La IP

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Cuando la descomposición del sistema político mexicano llegó a niveles insostenibles, más o menos en las décadas de los años setenta y ochenta; cuando el autoritarismo se ejercía de manera cínica, sin protocolo ni escrúpulos; cuando la guerra sucia, la ola de desapariciones y de secuestros tenían asolado al país y a los mexicanos, desde la sociedad, organizada y no, empezaron a surgir grupos e individuos que de muy diversas formas y con una gran valentía comenzaron a manifestar sus inconformidades y su enojo, exigiendo siempre un México mejor.

Cuando los movimientos estudiantiles fueron criminalmente reprimidos y los académicos e intelectuales brutalmente silenciados, desaparecidos, cooptados o amenazados, empezaron a escucharse voces, fuertes y repetidas, provenientes de un sector que por lo general había actuado en connivencia y contubernio con el gobierno: la iniciativa privada (IP).

No todo el empresariado claro está, específicamente las cúpulas, es decir, los dirigentes de cámaras y organismos como la Coparmex, sindicato patronal; o el CCE, Consejo Coordinador Empresarial que agrupa a presidentes tanto del sector comercial como del industrial.

Muy temprano en mi carrera conocí a representantes de la IP. Me tocaba entrevistarlos y cubrir sus actividades: congresos, conferencias de prensa, exposiciones, sus actividades de aniversario, entregas de premios y demás. Los desayunos de los miércoles en el Club de Industriales con el presidente en turno del CCIJ y con el presidente de cámara que los reporteros de la IP teníamos a bien solicitar. Años noventa, inicios. Independientemente de filiaciones partidistas (para esas alturas había fallecido ya, en circunstancias que aún dejan dudas, uno de los individuos que propició un cambio en muchos sentidos, Manuel J. Clouthier) los empresarios vivían tiempos en los que sus voces eran escuchadas y no sólo llevaban agua a sus molinos (difícil de creer, pero sí, lo hacían) sino que veían por sus trabajadores, casi más que los sindicatos. (Y que no se entienda que alabo al PAN. A mí no me convencen sus “triunfos” electorales después de las malas experiencias que hemos vivido bajo sus gobiernos. El PAN tiene ahora una oportunidad de oro para reivindicarse y enmendarse en serio, pero lo dudo mucho; no hay datos ciertos para creer lo contrario).

La IP criticaba políticas públicas erróneas y dañinas; y proponía medidas para el mejor funcionamiento de las finanzas públicas, para impulsar la productividad, la calidad total, la excelencia, la participación ciudadana; era una clase empresarial comprometida con México y los mexicanos sin descuidar sus legítimos intereses con la idea de que si a ellos les iba bien, a México le iría bien.

Conforme se avanzó en democracia y la alternancia adquirió carta de residencia, las élites empresariales se fueron callando. Si bien en todo este lapso hubo cuestiones que prosperaron gracias a la participación e impulso desde la IP, se dieron, en todo caso, de manera irregular, y las voces claras y fuertes que se escuchaban y se leían por lo menos una vez a la semana, redujeron su intensidad, su contenido y su frecuencia.

Es simbólico podría decir, que en general en los medios de comunicación (sumado a dinámicas y tendencias de diversa índole) prácticamente desapareció la IP como fuente. Esas voces se fueron apagando y sólo quedaban unos cuantos empresarios que a título individual seguían exponiendo lo que consideraban se estaba haciendo mal en términos macroeconómicos, comercio exterior, finanzas y los grandes rubros de la economía nacional: empleo, desempleo, inflación, impuestos y paridad. Como sociedad, perdimos a un sector que, con sus asegunes y matices, había visto por el país, por los mexicanos.

Me parece importante compartir esta evolución que he vivido directamente como periodista porque hoy celebro la reacción de crítica y rechazo de dirigentes empresariales con respecto a Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3) y que fue modificada de tal forma que beneficia (en términos de corrupción y opacidad) a servidores públicos y se enfoca, en un giro verdaderamente perverso (eso no quiere decir que los empresarios no tengan que rendir cuentas cuando de obra pública se trata), en las responsabilidades privadas cuando hay recursos públicos involucrados.

Quiero pensar que este golpe bajo habrá valido la pena si los mexicanos recuperamos a la IP como un sector preocupado por el derrotero de nuestro país y con más posibilidades de ser escuchado. A lo mejor porque sus intereses resultan afectados, claro está, pero no importa porque, después de todo, sus intereses son también los de la clase trabajadora y, en función de ello, los de la nación. Ojalá.

Columna publicada en El Informador el sábado 18 de junio de 2016.

Como siempre

CIUDAD ADENTRO

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Los partidos políticos lo hicieron… una vez más. Dejaron para después, quién sabe para cuándo, la discusión de la reforma política. Los senadores hicieron su tarea, no en niveles de excelencia pero la hicieron, con discursos rimbombantes enviaron el dictamen a la Cámara de Diputados y fue como mandarla al cementerio.

