sábado, 31 de agosto de 2019

Partidos, partidos


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)


Los partidos políticos son un tema recurrente en este espacio porque son o deberían ser el alma de cualquier sistema político que, con base en leyes, se defina democrático y porque son instituciones de interés públicos, según nuestra Constitución (Art. 41), encargadas de promover la participación del pueblo en la vida democrática; de contribuir a la integración de la representación nacional y permitir el acceso de los ciudadanos “al ejercicio del poder público”.
Por supuesto que para lograr estos objetivos deben disponer de recursos y la Carta magna también contempla que no les falte nada. Este año, al Instituto Nacional Electoral se le asignó un presupuesto, para su distribución entre los partidos políticos, de casi cinco mil millones de pesos; y con miras al año 2020 que no es electoral, se autorizó un incremento de 273 millones para un total de cinco mil 239 millones de pesos a repartir entre los partidos.
Falta el visto bueno del Legislativo y sin duda habrá ajustes. Está en la mesa de los debates la reducción drástica del financiamiento público. Es un asunto pendiente desde hace décadas y una de las demandas recurrentes de la sociedad. Están contemplados mil 700 millones de pesos para Morena (este partido anunció que planteará en la Cámara baja reducir el financiamiento a la mitad); 950 millones para el PAN; 896 millones de pesos para el PRI; 445 millones para el PRD y el resto repartido entre el Verde, Movimiento Ciudadano y el PT. Digo, no han ganado tantas elecciones como el primero pero no se puede decir que estén de capa caída con tales presupuestos, ni siquiera si los reducen en 50 %, cosa que dudo seriamente.
Eso reciben o recibirán los partidos en México, todo de nuestros impuestos, para su manutención y sus actividades sustantivas. Pues resulta que, hoy por hoy, de todos no se hace uno. Desde hace mucho, mucho tiempo, los partidos políticos han estado enfrascados en luchas intestinas que han desdibujado principios ideológicos, soslayado conductas éticas y desaparecido escrúpulos, de tal suerte que se enfocan en alcanzar el poder político a costa de lo que sea mientras pierden de vista descaradamente, la esencia de su razón de ser: la nación, México.
Si este fuera el enfoque, habría en México un partido en el poder responsable y comprometido, sin luchas internas como las que estamos viendo en el Legislativo; y una oposición sólida, contundente y exitosa en sus gestiones y cabildeos para llevar adelante las iniciativas y las políticas públicas que reclama hoy y con urgencia, nuestro país. No los veo así por ningún lado.
Este domingo se sabrá cómo se arreglaron los de Morena, y a ver si es un arreglo y no una imposición; sobre este conflicto el mismo Presidente ya se pronunció y aseguró que si el partido que lo llevó al poder “se echa a perder” él renunciará. Y don Esteban Garaiz en su columna semanal, escribió sobre el mismo instituto: “Si hay un lujo que, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se puede dar el partido Morena, es replicar la absurda experiencia de un partido de tribus” (Milenio, 27.08.2019). Tal cual.
Ya sabemos, el poder desgasta, todos quieren ser protagonistas y bla bla bla. Pero no es el único así que asistimos, una vez más, a una representación recargada de la crisis en los partidos políticos en México. El PAN, en pleitos locales, elude su responsabilidad como oposición dizque comprometida pese a los casi mil millones de pesos que “administra” (es el segundo partido con más financiamiento público); el PRD, a ver qué pasa con ellos este fin de semana, hoy y mañana celebrarán su Congreso nacional pero las expectativas no son de una reunión armónica, es el partido de las tribus; y el PRI, bueno, qué se puede decir. Acaba de pasar por un proceso de elecciones internas y pese a los spots rimbombantes del nuevo dirigente, los daños internos son varios y profundos, tanto, que muchos vaticinan su desaparición. El día de las elecciones hubo denuncias de fraude y compra de votos (¡qué raro! ¿no?) y la adversaria que perdió optó por renunciar. Parafraseando a un diputado panista: “es lo bonito de los partidos”. Ajá.
Claro que todo eso no es buena noticia para los ciudadanos de a pie como usted y yo. Ninguno de los partidos se salva, de todos no se hace uno y por la conformación de nuestro sistema político, son, en verdad, un mal necesario. Finalmente, el mayor reflejo de la crisis es esta aberración de agrupación Futuro 21 (Futuro Jalisco ya pintó su raya) que está dando cabida a desplazados, damnificados, rezagados, resentidos y perdedores de varios partidos entre otros Gabriel Quadri del Verde, impresentable; los Chuchos de las tribus perredistas y el Dr. José Narro que se equivocó de partido, entre otros por el estilo. Así las cosas… partidos, partidos.

Columna publicada en El Informador el sábado 31 de agosto de 2019.


sábado, 24 de agosto de 2019

No es suficiente


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Las manifestaciones de mujeres en el mundo, históricamente, se han dado por oleadas y nunca de manera simultánea. En algunos países los avances se han dado antes que en otros y el nivel de las “conquistas”, “logros” o “éxitos” tampoco ha sido parejo comparando nación por nación, ni en cantidad ni en calidad.
El ejemplo más claro es el del voto femenino que costó la vida de varias mujeres en diferentes partes del mundo y en distintos momentos. Hay antecedentes en el siglo XVIII y todavía en 2015 se dio la noticia de que en Arabia Saudita finalmente se permitiría que las mujeres votaran; en una docena de países, más o menos, todavía no se puede. Es una historia, pues, de más de dos siglos que aún no termina.
Es difícil. El surgimiento de los movimientos feministas en el mundo (por el sufragio, por las condiciones laborales, por abuso y acoso sexual, por igualdad y otras causas), ha sido estudiado desde muy diversas perspectivas, por lo general sociológicas, políticas y antropológicas, y hay en el mundo especialistas que comparten sus sesudos análisis y doctas lecturas al respecto, casi siempre desde la erudición alimentada pacientemente con modelos y teorías. Está bien, no digo que no, aportan, pero en términos prácticos, poco influyen en un cambio en el estado de cosas.
La realidad es distinta. El día a día llega a ser demoledor. Es claro que las oportunidades para las mujeres, hablando en términos generales, son mejores ahora que hace 30, 50, 80 años, es cierto, pero ha costado mucho trabajo y la lucha no termina porque los mentados logros se han dado a medias o a cuenta gotas; o son efímeros porque luego se da marcha atrás; o porque de pronto aparecen otras formas de abuso o de regreso a la desigualdad; porque siempre hay resistencias y regateos.
Esta lucha que no cesa lleva años y el desgaste es natural, y lamentable en muchos casos, cuando lo que propicia es la división entre las propias mujeres activistas. Cualquier diferencia o desencuentro afecta la relación. Muchos esfuerzos se han diluido por este desgaste que no es más que producto de la falta de atención de la sociedad en su conjunto, especialmente de las autoridades responsables de proteger, promover, iniciar leyes, poner el ejemplo, impulsar, atender y responder a las demandas de la mitad de la población, nada más y nada menos.
Lo obtenido hasta ahora no es suficiente, no ha sido suficiente; y es preciso actuar de manera simultánea en distintos frentes, el educativo es fundamental para desde ahí cambiar paradigmas y percepciones, revisar planes y programas de estudio para que estén diseñados en términos de igualdad; pero el frente para frenar la violencia contra las mujeres es urgente también.
Las noticias de desapariciones de mujeres y de feminicidios, violaciones, abuso sexual, acoso, de maltrato de diversos tipos, de misoginia en todos los ámbitos, de abuso de poder contra las mujeres, de desigualdad laboral y salarial, de trata, son tan frecuentes, tan comunes que han dejado de llamar la atención.
Las estructuras burocráticas de atención a las mujeres han sufrido embates desde las mismas administraciones gubernamentales al grado de que operan como agencias de atención paliativa, nada definitivo, nada que cambie la realidad desde el fondo, desde el origen, con la mira puesta en romper patrones para empezar a andar sobre otras bases: más sólidas, firmes, auténticas, igualitarias, armónicas, sin violencia.
Ha sucedido también que muchos acostumbran a repartir culpas y responsabilidades cuando quienes así lo señalan en realidad han sido omisos y mañosos mientras se aprenden el discurso con las palabras de moda.
Son décadas de abusos y omisiones, de paliativos, de políticas públicas rimbombantes pero bofas, huecas, falsas y perecederas; y esta actitud se refleja en que los números de la violencia contra las mujeres nada más no bajan, al contrario. Aumentan los casos y con ellos la impunidad y las injusticias… y la rabia y el coraje y la indignación.

