sábado, 25 de junio de 2016

La IP

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)


Cuando la descomposición del sistema político mexicano llegó a niveles insostenibles, más o menos en las décadas de los años setenta y ochenta; cuando el autoritarismo se ejercía de manera cínica, sin protocolo ni escrúpulos; cuando la guerra sucia, la ola de desapariciones y de secuestros tenían asolado al país y a los mexicanos, desde la sociedad, organizada y no, empezaron a surgir grupos e individuos que de muy diversas formas y con una gran valentía comenzaron a manifestar sus inconformidades y su enojo, exigiendo siempre un México mejor.
Cuando los movimientos estudiantiles fueron criminalmente reprimidos y los académicos e intelectuales brutalmente silenciados, desaparecidos, cooptados o amenazados, empezaron a escucharse voces, fuertes y repetidas, provenientes de un sector que por lo general había actuado en connivencia y contubernio con el gobierno: la iniciativa privada (IP).
No todo el empresariado claro está, específicamente las cúpulas, es decir, los dirigentes de cámaras y organismos como la Coparmex, sindicato patronal; o el CCE, Consejo Coordinador Empresarial que agrupa a presidentes tanto del sector comercial como del industrial.
Muy temprano en mi carrera conocí a representantes de la IP. Me tocaba entrevistarlos y cubrir sus actividades: congresos, conferencias de prensa, exposiciones, sus actividades de aniversario, entregas de premios y demás. Los desayunos de los miércoles en el Club de Industriales con el presidente en turno del CCIJ y con el presidente de cámara que los reporteros de la IP teníamos a bien solicitar. Años noventa, inicios. Independientemente de filiaciones partidistas (para esas alturas había fallecido ya, en circunstancias que aún dejan dudas, uno de los individuos que propició un cambio en muchos sentidos, Manuel J. Clouthier) los empresarios vivían tiempos en los que sus voces eran escuchadas y no sólo llevaban agua a sus molinos (difícil de creer, pero sí, lo hacían) sino que veían por sus trabajadores, casi más que los sindicatos. (Y que no se entienda que alabo al PAN. A mí no me convencen sus “triunfos” electorales después de las malas experiencias que hemos vivido bajo sus gobiernos. El PAN tiene ahora una oportunidad de oro para reivindicarse y enmendarse en serio, pero lo dudo mucho; no hay datos ciertos para creer lo contrario).
La IP criticaba políticas públicas erróneas y dañinas; y proponía medidas para el mejor funcionamiento de las finanzas públicas, para impulsar la productividad, la calidad total, la excelencia, la participación ciudadana; era una clase empresarial comprometida con México y los mexicanos sin descuidar sus legítimos intereses con la idea de que si a ellos les iba bien, a México le iría bien.
Conforme se avanzó en democracia y la alternancia adquirió carta de residencia, las élites empresariales se fueron callando. Si bien en todo este lapso hubo cuestiones que prosperaron gracias a la participación e impulso desde la IP, se dieron, en todo caso, de manera irregular, y las voces claras y fuertes que se escuchaban y se leían por lo menos una vez a la semana, redujeron su intensidad, su contenido y su frecuencia.
Es simbólico podría decir, que en general en los medios de comunicación (sumado a dinámicas y tendencias de diversa índole) prácticamente desapareció la IP como fuente. Esas voces se fueron apagando y sólo quedaban unos cuantos empresarios que a título individual seguían exponiendo lo que consideraban se estaba haciendo mal en términos macroeconómicos, comercio exterior, finanzas y los grandes rubros de la economía nacional: empleo, desempleo, inflación, impuestos y paridad. Como sociedad, perdimos a un sector que, con sus asegunes y matices, había visto por el país, por los mexicanos.
Me parece importante compartir esta evolución que he vivido directamente como periodista porque hoy celebro la reacción de crítica y rechazo de dirigentes empresariales con respecto a Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3) y que fue modificada de tal forma que beneficia (en términos de corrupción y opacidad) a servidores públicos y se enfoca, en un giro verdaderamente perverso (eso no quiere decir que los empresarios no tengan que rendir cuentas cuando de obra pública se trata), en las responsabilidades privadas cuando hay recursos públicos involucrados.
Quiero pensar que este golpe bajo habrá valido la pena si los mexicanos recuperamos a la IP como un sector preocupado por el derrotero de nuestro país y con más posibilidades de ser escuchado. A lo mejor porque sus intereses resultan afectados, claro está, pero no importa porque, después de todo, sus intereses son también los de la clase trabajadora y, en función de ello, los de la nación. Ojalá.

Columna publicada en El Informador el sábado 18 de junio de 2016.


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