Ojo

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Dicen que en política no hay coincidencias... Mañana, se cumplen 10 años de que Felipe Calderón, entonces Presidente de la República, iniciara una guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y lo novedoso no era el anuncio de que serían combatidos, sino de que el Ejército saldría a las calles a hacerlo.

En su momento hubo voces, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas que se manifestaron contra esta “estrategia” y bueno, al paso de los años el tiempo les ha dado la razón por múltiples razones, baste mencionar los asuntos relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos; hechos polémicos y dolorosos, aún oscuros como el de Tlatlaya y el revelado recientemente por la periodista Anabel Hernández en su libro La verdadera noche de Iguala en donde, afirma: el Ejército “ordenó, orquestó y organizó” la noche en la que desaparecieron los jóvenes normalistas. Sostiene Anabel que los estudiantes se dieron cuenta de un cargamento de droga, más allá de si era decomiso o qué era. Las decisiones con respecto a los normalistas que presuntamente se tomaron esa noche, fueron con base en la premisa, aun cuando suene a melodrama, de que “sabían demasiado”.

Son cuestiones, reitero, dolorosas; pendientes no resueltos que enfocan todas las recriminaciones y reclamos hacia el Estado. “Fue el Estado” se repite siempre en manifestaciones, entrevistas y escritos. Son hechos que han deteriorado el de por sí luido tejido social, la confianza en las instituciones y valores implícitos que se han ido perdiendo gradualmente.

Desde el inicio se advirtió que se pervertirían las facultades del Ejército y que la institución dejaría de ser una de las más queridas y respetadas por todos los mexicanos. Se advirtió además que esto causaría mucho enojo hacia el interior de las Fuerzas Armadas y que eso no era lo deseable.

Pues bien, en esta semana el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional habló y no fue precisamente en buenos términos. Los mensajes han estado presentes en cuanto discurso y entrevista, de manera tácita y expresa, en un tono y en otro. Lo que dijo el Gral. Salvador Cienfuegos no es la primera vez que lo plantea. Y ante la omisión de parte de los legisladores es normal que el tono se intensifique.

¿Cuál es el punto? Desde hace mucho tiempo, en diversos momentos en los diez años de “guerra” contra el narcotráfico, miembros del Ejército y expertos en materia de seguridad han manifestado la urgencia de que se respalden legalmente las acciones de las Fuerzas Armadas en estas órdenes que se dictan desde la Presidencia de la República.

En esta ocasión, el Gral. Cienfuegos dijo que ninguno de los soldados que integran la institución había estudiado para perseguir delincuentes y que no se había hecho el ajuste necesario y urgente en las atribuciones constitucionales. Ahora, si no pretende hacer tal cambio realmente (es el mensaje) pues entonces que se les permita volver a los cuarteles y enfocarse, de nuevo, en las actividades enmarcadas en la Constitución.

Esto ha sido señalado una y otra vez desde las Fuerzas Armadas, empezando por el secretario, pero el reclamo no ha sido atendido. Es lo menos que pueden hacer los legisladores. La falta de un marco legal para que el Ejército actúe apegado a derecho, lo deja en una situación de vulnerabilidad y desgaste que ya se ha manifestado en diversas ocasiones y en varios hechos cuestionados y cuestionables, que no han causado sino daños en todos los sentidos.

Urge poner atención en este asunto, atención que implica corrección y orden. Mañana se cumple una década de omisiones en la materia, en una actitud que predominó en el sexenio de Calderón y se mantiene en el de Peña. Ojo.

Columna publicada en El Informador el sábado 10 de diciembre de 2016.

¡Qué difícil!

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Primera: Todo parece indicar que la participación de México en los Juegos Olímpicos de Río es la peor en la historia. Y como es la peor y casi no han caído medallas, pues la información relativa a la corrupción, a la falta de apoyos y a la obsolescencia de las políticas deportivas no se ha hecho esperar.

