Ciudad
Adentro
El
tema es un poco confuso y la cuestión es que cayó de sorpresa para todo mundo
porque, además, no había antecedentes en la memoria de corto plazo de la
mayoría de mexicanos, sobre una reforma local de hace casi seis años que
modificó el periodo de gobierno en Baja California, por única ocasión, para
homologar el proceso electoral local con el federal intermedio. Así, el actual
gobernador cumplirá el sexenio pero quien ganó recientemente las elecciones, Jaime
Bonilla, fungiría como tal por dos años.
No
es la primera vez que se hace algo similar, sucedió también en Guadalajara,
hace ya algunos años, cuando a don Gabriel Covarrubias le tocó ampliar su
periodo por unos meses y de suerte le tocaron todos los festejos por el 450
aniversario de la fundación de la ciudad; un caso contrario es el de
Aristóteles Sandoval cuya gestión fue menor de seis años, también por unos
meses. Es una costumbre, se puede decir así, para emparejar procesos y
seguramente hay más casos, vinculados todos con cambios o reformas electorales.
Sin
embargo, el caso de Baja California ha resultado altamente polémico, supongo,
porque la ampliación que se pretende (ya fue aprobada por el Poder Legislativo
del Estado) es de tres años para un total de cinco, de manera que Bonilla,
actualmente gobernador electo, en lugar de concluir en 2021 de acuerdo con la
reforma de 2014, terminaría su mandato hasta 2014. Y es polémico también por el
partido que postula al gobernador electo, el mismo del Presidente.
Las
reacciones son diversas, pero todas, salvo las de los interesados allá en Baja
California, negativas o contrarias a la decisión del Legislativo de aquella
entidad.
De
entrada, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, reaccionó
de manera fuerte contra esa decisión; asegura que se está rompiendo el Pacto
federal y que hay manera, dijo él, de declarar la ausencia de poderes en aquel
Estado.
La
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que respeta la decisión de Baja
California pero que es inconstitucional y, añadió, sabe que el PRI está
preparando justo la presentación de una acción de inconstitucionalidad para dar
marcha atrás a la reforma ya aprobada el 8 de julio pasado.
De
parte de Bonilla y de quien asumiría a partir de noviembre el puesto de
secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, el Estado libre y soberano de
Baja California tiene facultades para emprender una reforma así y exigen
respeto a la soberanía de la Entidad. Rodríguez dijo aparte que desde 2014 se
impugnó la ley, mucho antes de que hubiera elecciones.
Como
decía, Bonilla fue postulado por Morena, y llama la atención (algo impensable
entre panistas o entre priistas) que legisladores de ese mismo partido, la
dirigente nacional Yeidckol Polevnsky y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano y Tatiana Clouthier han cuestionado severamente lo que está pasando,
particularmente porque se atenta contra el Pacto federal.
Este
asunto dará de qué hablar los próximos días porque el todavía gobernador,
Francisco Vega de Lamadrid, también prepara una controversia, se han anunciado
otros pronunciamientos, así como medidas contra los legisladores que votaron a
favor (el PAN informó que los diputados de su partido que aprobaron la reforma
serán expulsados de Acción Nacional) y el cuestionado, Bonilla Valdez, también
se está preparando para la batalla legal que se aproxima.
Yo
espero que este asunto se vaya por el camino de la ley, más allá de
declaraciones y enardecimiento por la situación, y que sea esa vía la que dé la
razón. Todo indica que sí intervendrá la Suprema Corte y bueno, ya estaremos
ante la resolución y su respectivo acatamiento; tendría que ser antes del 1 de
noviembre, aunque en todo caso la SCJN tendrá hasta dos años o así, para emitir
el dictamen correspondiente.
Es
difícil detener la dinámica de tiempos políticos intensos en nuestro país, son
procesos encaminados, confusos y complicados de contener, sobre todo en un
contexto de polarización política, de extremos, de intolerancia de parte de
todos los bandos, no obstante, en alguien debe caber la cordura, la prudencia
por favor.
Dos
años y se acabó, elecciones otra vez, se emparejan los procesos y aquí no ha
pasado nada. Cuando inició el proceso electoral, aun cuando la ley de 2014 se
había impugnado, se sabía que debía cumplirse la resolución del tiempo de
gestión ¿cuál es el problema? De verdad, no está el horno para bollos y toca
contenerse y acatar.
Columna publicada en El Informador el sábado 20 de julio de 2019.
