LAURA CASTRO GOLARTE
Por fin, a pesar de que prácticamente desde antes de que asumiera como gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez fue cuestionado por el nombramiento de Alfonso Gutiérrez Carranza como secretario de Salud, al funcionario le llegó la hora en forma de “renuncia irrevocable”, en medio de la emergencia por el dengue y la influenza humana y por el pésimo manejo de la información con respecto a ambos temas.
Todavía dudo que en el ánimo del Ejecutivo estatal haya pesado la situación en El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y otras poblaciones afectadas por los altísimos y evidentes niveles de contaminación del Río Santiago; este es un asunto que no ha ameritado respuestas de parte del gobierno estatal, a no ser por algunos paliativos.
El caso es que, finalmente, Alfonso Gutiérrez Carranza dejó la Secretaría de Salud, y es fácil pensar que sigue tan campante.
Esta decisión es insuficiente. No basta con que renuncie. En primer lugar debió haberlo hecho desde hace meses y ahora se va sin tener que enfrentar ya la gravedad de la situación sanitaria en Jalisco (otro se encargará) y mucho menos sin rendir cuentas con respecto a lo que no hizo y lo que hizo mal durante su gestión de poco menos de tres años.
Es exactamente lo mismo que pasó en su momento con Claudio Sáinz David, quien estuviera al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano durante la administración de Francisco Ramírez Acuña. El rechazo de la ciudadanía era generalizado y las deficiencias en varias obras públicas evidentes también, no obstante, terminó su gestión sin que nadie, absolutamente nadie lo pudiera llamar a cuentas a pesar de los costos que las obras mal hechas han significado para la sociedad jalisciense.
Estos dos casos dejan claro que, dada la ineficiencia, ineptitud, incapacidad y negligencia (expresiones de la corrupción), que han dejado en evidencia varios mal llamados servidores públicos, urgen mecanismos para fincar responsabilidades.
La mala actuación de funcionarios como Gutiérrez Carranza y Sáinz David significó daños para el Estado de Jalisco y tendrían que repararlos, por lo menos un multa, sin embargo se debería ir más allá: la inhabilitación para desempeñar cargos públicos de por vida y la prohibición para que sean contratados o subcontratados por las administraciones públicas, federal, estatales y municipales.
No se puede generalizar, tomando en cuenta los niveles de cinismo a los que han llegado varios miembros de la clase política, pero estas medidas podrían servir para que otros funcionarios, antes de hacer las cosas mal hechas o no hacerlas, lo pensaran dos veces, es más, que ni siquiera estuviera entre sus alternativas no trabajar bien.
Artículo publicado en El Informador el sábado 3 de octubre de 2009.
Por fin, a pesar de que prácticamente desde antes de que asumiera como gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez fue cuestionado por el nombramiento de Alfonso Gutiérrez Carranza como secretario de Salud, al funcionario le llegó la hora en forma de “renuncia irrevocable”, en medio de la emergencia por el dengue y la influenza humana y por el pésimo manejo de la información con respecto a ambos temas.
Todavía dudo que en el ánimo del Ejecutivo estatal haya pesado la situación en El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y otras poblaciones afectadas por los altísimos y evidentes niveles de contaminación del Río Santiago; este es un asunto que no ha ameritado respuestas de parte del gobierno estatal, a no ser por algunos paliativos.
El caso es que, finalmente, Alfonso Gutiérrez Carranza dejó la Secretaría de Salud, y es fácil pensar que sigue tan campante.
Esta decisión es insuficiente. No basta con que renuncie. En primer lugar debió haberlo hecho desde hace meses y ahora se va sin tener que enfrentar ya la gravedad de la situación sanitaria en Jalisco (otro se encargará) y mucho menos sin rendir cuentas con respecto a lo que no hizo y lo que hizo mal durante su gestión de poco menos de tres años.
Es exactamente lo mismo que pasó en su momento con Claudio Sáinz David, quien estuviera al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano durante la administración de Francisco Ramírez Acuña. El rechazo de la ciudadanía era generalizado y las deficiencias en varias obras públicas evidentes también, no obstante, terminó su gestión sin que nadie, absolutamente nadie lo pudiera llamar a cuentas a pesar de los costos que las obras mal hechas han significado para la sociedad jalisciense.
Estos dos casos dejan claro que, dada la ineficiencia, ineptitud, incapacidad y negligencia (expresiones de la corrupción), que han dejado en evidencia varios mal llamados servidores públicos, urgen mecanismos para fincar responsabilidades.
La mala actuación de funcionarios como Gutiérrez Carranza y Sáinz David significó daños para el Estado de Jalisco y tendrían que repararlos, por lo menos un multa, sin embargo se debería ir más allá: la inhabilitación para desempeñar cargos públicos de por vida y la prohibición para que sean contratados o subcontratados por las administraciones públicas, federal, estatales y municipales.
No se puede generalizar, tomando en cuenta los niveles de cinismo a los que han llegado varios miembros de la clase política, pero estas medidas podrían servir para que otros funcionarios, antes de hacer las cosas mal hechas o no hacerlas, lo pensaran dos veces, es más, que ni siquiera estuviera entre sus alternativas no trabajar bien.
Artículo publicado en El Informador el sábado 3 de octubre de 2009.