Segunda: Desde que inició agosto, entró en vigor el incremento más alto en los últimos 18 años en el precio de la gasolina; es decir, el más alto desde la administración zedillista pasando por las dos panistas. De esta noticia se derivan varias, podríamos hablar de 2.1 y 2 punto al infinito y más allá con todos los aumentos que día con día se registran en los bienes y servicios básicos que consumimos o usamos los mexicanos: ¿Alimentos? La carne de res, un producto fundamental más allá de preferencias alimenticias, ha abandonado cientos de miles de mesas de familias mexicanas. Que el precio de la carne de res, dicho sea de paso, se ha incrementado de manera exponencial desde hace varios años, en proporciones de más del cuádruple con respecto a los índices inflacionarios.

Tercera: Próximamente se cumplirán dos años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas del Estado de Guerrero, sin que hasta el momento se haya hecho justicia o se haya respondido, con información creíble claro, a los padres de los estudiantes. Justo esta semana el abogado de los deudos anunció que se rompía el diálogo con la PGR porque los representantes de la dependencia se resisten a determinar la responsabilidad de Tomás Zerón en el presunto encubrimiento de evidencia. Y luego la titular de la PGR afirma que se trabaja con exhaustividad en el caso Iguala ¿qué sería si no? El mes que entra se cumplirán, repito, dos años.

Cuarta: Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, es escenario de un secuestro que en realidad es consecuencia del enfrentamiento entre grupos criminales en la zona.

Quinta: En el Estado de México se enfrentaron policías y delincuentes. ¿El saldo? Una persona muerta y ocho detenidas, esto apenas el día de ayer.

Sexta: Los diputados están investigando los hechos en Nochixtlán e interrogaron a tres de los policías que participaron. De entrada, uno de ellos, apodado José, con explicaciones ambiguas reconoció que sí traía pistola, cuando el jefe de Seguridad en México aseguró primero que estaban desarmados. Es importantísimo que no se le eche tierra a este caso (como a tantos otros ¿verdad?): murieron ¡ocho personas! Y cientos resultaron heridas. La creación de una Comisión Especial de Seguimiento en el Congreso, la verdad no sé si es buena o mala noticia, más bien creo que es mala. Así que es derivada de la muy mala noticia que se generó el 19 de junio cuando se abrió fuego contra profesores manifestantes sin que hasta el momento las explicaciones desde la autoridad sean lógicas y creíbles.

Séptima: Por si fuera poco, un presidente municipal apenas electo en Hidalgo, fue detenido por presunto peculado. Resulta que ya había sido alcalde años antes y fue la procuraduría del Estado la que cumplió con la orden de aprehensión.

También se señalaron desvíos de recursos en la Universidad del Estado de Morelos; los empresarios justifican el uso de la fuerza si se impide el reinicio de clases el próximo lunes y la CNTE, ante la falta de acuerdos, reitera que se mantendrá en paro; la clase política está en plena guerra sucia de cara a las elecciones de 2018; y, entre muchas otras malas y peores noticias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia el asesinato de 26 civiles a manos de policías federales, esto en Michoacán, en mayo del año pasado: el caso de Tanhuato.

Todas estas malas noticias son de los últimos días, ni siquiera de las últimas semanas. Algunas sucedieron hace uno y dos años; en ese caso son peores porque no se han resuelto. Son muchos los pendientes: Tanhuato, Nochixtlán, Iguala, CNTE... En estas condiciones resulta difícil, muy difícil, encontrar para difundir y sostener, buenas noticias. Simplemente no hay, o no son del calibre e intensidad de las malas. Ahora, que baje el precio del gas LP ¿es una buena noticia si la gente no tiene qué cocinar? ¿Ni agua qué calentar?

Finalmente, la cuestión no es si se inunda el país con malas o buenas noticias; es la realidad la que nos ahoga.

Columna publicada en El Informador el sábado 20 de agosto de 2016.

