Ciudad Adentro
Hace más de 10 años,
la Comisión Estatal del Agua, cuando Emilio González Márquez era gobernador de
Jalisco, para nuestra desgracia, mandó hacer un estudio a la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí con el propósito de conocer los componentes del
agua del río Santiago, después de la lamentabilísima pérdida del niño Miguel
Ángel López Rocha, quien murió por las altísimas dosis de arsénico que ingirió
al caer al cauce.
Aunque era una
demanda añeja, por lo menos desde los años 70 del siglo pasado, no se atendió
el problema como se requería, se fue dejando pasar, hasta 2008 cuando falleció
Miguel Ángel y se puso un poco más de atención, no muy eficiente que digamos,
aunque el tema sí trascendió de los ámbitos local y nacional.
El estudio se
realizó, pero una vez con los resultados en la mano, se sacaron de la manga una
cláusula de confidencialidad y los datos se ocultaron: 40 % de los niños a los
que se les aplicaron pruebas resultaron con altos niveles de contaminantes en
su organismo: plomo, arsénico, cadmio, mercurio y benceno... veneno puro. Niños
entre seis y 12 años. Esto es criminal.
Además, se encontró
que la mayoría de los niños expuestos a la contaminación del Santiago en
localidades como El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y la colonia Jalisco de
Tonalá, entre otras, todas muy populosas, tenían (¿tienen?) trastornos
emocionales, deficiencias en sus habilidades cognitivas y, por ende, bajo
rendimiento escolar; problemas de la vista y respiratorios y no se diga
diversas dermatitis, sin desdeñar por supuesto, los contenidos de tóxicos en la
sangre. Callar esto es criminal.
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| Río Santiago. Fuente: Desinformémonos. |
La información
finalmente se dio a conocer en los últimos días, gracias a que un ciudadano la
solicitó vía los mecanismos de Transparencia y circula ahora en internet el
documento titulado: “Propuesta metodológica para la implantación de una batería
de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de
diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones
ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano en el
estado de Jalisco” (Estudio).
Los resultados
arrojan una realidad grave que ha empeorado con el paso del tiempo porque desde
el gobierno no se ha hecho mayor cosa. Paliativos, medidas cosméticas y
rimbombantes para aparecer en medios y no tener problemas con los empresarios
que contaminan el río, pero nada de fondo.
Vamos a ver qué hace
Enrique Alfaro. Él se comprometió, desde la campaña, a “arrancar” su
administración con el saneamiento del río Santiago. Hubo anuncios, aunque en
realidad pocos resultados hasta ahora. Me queda claro que no es fácil, pero el
sentido es de urgencia y se requiere la concurrencia de voluntades de todos los
ámbitos con un líder que los convoque: los tres poderes del Gobierno estatal,
el Gobierno federal (toca insistir) y los municipales; los empresarios, por
favor; y la sociedad en su conjunto, más los apoyos que ya se tienen de
organismos internacionales y presiones como la del T-MEC con las exigencias
medioambientales.
Está anunciada una
inversión superior a mil 500 millones de pesos, el involucramiento de todas las
secretarías que tienen que ver con el asunto, desde la parte sanitaria hasta la
ambiental y agrícola, leyes para disponer de los marcos legales necesarios
incluyendo un catálogo de sanciones para quien insista en seguir descargando
sus desechos en las aguas del río.
Urge tomar acciones y
ahora, con el estudio que se acaba de dar a conocer, el Gobierno estatal
dispone de una herramienta que podría implicar ahorros y datos para actuar de
inmediato en ciertos aspectos como la salud de los niños que es prioritaria.
Apenas el primero de
enero se publicó en The New York Times, nada más y nada menos, un
reportaje que desgarra con el puro título: “Un Chernóbil en cámara lenta”
(reportaje). Hay promesas y compromisos planteados, falta
cumplir, urge cumplir, de lo contrario, habrá que repartir entre más
funcionarios, la responsabilidad criminal por las omisiones, las malas
decisiones y todos los daños causados a la población de la zona,
particularmente a los niños.
Columna publicada en El Informador el sábado 1 de febrero de 2020.
Autor: Arquímides Torres.