El Informador.

Debo confesar que cuando tuve las primeras noticias de la violencia en la Ciudad de México al calor de la marcha por la violación de una adolescente, mi primera reacción fue de rechazo a partir de mi convicción de siempre, de que la violencia no es el camino; sin embargo, al paso de los días caí en la cuenta de un asunto que ya he abordado en otros momentos y en diversas circunstancias: la radicalización de las protestas sociales. ¿Por qué se llega a tales extremos? Porque la autoridad no escucha, nadie escucha, a veces ni siquiera las mismas mujeres, porque lejos de atender se persigue o se criminaliza; porque se juzga con distintas varas, porque se minimizan las demandas y hasta se hace burla de ello; porque la violencia contra las mujeres no se detiene y la respuesta de las autoridades, en la Ciudad de México y en todo el país, sigue siendo insuficiente.

Columna publicada en El Informador el sábado 24 de agosto de 2019.

sábado, 17 de agosto de 2019

Zapotillo... otra vez


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Es difícil creer que, ahora sí, el proyecto de la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón, va para adelante. Se necesitarían unas cuatro planas, por lo menos, para hacer un recuento y resumen de lo que ha pasado con ese embalse, cuya construcción se detuvo en 2015, pero que en realidad ha sufrido cambios y retrasos constantes desde su anuncio en mayo de 2005 como una alternativa a la presa de San Nicolás, a la que se opusieron, con éxito, los habitantes de San Gaspar, también en Los Altos de Jalisco.
Me di a la tarea de echarme un clavado en la hemeroteca de El Informador, porque El Zapotillo ha sido un tema recurrente, con altibajos, desde entonces. Las personas en el gobierno son otras, pero la situación es casi la misma. Hay una muy débil expectativa de que haya un cambio a favor de los pobladores, de hecho, a favor de todas las partes, pero ante este patrón de más de dos sexenios, nada se puede asegurar.
En cuanto se hizo el anuncio, las autoridades eligieron una estrategia equivocada. Tanto del Gobierno federal como del estatal, optaron por ocultar información y manosearla; los datos con frecuencia eran ambiguos, particularmente cuando se trataba de dialogar o “explicar” el proyecto a los habitantes de los tres pueblos —Temacapulín, Acasico y Palmarejo— que siguen con incertidumbre sobre sus patrimonios, a pesar de la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015.
En estos 14 años el proyecto ha cambiado en varias ocasiones y eso ha incrementado los costos en todos los sentidos: de construcción, de estudios de impacto ambiental, proyectos ejecutivos, de las indemnizaciones prometidas, de las obras hidráulicas asociadas como el acueducto y los diques para proteger a Temaca de una posible inundación, pero sobre todo, costos y deterioro de las relaciones entre los gobiernos, que han cambiado cuatro veces, y los pobladores que son los mismos.
Todo esto empezó con Francisco Ramírez Acuña hacia el final de su sexenio; siguió con Emilio González Márquez, luego Aristóteles Sandoval Díaz y ahora se estrena con Enrique Alfaro Ramírez.
Del 17 de octubre de 2007 encontré una primera plana de El Informador con la siguiente cabeza y “bajada” “Confirman que harán El Zapotillo. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato oficializaron la construcción de la presa, pese a carecer de permisos ambientales y aprobación de poblaciones afectadas”. Como si hubiera sido ayer.
Sobre la segunda parte de la “bajada” vamos a ver qué pasa, porque, de entrada, los pobladores reiteran que no se insista en pedir más de 500 millones de pesos para indemnizaciones (mucho tiempo se manejó la cantidad de 200 millones para ese mismo propósito) porque siguen en la misma postura de no aceptar la inundación de sus pueblos.

Primera plana de la edición del 17 de octubre de 2007. Hemeroteca de El Informador.

No estaría mal que los equipos de los gobernadores hicieran un repaso de lo que ha sido la historia de este proyecto. Pueden empezar con la edición del 25 de mayo de 2005 y de paso les recomiendo el artículo que apareció en este mismo espacio el sábado siguiente, 28 de mayo, titulado: “Ejemplo de desinformación”. Esta ha sido la característica a lo largo de tanto tiempo, especialmente en lo que se refiere a los cambios decididos para aumentar la altura de la cortina del embalse de 80 (en algún momento se manejó que podría medir 85) a 105 metros. Esta diferencia de 25 metros representa, según dicen, más agua para Guadalajara. Es importante recordar, por cierto, que al principio el propósito de la obra era dotar a 14 poblaciones de Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato, nada más; luego entró la Zona Metropolitana de Guadalajara entre los beneficiarios y en el ínter, el lector seguramente recordará, pasamos por la Zurda, el Purgatorio y ¡Arcediano! Nuevamente se trata de combinar el proyecto con El Purgatorio y, reitero, a ver si ahora sí.
Después de los anuncios de esta semana, los habitantes de los tres pueblos afectados quedaron muy contentos con la reunión que sostuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador; los gobernadores de Jalisco y Guanajuato también se ven muy contentos en su video y sólo falta esperar cómo se desarrollan las reuniones de la Comisión que se integrará con representantes de los pobladores, del Gobierno federal y de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato.
Queda claro que el proyecto se mantiene (los pobladores pidieron en algún momento que se demoliera lo construido) pero se tiene que resolver de una mejor manera el futuro de las tres poblaciones, por un lado; y, por otro, debe haber transparencia y rendición de cuentas de todos los recursos públicos que en 14 años se han destinado a este proyecto. Quizá, retomarlo sobre bases saneadas dé como resultado beneficios para todos y bueno, recién se detalla que hay 20 alternativas para dotar de agua a la ciudad.

