jueves, 28 de febrero de 2019

Fuera de orden


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Siempre he defendido la causa magisterial. Los maestros son un componente fundamental de la sociedad mexicana. En sus manos está parte de la formación básica de generaciones, sin embargo, he dicho y reitero que el entramado de privilegios de que gozan todavía, es responsabilidad del Estado mexicano que hace décadas creó un monstruo a cambio de votos y poder corporativo.
No me aparto de esa defensa. Creo que la mayoría de los docentes del sistema educativo nacional, particularmente de los niveles básico y medio básico, quieren hacer su trabajo y no se oponen ni resisten a esquemas de evaluación que contribuyan a la mejora de la educación en México, sin embargo, los vicios que se vienen arrastrando desde hace décadas no se han erradicado y eso impide que el sistema opere con normalidad y también obstaculiza iniciativas de corrección.
Esto es lo que creo que pasa en Michoacán, además de la muy poco clara (turbia también se podría decir) decisión de Silvano Aureoles de retirarse de la federalización y pasar la papa caliente al Gobierno federal, ahora sí que sin decir, agua va.
Desde el 14 de enero el bloqueo ferroviario no se ha retirado del todo a pesar de que ya se cumplió con las demandas de los profesores michoacanos. Lo que se teme ahora es que quienes mantienen obstruidas las vías del ferrocarril ni siquiera sean integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), una organización que nació, precisamente, de la misma corrupción y falta de transparencia del Sindicato (SNTE).
Este asunto, gravísimo para la economía nacional (las pérdidas se estiman en mil millones de pesos diarios), ha abierto dos frentes inéditos hasta donde sé, que es importante no perder de vista dada la novedad precisamente, sobre todo la queja que interpuso el Gobierno de la República contra quien resulte responsable del bloqueo, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el otro asunto es la demanda de la Kansas City Southern de México contra la CNTE) para saber qué hacer en estos casos.
Por lo general, y lo sabemos, las entidades defensoras de derechos humanos atienden quejas de la ciudadanía contra servidores públicos que no hacen su trabajo o lo hacen mal o abusan escudados en su autoridad, no obstante y hasta donde me alcanza la memoria, desde que las comisiones de derechos humanos operan en México no había sabido que fuera el mismo gobierno el que recurriera, en este caso, a la CNDH.
Después de casi un mes de bloqueo, de que se han destinado miles de millones de pesos para “atender” las demandas de los profesores (pago de bonos y más bonos que se les deben desde hace por lo menos diez años), de pérdidas multimillonarias, 387 trenes afectados, 3.3 millones de toneladas de mercancía inmovilizada, de sanciones, pérdida de contratos y otros problemas asociados, un grupo de docentes mantiene la obstrucción y todo parece indicar que efectivamente las intenciones son otras, las que ya se veían venir desde que Aureoles retiró al Estado del pacto con la Federación en materia educativa y las que se pueden deducir de que sea hasta ahora que se exija el pago cuando la deuda se arrastra desde hace tanto tiempo. A esta sospecha se suma por supuesto, el conocimiento de que ya se les pagaron los bonos que les debían y el bloqueo se mantiene ¿por qué o qué? El argumento ahora es, justamente, la demanda de la KCSM contra la CNTE. Las personas que están bloqueando las vías férreas, con niveles de afectación estratosféricos, están total y absolutamente fuera de orden y es claro el propósito desestabilizador. No encuentro otra razón cuando se les convoca a dialogar y expresamente se manifiesta que no habrá represión.
Sí espero que la CNDH recomiende puntualmente qué se debe hacer para que termine este conflicto y también para confirmar que se dispone de un mecanismo más, uno que estaba pero no se había usado de esta manera, para que las cosas caminen y se compongan en México, de raíz.
Puede ser que esta iniciativa funcione entre órdenes y niveles de gobierno como un recurso (antes impensable dados los intereses creados, los valores entendidos y las complicidades en la burocracia mexicana) para reducir abusos de autoridad y para atajar el uso de recursos públicos, económicos y humanos, con fines políticos y de grupo. Vamos a ver. Por lo pronto, estos “profesores”, repito, los que bloquean las vías del tren en Michoacán, están fuera de orden y su causa es indefendible, de hecho, no hay causa como tal.

Columna publicada en El Informador el sábado 9 de febrero de 2019.