Ciudad Adentro
Esta semana se
ha generado abundante información relacionada con la Guardia Nacional porque se
aprobaron, casi por unanimidad, cuatro leyes secundarias que complementan la
iniciativa de marzo pasado, sin embargo, no ha recibido los espacios en medios
de comunicación que el asunto merece, seguramente porque otros temas, polémicos
y problemáticos, han ganado en la carrera mediática.
Los temas a que
aludo son por lo menos tres: la renuncia de Germán Martínez como director del
Instituto Mexicano del Seguro Social; la resolución de la Función Pública que
multa e inhabilita a dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos, entre ellos al
que fuera director, Emilio Lozoya, quien no podrá desempeñar cargo alguno en la
administración pública en los próximos diez años y la difusión de la lista de
36 periodistas y sus empresas que en conjunto recibieron en la administración
de Peña Nieto más de mil millones de pesos.
Sin duda no son
asuntos menores, al contrario, todos y cada uno requieren reflexión, análisis,
cuestionamientos y apuntes, pero no se puede ni debe perder de vista lo
relativo a la Guardia Nacional que también nos atañe a todos y en un tema
doloroso, sensible, urgente, como es la seguridad pública en nuestro país, en
franco deterioro desde hace décadas con picos pronunciados de empeoramiento a
partir de las tres primeras administraciones de este siglo: Fox, Calderón y
Peña.
Me detengo aquí,
primero, para invitar a leer las cuatro leyes secundarias que se aprobaron, en
el Senado el martes y el jueves en la Cámara de Diputados, en un proceso muy
rápido y prácticamente sin mayores discusiones; fueron rechazados puntos que
proponían dos diputadas, una independiente y otra de Morena y eso fue todo. Se
turnaron ya al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación. En cuanto eso suceda, entrarán en vigor. Esto será en los próximos
días, sin embargo, se puede acceder a la Gaceta Parlamentaria del 23 de mayo de
este año, en el sitio de la Cámara de Diputados, y leer los dictámenes donde se
incluyen argumentos, razonamientos y consideraciones, todas pertinentes para
comprender mejor de qué se trata.
Y, segundo, es
importante tener en cuenta que hay puntos que organizaciones especializadas en
seguridad pública y derechos humanos de la sociedad civil cuestionan, por
ejemplo: “falta de transparencia en la letra pequeña” de la operación de la
Guardia Nacional o bien, “que no vaya a estar sometida a un escrutinio
independiente”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU llama la atención sobre el uso de algunos términos poco precisos y con respecto
a “regulación insuficiente e inconsistente” del principio de proporcionalidad y
uso de la fuerza.
Así como el
proceso de marzo, ahí sí, por unanimidad, lo que sucedió esta semana también
puede calificarse de histórico porque los grupos parlamentarios, además de que
están trabajando (como nunca en los últimos años, con una acción real, hasta
ahora comprometida y dinámica, no como comparsas del Ejecutivo), son capaces de
abordar las iniciativas con sentido crítico y responsable para mejorarlas y
ajustarlas con la mira en el país y no en sus intereses particulares y
partidistas. Esto es alentador.
Las leyes
secundarias que se aprobaron son: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones y Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En términos muy
generales, la primera ley especifica que la Guardia Nacional desempeñará la
función de seguridad pública en todo el país y que celebrará convenios
temporales para participar en las áreas que corresponden a estados y
municipios. Se reafirma —y esto es muy importante— el carácter civil de la
institución.
En cuanto a la
segunda, es la primera vez que México tiene una Ley sobre el Uso de la Fuerza y
su propósito es regular, como su nombre dice, el uso de la fuerza por parte de
las instituciones de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas cuando actúen
en esos términos.
La Ley Nacional
del Registro de Detenciones regulará el registro, consistente en una base de
datos que concentrará información a nivel nacional sobre las personas detenidas
y, por último, la cuarta ley secundaria establece la obligación, para todas las
instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres
órdenes de gobierno, de “generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar
y proveer información” de sus bases de datos e informáticas.
Es preciso
involucrarnos más en estos procesos y ahora es mucho más fácil acceder a la
información íntegra, sin filtros.
Colaboración publicada en El Informador el sábado 25 de mayo de 2019.