Columna publicada en El Informador el sábado 17 de agosto de 2019.

sábado, 10 de agosto de 2019

Equilibrio


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)


Esta semana fue particularmente violenta en nuestro país. Lo peor es que no sólo se trata de la violencia que, por desgracia, es la característica de los criminales organizados, sino que ahora trascendió al terreno de los mexicanos de a pie en cuestiones cotidianas.
Me sorprenden y horrorizan los 19 cuerpos colgados y dejados en vías transitadas de la ciudad de Uruapan, Michoacán; y los cientos de cráneos encontrados en Veracruz, pero también el linchamiento en Puebla, los cuatro policías de Azcapotzalco que violaron a una adolescente en la Ciudad de México y los niveles de violencia que puede alcanzar una jovencita contra otra por un incidente vial (#LadyPiñata).
Urgen acciones desde la autoridad para frenar esta ola de violencia que nos alcanza en todos los sentidos: como víctimas, como victimarios y como testigos de piedra muertos de miedo. ¿Cuánto coraje, cuánta rabia acumulada? Es claro que las cosas no están bien y este ambiente, con sus efectos tangibles y dolorosos, sólo contribuye a que el de por sí deteriorado tejido social siga en franco deterioro en lugar de irse reconstituyendo.
Los lectores de este espacio saben que me resisto a traspasar las facturas de lo que sea a la sociedad. Sostengo que la clase política en México es la responsable de la realidad en la que estamos inmersos, que la pobreza y la mala educación son deliberadas. Mucho enfrentamos y padecemos en el día-día de nuestras vidas personales y por las malas decisiones de los gobernantes en turno, como para además cargar con culpas que no nos corresponden, sin embargo, abrir o no espacio a la violencia en nuestro entorno, en los hechos cotidianos, en las reacciones diversas por los incidentes de todos los días, comunes y ordinarios, sí hay mucho que podemos hacer y tenemos toda la potestad y soberanía para tomar decisiones.
Aquí sí toca empezar por uno mismo y empezar a notar en que momento nos sulfuramos y empezamos a gritar o a agredir: hijos, pareja, padres, vecinos, dependientes, clientes, transeúntes, automovilistas, autoridades…
Y no es fácil, pero sí creo que es un esfuerzo que vale la pena y es totalmente personal con efectos inmediatos en la armonía y la convivencia de este tejido maltrecho del que formamos parte. Por algo se empieza.
La violencia criminal, la de los delincuentes, es un asunto viejo, una herencia maldita que debe ser asumida y atendida cuanto antes. Entiendo, y celebro, la postura presidencial de atacar las causas, es decir, de tomar decisiones contra la falta de oportunidades, contra la frustración y la rabia social acumulada por décadas, con trabajo y educación, con accesos en lugar de escollos y trampas. Medidas medibles y específicas contra la pobreza, la mala educación, las adicciones y la corrupción. Urgen.
Sin embargo, es preciso e indispensable también trabajar de manera reactiva y cuanto antes. Muchas veces he cuestionado en este espacio eso, que las autoridades sólo reaccionan y no van a fondo en las soluciones, hoy se está haciendo, pero no puede ser nada más eso. Se requiere un equilibrio en las acciones y que la sociedad en su conjunto, particularmente la de los 10 estados de la República con niveles más altos de violencia, incluidos Jalisco y Michoacán, empiece a notar que hay cambios y los índices de criminalidad se representan a la baja como ya está sucediendo en Sinaloa y Durango, gran cosa en verdad.
La inseguridad en México es una realidad que nos lacera y lastima a todos los mexicanos desde que tenemos memoria. En los años ochenta el narcotráfico adquirió otra dimensión y desde entonces, con altibajos, la evolución de esa forma del crimen sigue en desarrollo ahora junto con otras maneras de operar que se han ido sumando como las que tienen que ver con el cobro de protección a agricultores, trata de blancas, robos a gran escala y tráficos ilegales diversos.
Este orden de cosas tiene y debe cambiar y sólo se logrará, de fondo, si se combinan, en un justo equilibrio, las acciones reactivas para combatir el día a día en materia de violencia criminal y las medidas de largo plazo para lograr cambios de fondo que conduzcan a una realidad que los mexicanos no conocemos: una de paz y armonía generalizadas; de garantías de que nuestro trabajo rendirá sus frutos y podremos disfrutarlos, de que hay justicia y oportunidades; de respeto a los derechos humanos, de respeto en general, de confianza y transparencia,  sin abusos de poder, ni negligencia, ni omisiones. Es posible.

Columna publicada en El Informador el sábado 10 de agosto de 2019.