Ayotzinapa... certeza demoledora

Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

¿Cuál gobierno, que se precie de serlo, rompería relaciones y cuestionaría a un grupo independiente que trata de indagar la verdad? De hecho ¿qué necesidad habría de un grupo independiente? ¿Qué no se dan cuenta? ¿No nos damos cuenta, todos?

Si el gobierno no tiene nada qué temer porque nada tuvo que ver en el asunto ¿No sería mejor que facilitaran la tarea a los expertos? ¿Qué no trataran de ocultar ni de tergiversar, ni de disfrazar, ni de manipular? ¿O es que protegen a alguien? ¿O tratan de no quedar mal ante la mirada internacional (los mexicanos no importamos ya, ni siquiera en años electorales)? Porque si es así, la verdad es que van por el camino equivocado.

El pretérito imperfecto no existe, sin embargo, plantearse la posibilidad de algo contribuye a la reflexión y, con disposición y ánimo, ayuda al aprendizaje de lecciones. Pues bueno, para empezar, en un país tan atacado y herido por el mismo Estado, no deberíamos estar ante una situación ni siquiera similar a lo sucedido en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, es una realidad que nadie puede negar y que deja en evidencia por enésima vez, los abusos de autoridad, la corrupción, la insensibilidad de las clases políticas y una tremenda, descomunal e inconmensurable impunidad.

Estos hechos y verdades son los que condujeron al Gobierno mexicano a aceptar a regañadientes la formación de un grupo de expertos internacionales e independientes en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la exigencia de los padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos (sí, 43, aunque se insista en que de uno de ellos aparecieron sus restos, de fondo, el caso  no está resuelto).

Ni tendría que haber jóvenes desaparecidos, ni tendríamos que estar pensando si viven o mueren; ni sintiendo en nuestro fuero interno que ya murieron, con la angustia y la incertidumbre por no saber cómo fue ni en dónde están, pero seguros y conscientes de que, si así sucedió, fue terrible. Y esto no lo pensamos ni sentimos todos, porque el gobierno —y yo creo que es parte de la estrategia— ha alargado tanto este asunto (los expertos se percataron de ello) que para muchos mexicanos (lamentablemente lo he escuchado), “ya chole”… “Ay, ya chole con lo de Ayotzinapa”.

Pese a ello, nos guste o no y ojalá sirva para sensibilizar a la sociedad mexicana en general, la presentación del segundo informe del GIEI ha puesto nuevamente el dedo en la llaga y confirma lo que muchos sabíamos y pensábamos, empezando por los padres y familiares de los muchachos de los que se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre de 2014. Claro está, al gobierno no le han gustado los resultados del equipo que sin intereses políticos de ningún tipo y sí concentrados en lo importante, han llamado la atención no sólo del Gobierno mexicano, sino de amplios sectores de la sociedad.

La cuestión relevante y trascendente en este caso, es que el GIEI es internacional, forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta, de la OEA (Organización de Estados Americanos). El tema se ha difundido ampliamente en todo el mundo y la verdad, por el historial de impunidad que pesa sobre el Gobierno mexicano, qué vergüenza, que deshonra si es que a alguien en las altas esferas de la clase política mexicana conoce la palabra y el significado de “honra” y de “honor”.

La actuación de Tomás Zerón, revelada por el GIEI en respuesta a acusaciones falsas y tergiversadas expresadas de manera pública por el individuo en cuestión, nada menos que titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, aparte del informe, deja en claro que el Estado mexicano a través de sus funcionarios y sus agentes, no ha hecho lo que tiene que hacer, lo que manda la ley, lo que debería ser considerado “normal” en una situación de esta naturaleza.

Pero no, no tenemos un gobierno facilitador, que coadyuve a la búsqueda de la verdad y se haga justicia. Esta certeza es demoledora y nos sume aún más en la indignación y la impotencia.

