Ciudad Adentro
En medio de un
contexto verdaderamente complicado, como si el proceso no lo fuera por sí
mismo, el tema que domina la escena pública en Jalisco en estos días es el
relativo al nombramiento del próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco. El asunto es polémico por varias razones pero sobre todo
por los altos niveles de politización de que hacen gala todos los actores
directamente involucrados. Es un sector de la población, activista, con
conciencia social, que no se queda callado, que denuncia y expone y que, en
pocas palabras, hace valer sus derechos.
Quienes
participan como aspirantes a ocupar el cargo o como impulsores de los
candidatos no sólo están perfectamente enterados de una materia compleja que
requiere constante actualización sino que además casi todos pueden dar
testimonio de lo que se ha hecho y los que no en la defensa de los derechos
humanos en Jalisco y de cómo han sido los anteriores procesos para la
renovación del ombudsman en el Estado.
Lamentablemente,
como en otros organismos considerados ciudadanos o ciudadanizados, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), sujeta a los vaivenes partidistas, de ser
una institución de la que podíamos sentirnos orgullosos por el componente de
vanguardia y ejemplo en el concierto nacional (como en su momento fueron el
ITEI y el propio Consejo electoral de Jalisco hoy Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco) pasó a convertirse en una entidad
secuestrada por cuotas e intereses de partidos políticos.
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| Fotografía: El Informador. |
¿Habrá manera de
mantener a salvo el proceso vigente de manera que quien resulte electo
verdaderamente defienda los derechos humanos en Jalisco? ¿Será posible que
quien llegue no responda a intereses de partido ni actúe siguiendo tendencias?
¿Será posible que el o la elegida trabaje de tal manera que el avance en la
defensa de los derechos humanos sea una realidad medible y evaluable? ¿Que no
nade de muertito mientras se alimenta generosamente de nuestros impuestos?
¿Podría alguien de los decisores ofrecer garantías a los ciudadanos de que la
selección estará apegada a derecho, de que efectivamente se buscará y elegirá
al mejor o a la mejor de entre todos los aspirantes? ¿Qué tenemos que hacer los
ciudadanos de a pie para que esto suceda, para que el proceso no se vicie como
el anterior y para que no pasemos otros cinco o diez años como si en Jalisco no
existiera la figura defensora de los derechos humanos?
Académicos de
varias universidades, tanto de la Universidad de Guadalajara como de varias de
las privadas; y activistas defensores de derechos humanos especializados en
distintas áreas han estado al pendiente del proceso, han opinado e impulsado
¿serán escuchados?
El tiempo es el
perfecto para aprender de lo que ha sucedido en el pasado y, sobre todo, es una
oportunidad para que la clase política se reivindique por lo menos en esta
materia que es fundamental para la armonía y cohesión del tejido social tan
violentado y maltrecho; una materia a la que se le dio importancia al principio
(porque era tendencia) pero cuando los resultados implicaban el cuestionamiento
severo y la exposición pública de los malos funcionarios públicos, motivaron que
los mismos políticos que crearon la institución, la atacaran y debilitaran
mediante la perversión de la estructura.
Esto tiene que
cambiar. Y si bien todos hemos padecido la ausencia de una defensa real,
profunda y auténtica de los derechos humanos en Jalisco, los activistas, los
que tienen pruebas y registros, los que en muchos casos han sido víctimas del
propio sistema, los que a pesar de amenazas han alzado la voz y se han
manifestado en la lucha por defender los derechos de los más vulnerables, los
que son los expertos, son los más indicados para vigilar que el proceso no sea
infiltrado, ni alterado, ni pervertido, ni manipulado; y el juez por su casa
empieza.
Estamos a unos
días de que haya definiciones y los cuestionamientos contra el proceso, contra
algunos de los aspirantes así como señalamientos de diversos conflictos de
intereses, están a la orden del día.
Esta decisión
reclama un cuidado extremo, una vigilancia puntual y una gran responsabilidad
de todos los actores. Es difícil, pero debemos confiar en que, ahora sí,
gracias a la presión de los activistas, Jalisco tendrá otra vez, después de 10
años, un auténtico, honesto, valiente e independiente defensor o defensora de
los derechos humanos. No sólo es necesario, es urgente.
Columna publicada en El Informador el sábado 22 de julio de 2017.