sábado, 3 de agosto de 2019

Golpazo


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

La historia se repite casi íntegra pero el incremento en la tarifa del transporte público no tiene parangón, es un golpazo para la economía familiar de las mayorías en esta zona metropolitana. Es un “ajuste” histórico, lo mismo que la represión a los manifestantes contra la medida, el viernes 26 de julio.
Por lo menos desde 1994, estamos hablando de 25 años, los aumentos, siempre polémicos, siempre manipulados y manipuladores, siempre injustificados, habían sido de 50 centavos o de un peso, cuando mucho, no de tres pesos como el que entró en vigor el 27 de julio pasado para Tren Ligero y Macrobús con el anuncio de que se aplicará por lo menos en diez rutas más en mes y medio; y en todas a partir de 2020.
El impacto en el bolsillo de los usuarios es demoledor, porque el “apoyo” de los empresarios, el que dijo el gobernador Enrique Alfaro de 10 pesos diarios para compensar el incremento de 2.50 por cuatro viajes, ya explicó Diego Monraz (el mismo Diego Monraz que en 2007 dijo que el “pulpo camionero” era un mito y entonces habló de los transportistas como un gremio “responsable, preocupado por cambiar”) que se otorgará de manera voluntaria, es decir, no es una obligación y, por lo tanto, no significa que todos los trabajadores lo recibirán. Sí en cambio, los burócratas. En otras palabras, como usuarios y contribuyentes, también nos toca pagar el “apoyo” para los trabajadores al servicio del Estado.
El aumento —agradezco las cuentas de Luis Ignacio Román Morales— de 7 a 9.50 pesos, es de 37 % y si consideramos, con base en los argumentos del gobernador, que se trata de cubrir por lo menos seis años de rezago en ajuste tarifario, el nivel inflacionario del periodo es de 23 por ciento. O sea, el golpe para la economía familiar es, en principio, de 14 %, porcentaje equivalente a la suma de la inflación anual entre 2012 y 2015, de hecho, superior.
La cuestión no se queda aquí: resulta que casi nadie trae monedas de 50 centavos y menos de las amarillas, las grandecitas, que se han ido sustituyendo por las plateadas minúsculas. Las máquinas donde los usuarios depositan el importe del servicio no aceptan las moneditas plateadas, las regresan; y si lo que se deposita son 10 pesos, las máquinas no dan cambio. En pocas palabras, el incremento real fue de tres pesos, es decir, de 42 por ciento, lo cual confirma el golpazo para las familias cuyos ingresos no se han incrementado ni soñando, en la misma proporción, ni siquiera cercana.
Y que el gobernador Enrique Alfaro venga a decir, casi a la semana del anuncio y a dos días de que entrara en vigor, que si no se hubiera tomado la decisión se habría sometido al sistema a un colapso financiero y dejaría de operar, me parece injusto y totalmente abusivo.
Resulta que los jaliscienses, a quienes dice servir y poner en primer lugar, seremos los paganos de una serie de malas decisiones tomadas puntual y cíclicamente por sucesivos gobiernos y políticos, incluyéndolo, porque hace seis años tramitó un amparo contra un aumento que si bien no se justificaba por los precios de diésel, gasolina y energía eléctrica, es decir, por los costos de los insumos, sí se necesitaba para mejorar la calidad del servicio, son dos aspectos diferentes y se presentan engañosamente como uno. Así como dice que da la cara y habla de frente, debería reconocer que en su momento tomó la mala decisión, con fines electorales por supuesto, de ampararse contra el ajuste. De haberse concretado entonces, el incremento se habría dado de manera gradual y no de un solo golpe como ahora. Él tiene responsabilidad en eso y serviría por lo menos que lo reconociera.
Me adhiero a la propuesta del académico y economista Luis Ignacio Román en el sentido de diseñar estrategias alternativas para modificar la lógica de costos. El incremento en la tarifa es desproporcionado totalmente con respecto a los ingresos de los usuarios, entonces se podrían implementar mecanismos cooperativos entre transportistas pequeños y medianos, no los gigantes del pulpo camionero (que no es un mito), para abatir costos en los gastos de mantenimiento y mejorar la calidad. Claro que se puede, y no castigar, como siempre, a los usuarios.
Este incremento de 37 o de 42 % en el servicio de transporte público, depende de si tiene monedas de cincuenta centavos o no, de las amarillas, es violencia pura, es un golpazo a la economía familiar que no tiene precedente ni justificación. Porque además, mientras Alfaro señala al gobierno anterior de corrupto e irresponsable insiste en que fue antes de su gobierno que se autorizó ajustar a 9.50 pesos el pasaje; y porque no reconoce, insisto, que el amparo que interpuso influyó en las decisiones de entonces y en las de ahora.

Columna publicada en El Informador el sábado 3 de agosto de 2019.

Hace algunos años...

Recuerdo, como si hubiera sido ayer, aquella decisión del Gobierno de Jalisco de modificar en un solo día las rutas del transporte público en Guadalajara. Fue en 1985 y el artífice de la medida, el Ing. Jorge Matute Remus. El ingeniero, reconocido y recordado por haber movido el edificio de la Telefónica, propuso un sistema ortogonal que convirtió a la ciudad en un caos. Fue necesario suspender tal operación, pero desde entonces, las decisiones, malas y buenas (más de las primeras que de las segundas), en materia de transporte, se han sucedido afectando siempre, por supuesto a los usuarios.
Y ha sido así porque se trata de un pendiente grande y vigente. El crecimiento de la ciudad agarró dormidos a los gobernantes y no han sabido como resolverlo, superados además, por los intereses económicos y electorales asociados y estrechamente vinculados al manejo del transporte en la zona metropolitana: léase sindicatos, pulpo camionero y corporativismo.
Es cíclico, como en temporada de serie o teatro, el espectáculo de la solicitud de aumento, la dizque resistencia del gobierno, las manifestaciones inocuas, la aplicación del "ajuste" y la manutención de la pésima calidad en el servicio. Qué les digo, todos los habitantes de esta ciudad lo sabemos.
Dejo aquí, nada más como muestra y para recordar, tres columnas de hace 13 y menos años, sobre el mismo punto. A ver qué lo hace ahora diferente o quién nos puede dar garantías ciertas y confiables de que será diferente.

El Informador, 8 de diciembre de 2006

Regalo navideño


LAURA CASTRO GOLARTE

Ya perdí la cuenta de las veces que en diciembre se monta el escenario y se llega hasta la tercera llamada y empezamos, para la función del transporte público, ya tradicional como las pastorelas y otras representaciones decembrinas y, de hecho, como las pastorelas, ya sabemos (o deberíamos), el final.
Sigue en "estudio" el incremento a la tarifa del transporte público urbano que solicitan los transportistas de un peso, ya no de cincuenta centavos y mientras el secretario General de Gobierno lo da por hecho, el gobernador interino dice que todavía no hay una decisión, que los expertos en este momento analizan la propuesta.
¿Por qué les gustará diciembre? Ya en alguna ocasión escribí que a lo mejor es porque la gente anda entretenida en las compras navideñas, tratando de que el aguinaldo alcance, preparándose para el 2007, las vacaciones y todo eso; el asunto del diésel sólo es el pretexto porque desde hace varios años diciembre es la fecha para la escenificación de todo el teatro.
Y si se apegan al guión, ya verán ustedes amables lectores, que no se tomará la decisión sino hasta febrero, cuando se supone que ya remontamos la cuesta de enero y el aumento será de cincuenta centavos y no de un peso porque resulta de que (por si no lo sabían ustedes) tenemos gobernantes muy conscientes que siempre, pero siempre, siempre, están pensando en el bienestar de la sociedad a la que sirven (deberían).
El único factor distinto al de otros años, es que las elecciones acaban de pasar y, lo peor de esto es que en lugar de cincuenta centavos y de todas maneras recetarnos el incremento, autorizar sí, el peso que piden los transportistas, al cabo falta mucho para que la gente vote y ya para entonces se habrá olvidado.
Mientras tanto, como ya lo habíamos dicho también hace un año, la propuesta para una reforma integral del transporte público en Jalisco, presentada por Juvenal Esparza, presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte en el Congreso del Estado, sigue durmiendo el sueño de los justos y yo me sigo preguntando ¿por qué en Guadalajara no? ¿por qué no hay alguien con voluntad y, esa sí, mano firme, para reestructurar el servicio de camiones y convertirlo en un verdadero sistema de transporte? ¿Será de plano imposible e impensable que los servidores públicos que nos gobiernan pongan orden y dejen a todo mundo contento: usuarios y transportistas? ¿Por qué no le entran de una buena vez, ya, por favor?
Yo, la verdad, ya no quiero ese regalo navideño que siempre huele a manipulación. A ver si Emilio.


