Ciudad Adentro
LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)
Jalisco
ocupa el segundo lugar en número de personas desaparecidas en el país, sólo
después del Estado de México. Hace un mes se presentó el “Informe sobre
Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas
Desaparecidas” de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de
Gobernación, y los datos son desalentadores y preocupantes.
En
Jalisco hay 10 mil 237 personas desaparecidas y los municipios que están a la
cabeza de esta estadística son los de la zona metropolitana, es decir,
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, en ese orden, además de
Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tala.
El
informe arroja otro dato importante: de los reportes de personas desaparecidas
desde Jalisco ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO), se han atendido casi 79 % con la apertura de 156 expedientes;
en Jalisco, sólo se han iniciado poco más de 40 investigaciones que representan
apenas 20 %, poco más. Y, terrible en verdad, entre diciembre de 2018 y junio
de 2020 se han localizado en varios puntos del Estado fosas clandestinas de las
que han sido exhumados 487 cuerpos que representan casi 29 % del total
nacional; en esto Jalisco también tiene el primer lugar.
Con estos
datos y en este contexto, de una realidad que es profundamente dolorosa para
quienes la padecen de manera directa y que para el resto de la población es muy
preocupante, era para que Jalisco estuviera a la vanguardia en los marcos
legales que tienen como objetivos y propósitos mejorar las acciones de
búsqueda, aplicar esquemas de coordinación, atención a víctimas, certezas y
seguridad para los familiares con la declaración de ausencia, sistemas
informáticos sólidos y eficientes así como bases de datos y otros mecanismos
sobre todo para emprender las búsquedas de inmediato, factor que hace la
diferencia para hallar a las personas con vida.
Desde
2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas y entró en vigor el 16 de enero de 2018. A partir de ese momento, los
estados de la República disponían de 180 días “para armonizar sus leyes y
generar condiciones jurídicas para que la Ley General se cumpla”, según el
recuento de los mil días que han pasado desde el 17 de noviembre del 17, que
hizo y compartió en redes el colectivo integrado por familiares y especialistas
de universidades como el ITESO, a través de su Centro Universitario por la
Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., titulado “Crónica de un proceso
equívoco” (ver en @DhITESO en Twitter Crónica de un proceso equívoco). Pero en Jalisco, además de que pasó el
periodo sin que se hiciera algo, en estos momentos se están tratando de aprobar
al vapor y haciendo a un lado a los familiares y expertos, las tres iniciativas
de ley que envió Enrique Alfaro en octubre del año pasado.
A pesar
de promesas de coordinación, diálogo y revisión conjunta, y del trabajo que
realizaron los colectivos y los especialistas que incluyen la entrega —desde
abril— de observaciones a las tres iniciativas turnadas a la Comisión de
Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, que preside Jorge González
Arana, el Legislativo sigue ignorando a los colectivos y no sólo eso, el
diputado González cuestionó la participación del ITESO y convoca a unas mesas
técnicas para observaciones (eso ya se hizo) a unas organizaciones y a otras
no, en un franco intento de dividir y excluir y, sin duda alguna, de pasar las
leyes sin incluir a las familias ni las observaciones entregadas hace cuatro
meses y que son muy importantes para lograr, como los colectivos dicen, “una
ley que sirva” y no un marco “infértil” si se deja de lado la experiencia de
quienes pasan o han pasado por estas circunstancias tan fuertes y dolorosas.
Independientemente
de que la ONU reconoce y recomienda la participación de universidades en estos
procesos, el ITESO específicamente, es una institución que se ha distinguido
por trabajar con profesionalismo y profunda conciencia social, en esta y otras
causas que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos. Cualquier
trabajo con esta orientación es para agradecer y reconocer ¿cómo es posible que
el diputado González lo critique? El mundo al revés con esta gente. Todo el
trabajo de acompañamiento y las propuestas tienen el propósito de aportar para
enriquecer el marco legal en esta materia ¿por qué el desdén? ¿Por qué la
negligencia y la falta de respuestas? Es incomprensible.
La
participación de familiares, especialistas y de los funcionarios a quienes
corresponderá aplicar las leyes es fundamental antes de que se aprueben. Como
están, presentan deficiencias graves. Los colectivos dicen: “algunos artículos
no responden a las particularidades de Jalisco, obstaculizan la búsqueda
inmediata, participación y rendición de cuentas; contradicen a la Constitución Mexicana
y podrían hacer difícil o imposible el cumplimiento de la ley”.
En los
mil días que han pasado, han desaparecido en Jalisco cuatro mil 200 personas. La
Comisión legislativa está a tiempo de rectificar y el Congreso en pleno.
#SinLasFamiliasNo.
Columna publicada en El Informador el sábado 15 de agosto de 2020.
