Ciudad Adentro
Cuando la
descomposición del sistema político mexicano llegó a niveles insostenibles, más
o menos en las décadas de los años setenta y ochenta; cuando el autoritarismo
se ejercía de manera cínica, sin protocolo ni escrúpulos; cuando la guerra
sucia, la ola de desapariciones y de secuestros tenían asolado al país y a los
mexicanos, desde la sociedad, organizada y no, empezaron a surgir grupos e
individuos que de muy diversas formas y con una gran valentía comenzaron a
manifestar sus inconformidades y su enojo, exigiendo siempre un México mejor.
Cuando los
movimientos estudiantiles fueron criminalmente reprimidos y los académicos e
intelectuales brutalmente silenciados, desaparecidos, cooptados o amenazados,
empezaron a escucharse voces, fuertes y repetidas, provenientes de un sector
que por lo general había actuado en connivencia y contubernio con el gobierno: la
iniciativa privada (IP).
No todo el
empresariado claro está, específicamente las cúpulas, es decir, los dirigentes
de cámaras y organismos como la Coparmex, sindicato patronal; o el CCE, Consejo
Coordinador Empresarial que agrupa a presidentes tanto del sector comercial
como del industrial.
Muy temprano en
mi carrera conocí a representantes de la IP. Me tocaba entrevistarlos y cubrir
sus actividades: congresos, conferencias de prensa, exposiciones, sus
actividades de aniversario, entregas de premios y demás. Los desayunos de los
miércoles en el Club de Industriales con el presidente en turno del CCIJ y con
el presidente de cámara que los reporteros de la IP teníamos a bien solicitar.
Años noventa, inicios. Independientemente de filiaciones partidistas (para esas
alturas había fallecido ya, en circunstancias que aún dejan dudas, uno de los
individuos que propició un cambio en muchos sentidos, Manuel J. Clouthier) los
empresarios vivían tiempos en los que sus voces eran escuchadas y no sólo
llevaban agua a sus molinos (difícil de creer, pero sí, lo hacían) sino que
veían por sus trabajadores, casi más que los sindicatos. (Y que no se entienda
que alabo al PAN. A mí no me convencen sus “triunfos” electorales después de
las malas experiencias que hemos vivido bajo sus gobiernos. El PAN tiene ahora
una oportunidad de oro para reivindicarse y enmendarse en serio, pero lo dudo
mucho; no hay datos ciertos para creer lo contrario).
La IP criticaba
políticas públicas erróneas y dañinas; y proponía medidas para el mejor
funcionamiento de las finanzas públicas, para impulsar la productividad, la
calidad total, la excelencia, la participación ciudadana; era una clase
empresarial comprometida con México y los mexicanos sin descuidar sus legítimos
intereses con la idea de que si a ellos les iba bien, a México le iría bien.
Conforme se
avanzó en democracia y la alternancia adquirió carta de residencia, las élites
empresariales se fueron callando. Si bien en todo este lapso hubo cuestiones
que prosperaron gracias a la participación e impulso desde la IP, se dieron, en
todo caso, de manera irregular, y las voces claras y fuertes que se escuchaban
y se leían por lo menos una vez a la semana, redujeron su intensidad, su
contenido y su frecuencia.
Es simbólico
podría decir, que en general en los medios de comunicación (sumado a dinámicas
y tendencias de diversa índole) prácticamente desapareció la IP como fuente. Esas
voces se fueron apagando y sólo quedaban unos cuantos empresarios que a título
individual seguían exponiendo lo que consideraban se estaba haciendo mal en
términos macroeconómicos, comercio exterior, finanzas y los grandes rubros de
la economía nacional: empleo, desempleo, inflación, impuestos y paridad. Como
sociedad, perdimos a un sector que, con sus asegunes y matices, había visto por
el país, por los mexicanos.
Me parece
importante compartir esta evolución que he vivido directamente como periodista
porque hoy celebro la reacción de crítica y rechazo de dirigentes empresariales
con respecto a Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3) y que
fue modificada de tal forma que beneficia (en términos de corrupción y opacidad)
a servidores públicos y se enfoca, en un giro verdaderamente perverso (eso no
quiere decir que los empresarios no tengan que rendir cuentas cuando de obra
pública se trata), en las responsabilidades privadas cuando hay recursos
públicos involucrados.
Quiero pensar
que este golpe bajo habrá valido la pena si los mexicanos recuperamos a la IP
como un sector preocupado por el derrotero de nuestro país y con más
posibilidades de ser escuchado. A lo mejor porque sus intereses resultan
afectados, claro está, pero no importa porque, después de todo, sus intereses
son también los de la clase trabajadora y, en función de ello, los de la
nación. Ojalá.
Columna publicada en El Informador el sábado 18 de junio de 2016.
