a los verdaderos culpables y para muchos académicos y analistas, los indígenas presos son inocentes.
Han pasado casi 12 años desde la matanza, durante 11 de los cuales 57 campesinos han estado en la cárcel y hasta ahora, después de atraer el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la Procuraduría General de la República, en aquel entonces, aportó pruebas falsas, fabricó testigos y cometió una serie de irregularidades que, por ende, demuestran la inocencia de por lo menos 40 campesinos presos por más de una década.
La información difundida en El Universal esta semana adelanta la resolución de la Suprema Corte que se votará en sesión plenaria el próximo 12 de agosto y que incluye amparar a los campesinos indígenas para que salgan en libertad cuanto antes.
En 1997 el titular de la PGR era Jorge Madrazo Cuéllar y el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
La revelación, que para muchos era un secreto a voces, una verdad omitida, sin lugar a dudas es escandalosa, pero, más allá del impacto de una conclusión así, debe motivar a la reflexión con respecto a las instituciones, de quienes las encabezan hoy en día y, por supuesto, de la sociedad.
Esta noticia abre la puerta a más dudas. En la historia de la PGR ¿cuántos casos similares al de Acteal habrá? Y, en ese contexto: ¿cuántos inocentes en las cárceles? ¿cuánta impunidad? ¿qué niveles de corrupción? ¿negligencia? ¿cuántas familias sin la presencia de los padres injustamente encarcelados? ¿cuántas vidas perdidas? ¿cuánto resentimiento? ¿cuánto coraje? ¿cuánta injusticia?
Jamás los inocentes recuperarán esos once años de su vida, pero la Procuraduría General de la República sí puede y debe garantizar que casos de esta naturaleza no se repetirán. Y tendría que hacerlo con resolución de la Corte o no, pero ante esta realidad, con mayor razón.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de Acteal, las irregularidades encontradas son una clara evidencia de las fallas e ineficiencias en el sistema de justicia de nuestro país. La tarea es urgente, los mexicanos necesitamos instituciones que garanticen a todos los mexicanos, sin distingos de ninguna especie, seguridad y confianza.
Artículo publicado en El Informador el sábado 8 de agosto de 2009.