No era profunda ni perfecta, nada para pensar en una auténtica reforma del Estado tan necesaria y urgente, pero era algo, sin embargo, los tiempos electorales pesaron mucho más… como siempre.

Sin embargo, con los cambios aprobados en la Cámara alta por lo menos se daba el aval para la discusión en los estados de la República de la reelección de munícipes y se abrían espacios para la participación ciudadana en lo que se ha dado en llamar “democracia participativa”, una especialidad de la democracia que tiene su origen en la falta de representación social que le corresponde a la clase política.

Sobre el envío al mismo cementerio de las iniciativas de reforma laboral y a la Ley de Seguridad Nacional, pues es algo para celebrar porque ambas incluían disposiciones severamente cuestionadas por la sociedad civil, como, entre otras, la militarización del país y la posibilidad de cancelar garantías individuales de manera discrecional.

Está bien entonces que no se hayan aprobado estas dos últimas, pero igual siguen pendientes reformas, urgentes también, relativas al sistema de seguridad y justicia en México salvo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terreno, mejor conocida como Ley contra el Lavado de Dinero.

Independientemente del contenido de las iniciativas, y de si fue bueno o no posponer su discusión, una vez más somos testigos del modus operandi del Poder Legislativo que no representa a la sociedad, aunque ése sea al mandato constitucional, sino a los partidos políticos que lo tienen tomado para sus intereses. Y también nos confirma la falta de eficacia del Ejecutivo federal en la presentación de iniciativas de ley de diversas materias.

En el caso específico de la reforma política, se presentó con bombos y platillos en diciembre de 2009 y si bien los legisladores avanzaron en su discusión todo ese tiempo (a la velocidad de un caracol), pues de todas maneras no pasó en este periodo ordinario y el proceso electoral para las elecciones de 2012 arrancará en el mes de octubre de este año, es decir, a un mes aproximadamente del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones, cuando además los legisladores ya tendrán encima el paquete económico.

Quién sabe, todavía se podría convocar a un periodo extraordinario pero lo más probable es que se deje así, por tiempo indefinido, porque elecciones hay siempre en todo el país y para los partidos, todas son importantes, todas son termómetro y significan invariablemente, la posibilidad de recuperar o acumular poder… como siempre. La pregunta es ¿hasta cuándo tolerará esto la sociedad mexicana?

Artículo publicado en El Informador el sábado 30 de abril de 2011.

Generación Ni-Ni

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Se habla de ellos desde hace tiempo, sin embargo, es hasta últimas fechas que la información sobre la Generación Ni-Ni ha abundado con datos que deberían ser un golpe para el Estado mexicano y para la sociedad. Un golpe para despertar, para darnos cuenta de lo que no estamos haciendo por los jóvenes.
Con base en datos del Consejo Nacional de Población, reproducidos después por la Secretaría de Salud, se estima que en nuestro país hay entre siete millones y nueve millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. La diferencia se basa en el grupo de edad que abarca, algunos desde los 14 años y otros desde los 16, hasta 25 y 35 años de edad, es decir, prácticamente 10% de la población total del país como fuerza productiva, talento, juventud, creatividad e ingenio, sin nada qué hacer.
Es bueno que ahora la información sobre esta generación sea cotidiana, estoy convencida de que es la manera como se pueden despertar conciencias y aquí importan las acciones individuales de los padres de familia por sus hijos y, claro está, las políticas públicas (iniciativas del Estado) dirigidas a ese grupo de población.
Sin embargo, a pesar de los datos que incluyen la falta de oportunidades, la cada vez más frecuente incursión de niños y jóvenes en la delincuencia; el rezago educativo y la deserción escolar; las muertes violentas, por el uso de drogas y alcohol y los suicidios; y la escasez de empleos, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, en un hecho verdaderamente inusitado, “desmiente” al rector de la UNAM, José Narro Robles, quien trata de llamar la atención desde todos los foros, sobre la urgencia de atender a los jóvenes en México, pensando además en que estamos dejando ir, como agua entre los dedos, el llamado “bono demográfico”.
Y escribo “desmiente” así, entre comillas, porque resulta que los datos que van de entre siete millones y nueve millones de jóvenes integrantes de la Generación Ni-Ni, son oficiales, es decir, del mismo Poder Ejecutivo al que dice servir el secretario Lujambio, un personaje que cambió radicalmente desde que está al frente de la SEP y contrasta como el cielo y la tierra, con sus gestiones tanto en el Instituto Federal Electoral, como, después, en el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Volvemos a la gravedad de lo que implica simular, intentar tapar el Sol con un dedo, cegarse frente a una realidad que nos aplasta… Así no se resuelven las cosas. Y lo más grave en este caso, es que se trata ¡del funcionario federal responsable de la educación de los jóvenes en el país!
Es urgente que Alonso Lujambio rectifique y actúe y, por supuesto, que su jefe, es decir, el Presidente de la República, lo haga entrar en razón, por lo menos que, para empezar, piense en sus hijos, aun cuando estudien en escuelas privadas.

Columna publicada en El Informador el sábado 28 de agosto de 2010.