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El Informador, 22 de diciembre de 2006

Camiones


LAURA CASTRO GOLARTE

Escribo este artículo antes de que se anuncie el fin del paro camionero y espero, que para cuando usted esté leyendo este comentario, se haya regularizado ya el servicio, aunque sea, el mal servicio.
Los camioneros escogieron la fecha precisa, en la que se hiciera más daño a los usuarios: el último día hábil antes de Navidad, muy bien por ellos, excelente estrategia ¿no? y la gente, que se amuele, para decirlo suavecito.
Además de soportar un pésimo servicio (esperar horas en la esquina para que después de tanto, ya con la presión de llegar tarde a cualquier destino, el chofer tenga a bien detenerse, pedir por favor y dar las gracias porque quién sabe de qué humor esté el conductor, llevar cambio porque si no quién sabe cómo le vaya, y, si se corre con suerte, sentarse para un trayecto de más horas o, como casi todos los días, viajar parado y apretujado, pensando ya todo lo que se habrá que caminar para llegar al trabajo o a la casa, porque además no se sabe si el chofer se detendrá en donde se pide la parada o tres o cuatro cuadras más adelante) hay que sumar por supuesto, el desastre por el paro y, encima, prácticamente la certeza de que, en cuanto se levante, habrá una nueva tarifa, cincuenta centavos o un peso más para un servicio que no por eso va a mejorar, aunque los camioneros se comprometan a ello.
Es... indignante. El paro fue sorpresivo, claro, para impedir que la gente tomara providencias y se organizara para resolver la falta de camiones en la ciudad pero ¿la autoridad no lo supo antes? ¿no tienen informantes? ¿qué hace la Secretaría General de Gobierno? ¿Y la de Vialidad que sí se enteró, por ejemplo, y alertó a los camioneros contra quienes estaban pidiendo dinero quién sabe para qué?
El teatro camionero de todos los años llegó, ahora sí, a extremos que no se habían dado desde hace mucho tiempo.
Ya basta.
Sería verdaderamente un acierto que en el Congreso del Estado, en esta o en la próxima legislatura, los diputados se lucieran revisando y aprobando la ley para reordenar el transporte público, sobre todo la parte de la estructura empresarial; y además, que el próximo titular del Ejecutivo estatal, le entrara con decisión y sentido social al asunto del transporte en Guadalajara para, de una vez por todas, darle a todos los habitantes de esta metrópoli, el servicio que se merecen.
Por lo pronto y a pesar de esta lamentable circunstancia, les deseo que pasen una muy feliz Navidad.


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El Informador, 21 de diciembre de 2013

Ciudad Adentro


LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Siempre en diciembre

¿Alguien ha notado que casi siempre se dirimen o discuten asuntos relacionados con incrementos en la tarifa del transporte público en diciembre? ¿Y por lo general cuando ya se pagaron los aguinaldos y que todo mundo, bueno, que predomina cierta euforia por la efímera liquidez y andamos distraídos con todo lo que implica la Nochebuena?
Claro que no en todos los casos es así, y me refiero a la distracción y a la euforia; porque si hablamos de la decisión de aumentar la tarifa, ya es un patrón que se haga en estas fechas y luego, los camioneros piden un determinado aumento, normalmente exagerado, para que quede en una cantidad menor, pero ya fríamente calculada por todos los actores (literal). ¿Qué pasará en esta época navideña?
¿Se saldrán los camioneros con la suya? ¿Logrará el gobierno negociar para que los bolsillos de los usuarios no resulten afectados? ¿Cómo podrá la autoridad conciliar su máximo interés que es el bienestar de los jaliscienses, con las justas, que digo justas, justísimas demandas de los transportistas? ¿Triunfará una vez más –como siempre—el pulpo camionero?
Cada diciembre me sorprendo escribiendo sobre lo mismo y a pesar de que es el mismo guion, con ligeros ajustes, el gobierno y los camioneros terminan aplicando lo que les da la gana al de por sí pagano pueblo que no sé qué más, cuánto más aguantará. Quizá para cuando le lector se encuentre leyendo esta columna, el incremento a la tarifa se habrá consumado.
Se anuncian manifestaciones y protestas, se exige a funcionarios y servidores públicos que no apoyen el incremento, pero la verdad, no veo en el horizonte una decisión a favor de la gente y mucho menos en estos tiempos en los que desde el Gobierno federal se han estado aprobando reformas tras reformas sin considerar, en lo absoluto, la voluntad ciudadana. Es decir, el modus operandi que llegó para quedarse desde diciembre del año pasado es el del autoritarismo que se reproduce en cada entidad dizque libre y soberana. Digo, y que nadie se escandalice; nada más hay que ver la forma en que hace una semana se aprobó la reforma energética en el Congreso de Jalisco… Y en todos los demás. Así, sin demora, cambio ni dilación alguna.
Ayer hubo una manifestación en la Ciudad de México contra la reforma energética que fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto al mediodía, en Palacio Nacional. Las escenas y las fotografías me remiten a una especie de cinta de terror o de ficción o de otro planeta porque todos los que aparecen como protagonistas sonríen y aplauden como si no hubiera gente desgañitándose en las calles contra modificaciones que han sido calificadas de “atraco” y “robo del siglo”. Ellos ahí en Palacio Nacional… como si nada.
Y seguirán como si nada hoy, cuando los manifestantes de ayer ahora lo hagan contra el incremento en la tarifa del metro en la Ciudad de México. Es desesperante. Las manifestaciones, las marchas, las consignas, los videos (en los que, por cierto, están participando actores del más alto nivel que desde hace varios años se han sumado a las demandas más sentidas de los mexicanos y han logrado muchísimos seguidores… Bien por eso) son acciones que desde abajo tendrán que ser tomadas en cuenta más temprano que tarde, porque cada vez son más, y la indignación y las inconformidades crecen.
El panorama no se avizora alentador, ni para lo que resta de este año ni para el que entra, pero desde este espacio quiero extender mis mejores deseos hoy y siempre con el ánimo de que nuestra calidad de vida mejore, incrementemos nuestros niveles de conciencia social y estemos en condiciones de progresar en lo individual y como nación.