Lamentable y dolorosamente, el caso Ayotzinapa se ha convertido en emblemático de una realidad generalizada en México, infringida por quien debería proteger, cuidar y defender a la nación.

Columna publicada en El Informador el sábado 30 de abril de 2016.

La CNDH está despierta

Ciudad adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

En su momento, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las correspondientes en los estados fue motivo de celebración y de aliento. Ante un panorama de violación sistemática de los derechos humanos en México, la existencia de una organización ciudadana de defensa, era esperanzadora.

La posibilidad de que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de acudir ante un ombudsman abría un amplio campo de justicia y combate a la impunidad en México, sin embargo, al paso de los años, casi 25, las comisiones se fueron pervirtiendo y no por las instituciones en sí, sino por la intervención de los gobernantes en turno, fueran del partido que fueran; y luego ya, hacia el interior de los organismos.

Empieza a convertirse en típico que cuando una instancia autónoma, ciudadana y al servicio de la sociedad está funcionando bien, los gobernantes “metan mano” y las echen a perder, está el caso de las comisiones de derechos humanos, el IFE ahora INE y los consejos e institutos en los estados y no se diga los institutos de transparencia.

Y es que lo que sea benéfico para la sociedad e implica poner un alto a abusos, componendas y marrullerías de la clase política no le resulta conveniente, claro está, a esa clase política. Todos somos testigos de cómo la confianza bien ganada del IFE se fue perdiendo sobre todo por la asignación por cuotas partidistas de los asientos en el Consejo General.

El punto es que ahora la CNDH acaba de sorprender gratamente. Cuando las posturas encontradas e irreconciliables entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Ayotzinapa estaban más que estancadas, verdaderamente desgastadas, se da a conocer el jueves un reporte de la CNDH que da pie a abrir una nueva línea de investigación que si bien no descarta el incendio en el basurero de Cocula (uno de los puntos más cuestionados y puestos en tela de duda por los expertos de la ONU) aporta datos provenientes de un testigo protegido en donde se involucra, además de al Ejército (por eso la insistencia entre los afectados y diversas organizaciones de la sociedad civil de que “fue el Estado”) a la Policía federal.

En internet a través de redes y en sitios de periódicos circula un video de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde con animación se recrea lo que presuntamente pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en el puente de El Chipote en Iguala, Guerrero.

En la reproducción, la razón porque la que los jóvenes fueron atacados, literalmente, se conoce a partir de la respuesta de un policía de Iguala a la pregunta de un policía federal que llegó al lugar de los hechos: “allá atrás se fregaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco. Allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos”. Los elementos federales no objetaron absolutamente nada y en cuatro patrullas de la policía municipal se llevaron a los jóvenes hacia Huitzuco; esa fue la última vez que se les vio con vida desde el 26 de abril de 2014. Para que bajaran del autobús los policías primero dispararon, aventaron piedras y golpearon palos y macanas hasta que arrojaron por una de las ventanillas rotas, gases lacrimógenos.

Los normalistas se vieron obligados a bajar y fue en donde con violencia fueron sometidos y esposados.

Es indignante y doloroso; y esto se recrudece ante la actitud que ha tomado el Gobierno federal al respecto, resumida en la famosa frase de la “verdad histórica” y en la prisa por anunciar el fin de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el próximo 30 de abril como si las cosas se estuvieran haciendo bien.

Esta revelación de la CNDH es alentadora, reitero, por la aparición o reaparición del organismo como debe ser y, además, porque deja de ser, desde la perspectiva oficial, una “verdad histórica” y están obligados a mantener y profundizar en las investigaciones. Ya lo he comentado antes: más les valdría (aunque no parece que hagan mucho caso) ser transparentes y derechos en todos los asuntos, pero particularmente en este que está en la mira no sólo en México sino en el mundo.

Ojalá que la CNDH siga así, despierta.

Columna publicada en El Informador el sábado 16 de abril de 2016.