Ciudad Adentro
Hace más de 25 años,
cuando me desempeñaba como reportera de la sección Local de esta casa editorial
y cubría la fuente de la Iniciativa Privada, la famosa IP, uno de los temas
recurrentes en la agenda de la Cámara de Comercio era el comercio informal y la
necesidad de combatirlo por la competencia desleal que implica, por los
impuestos que evaden y porque, entre otras razones, no garantiza el respeto a
los derechos laborales, en todo caso, los trabajadores o empleados en ese tipo
de negocios, no tienen ninguna seguridad.
El comercio informal y,
en general, la economía subterránea como también se le conoce, nos afectan a
todos y traigo esto a cuento por la información que se generó esta semana con
datos ya de ejecución y no sólo de planes o proyectos; tiene que ver,
justamente, con ir “limpiando” y poniendo las cosas en orden en bien de todos: me
refiero a las medidas para combatir la subcontratación (conocida más con su
término en inglés outsourcing) ilegal.
Este esquema, que se
empezó a usar hace ya algunos lustros, se introdujo con buenas intenciones, con
el ánimo de ahorrar costos, aumentar la productividad y restar precariedad a
los empleos, sin que se pusiera en tela de duda nunca, el pago de prestaciones
de ley y todo lo que forma parte de los derechos laborales.
Sin embargo, poco a
poco, como sucede en ambientes que propician la corrupción, estas buenas
razones fueron dejadas de lado por muchas empresas e inició la tergiversación y
perversión lenta y sigilosa del uso de los negocios de subcontratación sin que
nadie dijera nada porque, en una valoración equivocada de las cosas, se pensaba
que a todos convenía.
Pues no era así, no
es así, al contrario, se empezó a reproducir un esquema similar al del comercio
informal y entonces las afectaciones eran (son) absolutamente para todos: para
los empresarios que cumplen con todo y hasta de más, para los empleados y para
el sector público por la reducción en los ingresos destinados, sobre todo, a la
seguridad social, las pensiones y la vivienda para los trabajadores.
Las centrales
obreras, como siempre, ausentes de estos procesos, no movieron un dedo para
impedir que la bola de nieve siguiera creciendo y hoy se tienen datos,
recientes, de niveles de evasión fiscal que llegan a 21 mil millones de pesos
anuales por el recurso de estos esquemas ilegales de contratación. Es grave.
En este orden de
ideas me llama poderosamente la atención que organismos empresariales como la
Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, rechace las nuevas
medidas. Sus afiliados, todos en orden apegados a derecho, no se pueden oponer
a un nuevo marco legal que combate a la economía informal, asegura mejores
condiciones para las actividades productivas y el respeto y cumplimiento de los
derechos laborales. En realidad, también se trata de proteger derechos
empresariales. Las cuestiones que reclama la Coparmex, según el reportaje que
se publicó en estas páginas el jueves 16 de enero y que recomiendo ampliamente,
siguen protegidas por la ley... están en la mira las prácticas ilegales,
únicamente. El outsourcing está permitido siempre y cuando se trate de
la subcontratación de un servicio especializado que permita a la empresa
dedicarse a su actividad principal y no distraerse de actividades que no le son
propias. El artículo 15 y sus incisos A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo
regulan esa parte.
En cuanto al Consejo
Coordinador Empresarial, calificó la acción de unilateral, sin embargo, esto se
maneja desde el año pasado, con la participación de instituciones en cuyos
consejos siempre hay un representante de la IP, es el caso de IMSS y del
Infonavit, aparte de que con relación a reformas pendientes en esta misma
materia, se abrirá el mecanismo de Parlamento Abierto que ya aprobó el Senado
de la República, es cuestión de estar atentos, entrar a la página del Senado y
participar. Esto, según se dijo y se garantizó (hasta ahora se ha hecho) más el
diálogo con empresarios, trabajadores, expertos e incluso sindicatos.
La evasión fiscal de
la que se habla (21 mil millones de pesos) resulta del cálculo de lo que no
pagan por lo menos seis mil empresas, que además no son pequeñas, en todo el
país. Están ubicadas por ejercer una “subcontratación abusiva”, evidentemente
fuera de la ley en una práctica que es perseguida, está catalogada ya como
“delincuencia organizada” y puede ser castigada hasta con 20 años de prisión
preventiva.
Hay que cambiar las
perspectivas desde las que tradicionalmente se han abordado estos asuntos. Es
mejor legalidad, transparencia, seguridad para todos, adiós a hacerse de la
vista gorda, es hora de no seguir acumulando secretos a voces.
Columna publicada en El Informador el sábado 18 de enero de 2020.
