Ciudad Adentro
¿Cuál gobierno,
que se precie de serlo, rompería relaciones y cuestionaría a un grupo
independiente que trata de indagar la verdad? De hecho ¿qué necesidad habría de
un grupo independiente? ¿Qué no se dan cuenta? ¿No nos damos cuenta, todos?
Si el gobierno
no tiene nada qué temer porque nada tuvo que ver en el asunto ¿No sería mejor
que facilitaran la tarea a los expertos? ¿Qué no trataran de ocultar ni de
tergiversar, ni de disfrazar, ni de manipular? ¿O es que protegen a alguien? ¿O
tratan de no quedar mal ante la mirada internacional (los mexicanos no
importamos ya, ni siquiera en años electorales)? Porque si es así, la verdad es
que van por el camino equivocado.
El pretérito
imperfecto no existe, sin embargo, plantearse la posibilidad de algo contribuye
a la reflexión y, con disposición y ánimo, ayuda al aprendizaje de lecciones.
Pues bueno, para empezar, en un país tan atacado y herido por el mismo Estado,
no deberíamos estar ante una situación ni siquiera similar a lo sucedido en
Iguala con los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, es una realidad que
nadie puede negar y que deja en evidencia por enésima vez, los abusos de
autoridad, la corrupción, la insensibilidad de las clases políticas y una
tremenda, descomunal e inconmensurable impunidad.
Estos hechos y
verdades son los que condujeron al Gobierno mexicano a aceptar a regañadientes
la formación de un grupo de expertos internacionales e independientes en el
seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la exigencia de los
padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos (sí, 43, aunque se insista
en que de uno de ellos aparecieron sus restos, de fondo, el caso no está resuelto).
Ni tendría que
haber jóvenes desaparecidos, ni tendríamos que estar pensando si viven o
mueren; ni sintiendo en nuestro fuero interno que ya murieron, con la angustia
y la incertidumbre por no saber cómo fue ni en dónde están, pero seguros y
conscientes de que, si así sucedió, fue terrible. Y esto no lo pensamos ni
sentimos todos, porque el gobierno —y yo creo que es parte de la estrategia— ha
alargado tanto este asunto (los expertos se percataron de ello) que para muchos
mexicanos (lamentablemente lo he escuchado), “ya chole”… “Ay, ya chole con lo
de Ayotzinapa”.
Pese a ello, nos
guste o no y ojalá sirva para sensibilizar a la sociedad mexicana en general,
la presentación del segundo informe del GIEI ha puesto nuevamente el dedo en la
llaga y confirma lo que muchos sabíamos y pensábamos, empezando por los padres
y familiares de los muchachos de los que se desconoce su paradero desde el 26
de septiembre de 2014. Claro está, al gobierno no le han gustado los resultados
del equipo que sin intereses políticos de ningún tipo y sí concentrados en lo
importante, han llamado la atención no sólo del Gobierno mexicano, sino de
amplios sectores de la sociedad.
La cuestión
relevante y trascendente en este caso, es que el GIEI es internacional, forma
parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta, de la OEA
(Organización de Estados Americanos). El tema se ha difundido ampliamente en
todo el mundo y la verdad, por el historial de impunidad que pesa sobre el
Gobierno mexicano, qué vergüenza, que deshonra si es que a alguien en las altas
esferas de la clase política mexicana conoce la palabra y el significado de
“honra” y de “honor”.
La actuación de
Tomás Zerón, revelada por el GIEI en respuesta a acusaciones falsas y tergiversadas
expresadas de manera pública por el individuo en cuestión, nada menos que
titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, aparte del informe,
deja en claro que el Estado mexicano a través de sus funcionarios y sus
agentes, no ha hecho lo que tiene que hacer, lo que manda la ley, lo que
debería ser considerado “normal” en una situación de esta naturaleza.
Pero no, no
tenemos un gobierno facilitador, que coadyuve a la búsqueda de la verdad y se
haga justicia. Esta certeza es demoledora y nos sume aún más en la indignación
y la impotencia.
Lamentable y
dolorosamente, el caso Ayotzinapa se ha convertido en emblemático de una
realidad generalizada en México, infringida por quien debería proteger, cuidar
y defender a la nación.
Columna publicada en El Informador el sábado 30 de abril de 2016.