viernes, 2 de agosto de 2019

Renovar, no desaparecer


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

La incursión del Gobierno mexicano en instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas es relativamente reciente y, además, no ha sido del todo satisfactoria. Lo fue en un principio, sí, cuando pensábamos que las instituciones se estaban renovando en un franco proceso democratizador que nos alcanzaba a todos, sin embargo, cuando los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, de distintos colores, se dieron cuenta de que sí estaban funcionando, los adulteraron y los echaron a perder, casi en todos los casos.
Tenemos el caso emblemático del Instituto Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, que en los noventa fue ciudadanizado y por lo menos para las elecciones de 1997 y 2000 funcionó como organizador de los comicios con base en los principios que lo rigen: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia (ahora se llama “máxima publicidad”).
Cuando la clase política y me refiero a toda la clase política, a dirigentes de todos los partidos políticos con registro entonces, se dieron cuente de que el IFE funcionaba, se metieron hasta pervertirlo y lograron que la ciudadanización fuera simplemente de papel; se repartieron por cuotas los espacios en el Consejo general de la institución, perdió su autonomía y buen parte de su credibilidad, en uno de los hechos más lamentables de nuestra corta historia rumbo a la democracia (caminamos hacia allá pero nada más no llegamos… el horizonte inalcanzable).
Así como el IFE (ahora INE) se los partidos políticos infiltraron otras instituciones que estaban consideradas como grandes logros, reitero, en el concierto nacional y en el de los estados, específicamente Derechos Humanos y Transparencia. Otros organismos fueron dotas de autonomía como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, para que los gobiernos no intervinieran en la manipulación de cifras; y luego el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Recuerdo que cuando se crearon estos organismos se insistía en que eran temporales, que llegaría el momento en que no fueran necesarios porque se trataba de intervenir para corregir de fondo y, entonces sí, avanzar. Podíamos imaginar, por ejemplo, que sería erradicada la tortura y que entidades como el Seguro Social y el ISSSTE funcionarían como relojitos en beneficio de los derechohabientes; o que no habría ya quejas contra los maestros porque todo caminaba en términos correctos, apegados a derecho y sin intentar abusar o pervertir; no se diga el sistema judicial mexicano, en el caso de Derechos Humanos.
Y en cuanto a Transparencia las instituciones han sufrido altibajos, funcionan unas más que otras, pero también la clase política ha metido mano como como sucedió aquí en Jalisco.
Todos estos organismos e instituciones se han creado porque los sucesivos gobiernos no son confiables, por la corrupción que ha campeado, por la manipulación que acostumbran.
La verdad, el entramado autoritario que se ha ido tejiendo en nuestro país a lo largo de décadas, difícilmente se va a destruir en un sexenio.
Nada más hay que pensar en los cientos de miles de burócratas de todos los órdenes de gobierno que por diferentes causas no hacen bien su trabajo, ya sea por la negligencia heredada, porque así lo han hecho siempre, porque son leales al partido que en principio les dio el puesto, a ellos y a sus familias por generaciones; sabemos que en la alternancia desde adentro, en diferentes puntos se boicotea para que los nuevos gobiernos no sean operativos y la ciudadanía los “castigue” en la siguiente elección.
Dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador que estos organismos se crearon porque estaban de moda, pero no es así; se han fundado porque la sociedad mexicana ha insistido en instrumentos confiables. No estoy de acuerdo con la desaparición del Coneval, sí con una intervención que dé como resultado una mejor entidad, transparente, eficiente, sin abusos, con las plazas necesarias para desarrollar el trabajo y sin excesos.
Hay que se realistas, no se va a terminar la corrupción de una vez y para siempre, se trata de una lucha cotidiana y quizá permanente, seis años no son ni serán suficientes para derrotar a un monstruo de más de 80 años; cuando termine este sexenio, será necesario que esas instituciones sigan funcionando, renovadas.

Columna publicada en El Informador el sábado 27 de julio de 2019.

No está el horno...


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

El tema es un poco confuso y la cuestión es que cayó de sorpresa para todo mundo porque, además, no había antecedentes en la memoria de corto plazo de la mayoría de mexicanos, sobre una reforma local de hace casi seis años que modificó el periodo de gobierno en Baja California, por única ocasión, para homologar el proceso electoral local con el federal intermedio. Así, el actual gobernador cumplirá el sexenio pero quien ganó recientemente las elecciones, Jaime Bonilla, fungiría como tal por dos años.
No es la primera vez que se hace algo similar, sucedió también en Guadalajara, hace ya algunos años, cuando a don Gabriel Covarrubias le tocó ampliar su periodo por unos meses y de suerte le tocaron todos los festejos por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad; un caso contrario es el de Aristóteles Sandoval cuya gestión fue menor de seis años, también por unos meses. Es una costumbre, se puede decir así, para emparejar procesos y seguramente hay más casos, vinculados todos con cambios o reformas electorales.
Sin embargo, el caso de Baja California ha resultado altamente polémico, supongo, porque la ampliación que se pretende (ya fue aprobada por el Poder Legislativo del Estado) es de tres años para un total de cinco, de manera que Bonilla, actualmente gobernador electo, en lugar de concluir en 2021 de acuerdo con la reforma de 2014, terminaría su mandato hasta 2014. Y es polémico también por el partido que postula al gobernador electo, el mismo del Presidente.
Las reacciones son diversas, pero todas, salvo las de los interesados allá en Baja California, negativas o contrarias a la decisión del Legislativo de aquella entidad.
De entrada, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, reaccionó de manera fuerte contra esa decisión; asegura que se está rompiendo el Pacto federal y que hay manera, dijo él, de declarar la ausencia de poderes en aquel Estado.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que respeta la decisión de Baja California pero que es inconstitucional y, añadió, sabe que el PRI está preparando justo la presentación de una acción de inconstitucionalidad para dar marcha atrás a la reforma ya aprobada el 8 de julio pasado.
De parte de Bonilla y de quien asumiría a partir de noviembre el puesto de secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, el Estado libre y soberano de Baja California tiene facultades para emprender una reforma así y exigen respeto a la soberanía de la Entidad. Rodríguez dijo aparte que desde 2014 se impugnó la ley, mucho antes de que hubiera elecciones.
Como decía, Bonilla fue postulado por Morena, y llama la atención (algo impensable entre panistas o entre priistas) que legisladores de ese mismo partido, la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky y personajes como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Tatiana Clouthier han cuestionado severamente lo que está pasando, particularmente porque se atenta contra el Pacto federal.
Este asunto dará de qué hablar los próximos días porque el todavía gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, también prepara una controversia, se han anunciado otros pronunciamientos, así como medidas contra los legisladores que votaron a favor (el PAN informó que los diputados de su partido que aprobaron la reforma serán expulsados de Acción Nacional) y el cuestionado, Bonilla Valdez, también se está preparando para la batalla legal que se aproxima.
Yo espero que este asunto se vaya por el camino de la ley, más allá de declaraciones y enardecimiento por la situación, y que sea esa vía la que dé la razón. Todo indica que sí intervendrá la Suprema Corte y bueno, ya estaremos ante la resolución y su respectivo acatamiento; tendría que ser antes del 1 de noviembre, aunque en todo caso la SCJN tendrá hasta dos años o así, para emitir el dictamen correspondiente.
Es difícil detener la dinámica de tiempos políticos intensos en nuestro país, son procesos encaminados, confusos y complicados de contener, sobre todo en un contexto de polarización política, de extremos, de intolerancia de parte de todos los bandos, no obstante, en alguien debe caber la cordura, la prudencia por favor.
Dos años y se acabó, elecciones otra vez, se emparejan los procesos y aquí no ha pasado nada. Cuando inició el proceso electoral, aun cuando la ley de 2014 se había impugnado, se sabía que debía cumplirse la resolución del tiempo de gestión ¿cuál es el problema? De verdad, no está el horno para bollos y toca contenerse y acatar.


