Ciudad Adentro
LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)
A pesar
de que hemos avanzado, mal que bien, a tiros y a tirones, en la construcción de
una cultura democrática en México, resulta que, en general, los ciudadanos no
estamos muy acostumbrados a que se nos convoque para tomar en cuenta y en serio
nuestras opiniones.
Hemos
sido testigos, eso sí, sexenio tras sexenio, de ejercicios simuladores como las
famosas y costosísimas consultas para el plan nacional de desarrollo, por
ejemplo; replicadas luego en los gobiernos de los estados y de los municipios
con la instalación de mesas y toda una parafernalia protocolaria e innecesaria que
daba la idea de que sí se atendían las demandas ciudadana expuestas
directamente por la sociedad civil.
Para esos
planes y para otros, en cuyas aperturas e inauguraciones gobernantes de todos
los partidos se han llenado la boca asegurando que impulsaban la participación
ciudadana, se dizque convocaba, pero a la hora de la hora, nada era considerado
realmente porque ya tenían los documentos enjuagados, lavados, planchados y
listos para usar en sus portafolios o escritorios.
La
evidencia más clara de que todo esto era pura simulación, teatro y faramalla,
es que las demandas auténticas y urgentes de la sociedad empezaron a expresarse
en marchas, mítines y plantones para exigir respuestas por los agravios
derivados de omisiones y abusos de las autoridades.
Y
entonces la clase política, tan pronta a incluir en sus discursos la
importancia de la participación de la sociedad civil y del desarrollo
democrático, empezó a criminalizarla y a descalificarla; y cuando vio que
no era fácil, decidió infiltrarla para, desde adentro, boicotear los
movimientos, para desvirtuarlos, para tergiversar las causas y manipular a su
antojo con la clara intención de dividir a la población. Lo hemos visto en
movimientos estudiantiles, desde hace décadas, dolorosamente; en movimientos
feministas; entre los que defiendan causas ambientales, de derechos humanos en
general o que combaten la globalización; en las manifestaciones de maestros y
en otros movimientos sociales a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.
En
respuesta a tendencias mundiales, para no ser cuestionados o juzgados por la
comunidad internacional, supongo, México ha avanzado en la reforma y creación
de instituciones democráticas y progresistas que forman parte del andamiaje
democrático en el mundo: comisiones de derechos humanos, organismos
ciudadanizados de acceso a la información pública y para organizar las
elecciones, mecanismos para la rendición de cuentas, tribunales, fiscalías,
procuradurías y, por supuesto, mecanismos para alentar la democracia
participativa específicamente con el diseño (barroco y complicado como todo lo
que quieren dizque abrir a la sociedad) de mecanismos o herramientas como la
consulta popular, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la
consulta ciudadana. Cada una tiene sus especificaciones, métodos y protocolos y
varías de un estado a otro, pero así en general.
Bueno,
porque son complejas o porque no estamos acostumbrados o porque pensamos que a
la hora de la hora ni van a tomar en cuenta nuestras opiniones, por
desconfianza, se usan apenas. Quizá es una combinación de poco de todo, o
mucho.
La
cuestión es que ahora, que se abre la posibilidad de una consulta popular con
la intervención a favor de los tres poderes del Estado mexicano: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial hay quienes señalan y confunden. A estas alturas por
supuesto, con estos antecedentes, el lector sabe a dónde voy: el aval de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación a la realización de una consulta para
preguntar a los ciudadanos mexicanos si estamos “de acuerdo o no en que se
lleven a cabo acciones pertinentes, con apego al marco institucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar
la justicia y los derechos de las probables víctimas”.
Hacer
esta consulta es constitucional y a partir de lo que resulte, se llevarán a
cabo las acciones pertinentes ¿dónde está el problema? ¿qué causa confusión? Es
para celebrar. Por primera vez se plantea un asunto de esta magnitud y se nos
van a tomar en cuenta, tendrá que ser un ejercicio impecable, la consulta y lo
que venga después.
Por un
lado, la SCJN deja la puerta abierta para la participación ciudadana, el
Presidente defiende ese derecho y lo reconoce con todo y que consideró
“genérica” la nueva pregunta sin los nombres de los expresidentes (se amplió a “actores
políticos”; mejor); y, por otro lado, se reconstruirá la memoria colectiva
sobre los delitos del pasado con la idea de que sea un proceso de catarsis sí,
pero también de desagravio y, sobre todo, de justicia.
Columna publicada en El Informador el sábado 3 de octubre de 2020.
