Ciudad
Adentro
La
incursión del Gobierno mexicano en instrumentos para la transparencia y la
rendición de cuentas es relativamente reciente y, además, no ha sido del todo
satisfactoria. Lo fue en un principio, sí, cuando pensábamos que las
instituciones se estaban renovando en un franco proceso democratizador que nos
alcanzaba a todos, sin embargo, cuando los gobiernos, el federal, los estatales
y los municipales, de distintos colores, se dieron cuenta de que sí estaban
funcionando, los adulteraron y los echaron a perder, casi en todos los casos.
Tenemos
el caso emblemático del Instituto Federal Electoral, ahora Nacional Electoral,
que en los noventa fue ciudadanizado y por lo menos para las elecciones de 1997
y 2000 funcionó como organizador de los comicios con base en los principios que
lo rigen: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia
(ahora se llama “máxima publicidad”).
Cuando
la clase política y me refiero a toda la clase política, a dirigentes de todos
los partidos políticos con registro entonces, se dieron cuente de que el IFE
funcionaba, se metieron hasta pervertirlo y lograron que la ciudadanización
fuera simplemente de papel; se repartieron por cuotas los espacios en el
Consejo general de la institución, perdió su autonomía y buen parte de su
credibilidad, en uno de los hechos más lamentables de nuestra corta historia
rumbo a la democracia (caminamos hacia allá pero nada más no llegamos… el
horizonte inalcanzable).
Así
como el IFE (ahora INE) se los partidos políticos infiltraron otras
instituciones que estaban consideradas como grandes logros, reitero, en el
concierto nacional y en el de los estados, específicamente Derechos Humanos y
Transparencia. Otros organismos fueron dotas de autonomía como el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, para que los gobiernos no
intervinieran en la manipulación de cifras; y luego el Coneval, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Recuerdo
que cuando se crearon estos organismos se insistía en que eran temporales, que
llegaría el momento en que no fueran necesarios porque se trataba de intervenir
para corregir de fondo y, entonces sí, avanzar. Podíamos imaginar, por ejemplo,
que sería erradicada la tortura y que entidades como el Seguro Social y el
ISSSTE funcionarían como relojitos en beneficio de los derechohabientes; o que
no habría ya quejas contra los maestros porque todo caminaba en términos
correctos, apegados a derecho y sin intentar abusar o pervertir; no se diga el
sistema judicial mexicano, en el caso de Derechos Humanos.
Y
en cuanto a Transparencia las instituciones han sufrido altibajos, funcionan
unas más que otras, pero también la clase política ha metido mano como como
sucedió aquí en Jalisco.
Todos
estos organismos e instituciones se han creado porque los sucesivos gobiernos
no son confiables, por la corrupción que ha campeado, por la manipulación que
acostumbran.
La
verdad, el entramado autoritario que se ha ido tejiendo en nuestro país a lo
largo de décadas, difícilmente se va a destruir en un sexenio.
Nada
más hay que pensar en los cientos de miles de burócratas de todos los órdenes
de gobierno que por diferentes causas no hacen bien su trabajo, ya sea por la
negligencia heredada, porque así lo han hecho siempre, porque son leales al
partido que en principio les dio el puesto, a ellos y a sus familias por
generaciones; sabemos que en la alternancia desde adentro, en diferentes puntos
se boicotea para que los nuevos gobiernos no sean operativos y la ciudadanía
los “castigue” en la siguiente elección.
Dijo
el Presidente Andrés Manuel López Obrador que estos organismos se crearon porque
estaban de moda, pero no es así; se han fundado porque la sociedad mexicana ha
insistido en instrumentos confiables. No estoy de acuerdo con la desaparición
del Coneval, sí con una intervención que dé como resultado una mejor entidad,
transparente, eficiente, sin abusos, con las plazas necesarias para desarrollar
el trabajo y sin excesos.
Hay
que se realistas, no se va a terminar la corrupción de una vez y para siempre,
se trata de una lucha cotidiana y quizá permanente, seis años no son ni serán
suficientes para derrotar a un monstruo de más de 80 años; cuando termine este
sexenio, será necesario que esas instituciones sigan funcionando, renovadas.
Columna publicada en El Informador el sábado 27 de julio de 2019.