Columna publicada en El Informador el sábado 20 de julio de 2019.

Responsabilidad compartida


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Desde fines del año pasado he seguido de cerca la información relacionada con la migración, especialmente a partir del acuerdo de diciembre con países centroamericanos que implica el diseño e instrumentación de un nuevo modelo migratorio, una propuesta de México para atacar las causas y evitar, reducir por lo menos, los flujos migratorios y, con ello, los problemas graves y dolorosos asociados a este fenómeno.
En la columna del 29 de diciembre de 2018 me referí específicamente a ese acuerdo, uno de los primeros tomados por la administración de Andrés Manuel López Obrador y escribí en su momento que el plan estaba siendo observado por la Unión Europea (dejó aquí enlace con ese texto: https://www.informador.mx/ideas/Nuevo-modelo-migratorio-20181229-0030.html) dada la combinación de acciones e iniciativas que podía repercutir, efectivamente, en la inhibición de los flujos migratorios, un asunto crítico en el Viejo continente. Entre otros anuncios, en aquella fecha, hace casi siete meses, se informó de una inversión por 25 mil millones de pesos en diversas obras para generar empleos en la región, tanto en Centroamérica, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, como en los estados de la frontera sur de nuestro país.
También comenté que ante la abundancia de información había muchos temas que se quedaban rezagados, como este en particular, y no eran valorados en su justa medida en términos generales; es otra de las razones por las que he estado atenta y bueno, en los últimos días, otra vez, han surgido novedades pero tampoco han encontrado mucho eco pese a su relevancia.
Primero, en la reunión del G20 a la que asistió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, México propuso la inclusión del tema migratorio en la agenda, en una carta del Presidente que el secretario entregó a los asistentes. Sobre la base de la responsabilidad compartida, el modelo mexicano se centra en actuar enfocados en las causas de los grandes movimientos migratorios en el mundo, este fue el principal argumento para que se incluyera el tema entre los asuntos a tratar; y la respuesta favorable fue en los siguientes términos: “los grandes movimientos de refugiados y migrantes son una preocupación mundial con consecuencias humanitarias, políticas y económicas, enfatizamos la importancia de las acciones compartidas para abordad las causas profundas del desplazamiento y responder al crecimiento de las necesidades humanitarias”.
Antes de esto, cuando las negociaciones para evitar la amenaza arancelaria de Estados Unidos, se volvió a hablar del modelo migratorio mexicano y los compromisos del vecino del Norte por financiar el desarrollo en la región; la cuestión es que, con respecto a este tema, vinculado con los 25 mil millones de dólares anunciados desde diciembre del año pasado, en esta semana se registraron avances con datos más concretos de cantidades y proyectos que se impulsarán en el corto y mediano plazo para la generación de empleos bien pagados en Centroamérica y el sur de México.
Estuvo en la SRE, Ryan Brennan, el director de Operaciones de la Corporación en Inversión Privada en el Extranjero de Estados Unidos, la OPIC (por sus siglas en inglés) y ya se firmaron los primeros avances que implican inversiones iniciales por casi 500 millones de dólares. Se firmaron dos cartas de interés relativas a financiamiento de dos proyectos: una por 250 millones de dólares para la construcción de una planta de licuefacción de gas natural y otra por 240 millones de dólares para la instalación de una planta de energía eólica en la región. De la primera, se detonaría una inversión por 150 millones de dólares más y, de la segunda, 80 millones de dólares. Estos son apenas los dos primeros proyectos, los más encaminados para iniciar próximamente, pero en total está involucrada una inversión, ya anunciada, por cuatro mil 800 millones de dólares, de los cuales, poco menos de la mitad están destinados a proyectos en el sur mexicano.
Son buenas noticias, se trata de acciones de fondo que no se han abandonado. El cumplimiento de acuerdos, las reuniones, las reiteraciones incluso, con respecto al modelo migratorio mexicano y los compromisos se empiezan a cumplir siempre con la mira en la atención a las causas y la responsabilidad compartida.

Columna publicada en El Informador el sábado 13 de julio de 2019.

