Ciudad Adentro
La guerra contra
el crimen organizado que emprendió el panista Felipe Calderón en el sexenio
pasado y que incrementó (la tendencia ha sido persistente por lo menos desde el
sexenio de Zedillo y no se diga con Vicente Fox) la presencia del Ejército en
todo el territorio nacional, tiene ya un sustento legal, como habían estado
exigiendo representantes de las Fuerzas Armadas.
A raíz de la
“estrategia” de Calderón el papel que ha jugado el Ejército en la lucha contra
el crimen organizado ha generado conflictos severos, rechazo social, la
observación y las recomendaciones de organismos naciones e internacionales
defensores de Derechos Humanos; no ha sido una medida popular ni adentro ni
afuera.
Pues bueno, con
la Ley de Seguridad Interior que se aprobó apenas ayer luego de que el Senado
la regresara con algunos cambios a la Cámara Baja, aporta el marco legal para
la militarización del país, uno de los cuestionamientos generalizados por parte
de la sociedad civil organizada y por periodistas y analistas conocedores y
preocupados por la puerta que se abre con esta ley.
Falta que el
Presidente la publique pero todo pinta para que así sea en los próximos días,
justo cuando los mexicanos nos disponíamos (ya no) a celebrar las fiestas
decembrinas por lo menos en paz y sin preocupaciones.
Tanto el
iniciador de la ley como el Congreso de la Unión, soslayaron advertencias y
llamados de la ONU por ejemplo, que ha llamado la atención sobre los siguientes
asuntos: una ley, para que proteja a todos sin excepción, debe ser clara y,
entre otras cuestiones, describir con lujo de detalles los conceptos que
incorpora. Seguridad interior, amenazas a la seguridad interior, riesgo a la
seguridad interior y acciones de seguridad interior, entre los principales.
¿Cuál es el problema? Que las definiciones o descripciones quedan sujetas a las
consideraciones de quien aplique la ley. En otras palabras: discrecionalidad, una
de las características que NO debe tener una ley, porque la interpretación
entonces, es libre, puede depender del humor la autoridad, de sus intereses.
En este orden de
ideas, las Fuerzas Armadas, de considerar riesgos y amenazas, pueden actuar de
manera autónoma.
Con esta ley, la
autoridad civil queda sometida al mando militar en todo el país. Por otra
parte, el articulado previsto para la rendición de cuentas no la garantiza y
algo más: “La Ley no contempla mecanismos de rendición de cuentas sobre el avance
de la implementación de las medidas previstas en la Declaratoria de Protección
a la Seguridad Interior dirigidas a las autoridades estatales que la hubieran
solicitado, privando a los poderes estatales de información de gran
trascendencia sobre lo que sucede en su territorio y en su ámbito de competencia, e incluso
sobre un instrumento que les generará obligaciones”. Este punto me remitió de
inmediato (no sé por qué) a la muy reciente disposición de Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela, dada a conocer por el vicepresidente, en el sentido
que “los mandatarios locales opositores que se pasen de la raya deberán ser
puestos inmediatamente a la orden de la justicia”.
Otras
preocupaciones de los organismos defensores de Derechos Humanos son las
siguientes: no se incluyen políticas para fortalecer a las instituciones porque
si las Fuerzas Armadas toman el mando, las instituciones estatales creadas con
fines de seguridad, no mejorarán sus procesos. Para qué.
Además de que la
redacción no es congruente con la constitucional respecto a la promoción,
respeto, protección y garantía de los derechos humanos, también se afecta la
protesta social porque, como en otros aspectos, queda sujeta a la
discrecionalidad de los mandos responsables de aplicar la ley.
Bueno, la
información es abundante y está al alcance de todos vía internet. Como siempre
invito en estos casos, por lo menos hay que estar informados, profundizar en
los temas y que no nos encuentren desprevenidos.
Con todo y eso,
los tiempos que se avecinan son oscuros, cubiertos de nubarrones, en los que
además, por si fuera poco, a los problemas laborales, los bajos sueldos, el
encarecimiento descontrolado de productos básicos, las injusticias y otras
cuestiones que venimos arrastrando, le va a reglar arresto domiciliario a Elba
Esther Gordillo. Nubarrones, tormentas, tiempos oscuros, justo antes de la
Navidad y del año electoral que estará cargado con millones y millones de spots que nadie quiere escuchar ver ni
escuchar.
Columna publicada en El Informador el sábado 16 de diciembre de 2017.
