Que nadie se salve

Ciudad Adentro

 

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

 

Desde hace décadas, pero particularmente desde la gestión de José López Portillo (1976-1982), los niveles de corrupción en el gobierno, todos sus órdenes y en todos sus estratos, han ido en constante aumento. Quizá algunos altibajos por aquí y por allá, tal vez intentos de emprender una “renovación moral”, pero nada contundente que parara la red de corrupción (tráfico de influencias, privilegios, peculado, lavado de dinero) en este país, todo alimentado muy convenientemente por nuestros impuestos y negocios poco claros, sin duda alguna ilícitos, definitivamente, sumidos en la más oscura impunidad.

Desde entonces, cada sexenio se ha perseguido a uno que otro servidor público corrupto, muchos chivos expiatorios, algunos “actores” de teatros bien montados, pero nunca, nunca, se ha hecho nada para arrancar de raíz la corrupción que nos afecta a todos y es un lastre que urge erradicar porque ha impedido que como país salgamos adelante mientras se profundiza la desigualdad.

¿Cuántos años? ¿Cincuenta? ¿Ochenta? Sobre bases que dejaron los fundadores del PRI, el fino entramado de corrupción en México se fue tejiendo con paciencia y, de verdad, niveles de maestría, con una solidez y una fuerza que hasta el día de hoy no ha sido posible destruir.

Los gobiernos panistas de Fox y Calderón sólo se sumaron y operaron para llevarse una tajada del gran botín de la administración pública federal. El servicio civil de carrera fue pervertido, como tantas cosas en las que intervinieron, con el propósito de inocular el aparato gubernamental y abrir la puerta a gente leal pero no necesariamente eficiente ni mucho menos honesta. Como lo hizo el PRI por tantos años sin el servicio civil. Como en todo, hay excepciones, pero son eso, excepciones.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, se comprometió desde la compaña a combatir la corrupción hasta erradicarla, pero, la verdad, no alcanzará un sexenio para lograrlo. El entramado es fuerte, cimentado en roca dura y difícil de remover y destruir, pero se tenía que empezar por algún lado y en algún momento, y creo que eso se está haciendo para satisfacción, debería ser, de todos los mexicanos.

Fuente: Iberoeconomía.

Las inercias y las resistencias internas, sin embargo, los boicots que se hacen desde los intestinos de la administración pública federal, son frecuentes y obstaculizan los procesos; y también están las tentaciones. Nadie está exento de caer ante la ganancia fácil, aunque sea ilegal u oscura o implique el pago de algún favor.

A raíz de las primeras declaraciones de Emilio Lozoya, los mexicanos podemos darnos una idea, quizá ni siquiera cercana, a la inmensidad de la cloaca que se está destapando. Sabemos que presuntamente podría abarcar hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por lo menos, como expresidente o como personaje con una gran influencia en la política mexicana y probablemente beneficiario de las generaciones posteriores a él en el “servicio público”.

Está bien si todos estos adelantos simplemente son la noticia de lo que viene, de que se hará justicia y de que se llegará a las últimas consecuencias; está bien, si podemos tener la certeza de que pagará quien tenga que pagar con los tiempos y los montos acordes al tamaño del desfalco, fraude, soborno, daño al erario, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y de lo que sea que se les esté imputando; pero no está bien si se queda en espectáculo mediático y de redes sociales para el uso como bandera o precampaña de unos y de otros; y tampoco está ni estará bien, si se mide con distintas varas. Sin perder de vista los niveles, la gravedad, los personajes, el daño al erario, todo lo que implique actos de corrupción o los presuma, debe ser investigado. De una vez. Si se trata de ir a fondo, no puede quedar nadie ajeno porque fue poquito, o porque fue “aportación” y no soborno. La diferencia estará en la sanción.

Todo lo que se hace fuera de la ley debe ser investigado y, en su caso, perseguido y castigado, tanto lo que revelan los videos que aportó en su proceso Emilio Lozoya, como los videos que implican al hermano del Presidente y a David León. No es suficiente reconocerlo, como en todo, es preciso también que se llegue a las últimas consecuencias. No debe haber excepciones de ningún tipo. Y así tiene que ser, más allá del trasfondo electoral que siempre se vislumbra en estos casos. Por supuesto, la ocasión obliga a revisar los esquemas de financiamiento.

Ya se informó también que algunas agrupaciones, como la de Felipe Calderón, que aspira a conseguir el registro como partido político, pudo haber recibido financiamiento ilegal: que se investigue y se resuelva.

De una vez que se destape todo, todas las cloacas, de todos los colores; que se sepan nombres y cantidades; que se comprueben todos los presuntos delitos, que se finquen cargos y se dicten sentencias. Que se haga justicia y que nadie, pero nadie, de los que justamente hayan sido encontrados culpables, se salve.

Columna publicada en El Informador el sábado 22 de agosto de 2020.