Ciudad Adentro
LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)
Hace no muchos años, una clase política todavía preocupada por las manifestaciones ciudadanas y lo que se conoce como opinión pública (así como de organismos internacionales), trabajó en la construcción de instituciones cuya operación era indicador de que México avanzaba firme hacia la consolidación de su naciente y vulnerable democracia.
Más o menos desde 1988 se empezaron a gestar cambios de fondo y sucesivas reformas dieron origen, por ejemplo, a un nuevo Instituto Federal Electoral primero, con la participación de ciudadanos en la integración de las mesas de casilla y, más tarde, con la separación del organismo del Ejecutivo federal y la designación de consejeros ciudadanos. Se sentía el “viento del cambio”. Antes, en 1990 empezó a operar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y empezaron a surgir a lo largo y ancho del territorio nacional, sus equivalentes en los estados.
Como que todo empezaba a pintar muy bien y en el ínter, México se aprestaba a ingresar en el primer mundo. Grandes expectativas.
Crisis sociales, políticas y económicas propiciaron otras reformas que generaron más seguridad y nos hicieron abrigar esperanzas con respecto a un mejor funcionamiento de los tres Poderes de la Federación, de la misma organización de las elecciones o del Banco de México desde su autonomía. Y bueno, el tan anhelado fin del PRI-Gobierno (más que la alternancia) llegó en el año 2000 y con él, pensábamos, queríamos creer, un paso decidido y prácticamente sin obstáculos hacia estadios superiores de desarrollo.
Luego surgieron los institutos de transparencia y procuradurías ciudadanas con diferentes enfoques: social, desarrollo urbano, medio ambiente… Y por si fuera poco, una vez inmersos en la globalización, el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos internacionales, México tenía que adherirse a disposiciones, sobre todo, en materia de derechos humanos y ambientales.
La verdad es que íbamos muy bien. Pero de pronto, quizá al darse cuenta de que no les convenía esta apertura que en su momento los llevó a levantarse el cuello y presumir entre propios y extraños nuestros avances y que dizque estábamos a la vanguardia, la clase política, vía los partidos políticos y sus representantes en los legislativos y ejecutivos federal y estatales, empezaron a ejercer influencias, a manipular y manosear procesos que debían mantenerse a salvo de su intervención y todo lo echaron a perder, pero todo.
No hay una institución de estas que he citado que no sea cuestionada severamente y que de manera estrepitosa haya perdido la confianza y la credibilidad, en su momento, muy buen ganadas. Y el ejemplo más claro, hoy por hoy, es el IFE. Empezó ayer el proceso electoral y resulta que el consejo general está incompleto, porque no se pusieron de acuerdo en sus cuotas e intereses los representantes de los partidos políticos.
No veo cómo podamos recuperar estas nuestras instituciones que estaban diseñadas para darnos certeza y fortalecer el Estado de Derecho. Los políticos lo echan todo, todo a perder.
Columna publicada en El Informador el sábado 8 de octubre de 2011.