Respeto e integralidad


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

Cómo quisiera que hiciéramos un alto total y prolongado para darnos la oportunidad, como sociedad, como comunidad, de reflexionar en torno a conductas y actitudes que lejos de reportar beneficios generalizados, dividen, separa y dañan el de por sí maltrecho tejido social. El comentario de hoy se desprende de la ciclovía en Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, el rechazo vecinal, la terquedad oficial y la defensa a ultranza de los movimientos a favor de una movilidad sin autos en la zona metropolitana.
De entrada, la radicalización de las posturas apunta a que cual sea que prospere, será una imposición y, de hecho, la irreductibilidad está del lado de la autoridad y de los activistas. Los vecinos, que recurrieron al amparo, propusieron alternativas con el ánimo de que la ciclovía no causara problemas mayores como en otras vías (La Paz y Av. México, por mencionar dos casos) pero no han sido escuchados; estoy segura de que la oposición de los colonos de Jardines del Bosque se debe precisamente a la experiencia en esas otras rúas.
He dado seguimiento a los asuntos de movilidad desde hace años, especialmente desde aquella imposición también de Manuel Verdín Díaz, quien fuera secretario de Vialidad en la administración de Emilio González Márquez, de convertir López Mateos en un viaducto los fines de semana. La decisión despertó a buena parte de la ciudadanía que se agrupó en asociaciones como Ciudad para Todos para, de manera organizada, influir en mejores decisiones de movilidad, con el foco siempre en inhibir el uso del automóvil. Hasta aquí todo perfecto y alentador.
Vinieron cambios de gobierno y los activistas de la movilidad lograron ser escuchados por presidentes municipales y gobernadores, no sólo para la habilitación de ciclopistas, sino que varios de los jóvenes líderes de estos movimientos, fueron atraídos por los nuevos gobiernos:  perdimos activistas y ganamos funcionarios enfocados en una sola agenda y en sus intereses personales con altos niveles de intolerancia y desdén por posturas distintas a las suyas.
Lejos de contribuir a una convivencia armónica, instalados ya en el servicio público, llevaron adelante sus proyectos sin importar las necesidades de los demás y es así como tenemos esas ciclopistas impuestas y mal planeadas por toda la ciudad que contribuyen a que la vialidad y la movilidad sean verdaderamente caóticas casi todo el día, no nada más en horas pico.
Una vez intenté dialogar con uno de estos activistas y mi planteamiento era el siguiente: estoy de acuerdo con las ciclopistas y, en general, con las medidas para inhibir el uso del automóvil, sin embargo, creo que lo que se ha hecho hasta ahora son medidas desagregadas aplicadas sin haber resuelto de fondo los problemas originarios. Me explico: si voy a eliminar un carril de circulación para autos en cada sentido y destinarlo (segregarlo, dicen) exclusivamente para bicicletas, en La Paz por ejemplo o en Av. México, necesito una obra alterna que canalice el tráfico que será desplazado, de otra manera (como sucede, de hecho), estamos frente a embotellamientos y cuellos de botella a partir de los que se detonan muchos otros conflictos que, a su vez, repercuten en costos diversos, incluida la pérdida de un buen estado de ánimo.
La habilitación de una ciclovía, por sí misma, no inhibirá el uso del automóvil, se requieren medidas integrales en todos los sentidos y un estudio profundo de las dinámicas de movilidad en una ciudad tan compleja como esta. Se necesita, de entrada, un transporte masivo y eficiente (léase metro o tren ligero) para, ahí sí, dejar de usar autos; un transporte masivo y eficiente conectado a los otros tipos de transporte para que los traslados sean rápidos y seguros; se requieren vías alternas para el desplazamiento de los coches de las vías elegidas para las ciclovías y educación vial que repercuta en el respeto de todos los tipos de movilidad. Que los ciclistas viajen seguros y se reduzcan los riesgos, pero los automovilistas también. Hablé antes de que intenté dialogar con este activista convertido luego en funcionario público y a pesar de que lo primero que le planteé fue que estaba de acuerdo con las ciclovías, en cuanto hablé de la necesidad de otras medidas dejó de escuchar y me acusó de estar contra ellas. Fue, en verdad, una experiencia sumamente desagradable porque, además de todo, fui irremediablemente malinterpretada y juzgada como alguien adverso a las iniciativas por una mejor movilidad en la ciudad.
A estas actitudes me refiero y espero de verdad que en todos quepa la cordura para que las medidas se tomen desde la integralidad, considerando tendencias sí y hasta cálculos políticos si quieren, pero nunca por encima de las necesidades ciudadanas de todos los ciudadanos, de una postura y de otra. No se puede privilegiar a unos por encima de los otros, nada más porque es rentable políticamente hablando, todo se regresa.
Respeto e integralidad de todos y en todo para ir recuperando, retejiendo y reforzando el entramado social tan maltrecho.

Columna publicada en El Informador el sábado 6 de julio de 2019.

Tres buenas


Ciudad Adentro

LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)

En medio de este panorama de malas noticias, de otras que no son tan malas, pero así se leen o se perciben o se interpretan, queda poco espacio consciente para detectar hechos que también son novedades y seguramente repercutirán, más temprano que tarde, en mejores condiciones económicas y sociales en el corto y mediano plazo.
La semana pasada comenté una de esas novedades: los acuerdos y anuncios de inversión de dos cúpulas empresariales por casi 70 mil millones de dólares en los próximos años (Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios) y el compromiso del Gobierno federal de no obstaculizar estas iniciativas, al contrario, incentivarlas y no generar incertidumbre.
Esta semana se difundieron tres noticias muy buenas, específicamente para Jalisco, en donde hemos estado de capa más que caída por los altos y preocupantes índices de violencia e inseguridad. La primera tiene que ver con la llegada de los recursos comprometidos por el Presidente López Obrador para continuar con los trabajos de la Línea Tres del Tren Ligero. Como se recordará, esta obra, que entraría en operación antes de que terminara la administración anterior (era la idea), estaba parada por falta de recursos, uno de los problemas heredados y muy costosos de Aristóteles Sandoval y de Enrique Peña.
El lunes se informó, en la primera plana de este diario, que se destrabaron los dineros para acelerar la conclusión de esta línea que, esperamos todos, resolverá en gran medida la movilidad y la vialidad en esta compleja urbe. David Zamora, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, aseguró que los recursos comenzaron a fluir. Están prometidos (se necesitan pues) cuatro mil 500 millones de pesos este año, por lo pronto ya llegaron 800 millones para cubrir adeudos a contratistas y se autorizaron 180 millones más para el pago del peaje en las estaciones. Aparte, el Estado dispone de 400 millones de pesos para rehabilitar calles dañadas por las obras en tres municipios metropolitanos. En la misma información, Zamora aseguró que la obra estará lista en diciembre de este año para empezar a operar en enero de 2020.
La segunda buena noticia es la relativa a la reunión del miércoles entre el Presidente de México y 47 empresarios de Jalisco, allá en Palacio Nacional, a donde acudieron a plantear una serie de pendientes y proyectos que requieren el impulso del Gobierno federal. Obtuvieron compromisos: estamos hablando del respaldo a obras de movilidad y agua; así como de refuerzos en materia de seguridad. Más allá de los detalles, que son importantes, me interesa destacar el trabajo que están haciendo los empresarios de Jalisco que no se quedan de brazos cruzados, que plantean problemas y propuestas y que, como hacía mucho que no, muestran una actitud proactiva, participativa e intensiva para que todo camine y cada vez mejor y más rápido en Jalisco.
Las obras en cuestión son el Peribús, para el que se solicitaron 700 millones de pesos y el Presidente se mostró “receptivo”; igual con respecto a las presas Zapotillo y Purgatorio sólo con una condición: es necesario que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato se pongan de acuerdo. Aparte, López Obrador informó en esa reunión que hay mil 600 millones de pesos para las carreteras de Jalisco y se comprometió a acelerar el paso en la resolución del conflicto con ejidatarios de El Zapote, de manera que sea posible emprender la construcción de una segunda pista; a destrabar o incrementar los apoyos financieros a través de banca de desarrollo  y a que la Guardia Nacional estará presente en Jalisco para reducir la inseguridad así como a la decisión del Gobierno del Estado con respecto a la reestructuración del Poder Judicial, un pendiente de urgente resolución.
Y la tercera, que tiene que ver también con el activismo desde el sector privado, fue la realización del Segundo Foro Regional de Federalismo y Seguridad que ahora tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa.
Igual que el primero, en esta ocasión participaron empresarios y académicos de esa entidad y legisladores que se llevaron de tarea gestionar y emprender iniciativas para fortalecer el federalismo en México, una preocupación más o menos generalizada.
Son tres buenas y muy buenas porque dan cuenta del cumplimiento de compromisos, de inversiones que desembocarán en empleo y movimiento económico pero, sobre todo, de una actitud de participación en sectores que habían dejado de hacerlo. Ojalá que estos empresarios, su conducta y determinación por trabajar a favor de que las cosas pasen, sean emulados por otros, hasta ahora timoratos y temerosos a la hora de invertir.

Columna publicada en El Informador el sábado 29 de junio de 2019.