Ciudad Adentro
LAURA CASTRO GOLARTE (lauracastro05@gmail.com)
El
proceso se llevó un buen tiempo y el estira y afloja estuvo intenso, sobre todo
porque el marco legal incluye tareas y obligaciones para el Estado, por eso las
resistencias, increíble de verdad. Por fortuna ganó la presión que los
colectivos de familiares ejercieron, sin ceder ni un ápice, para que no los
dejaran fuera y el paquete de leyes tuviera un sentido efectivo, práctico y de
justicia. Estoy hablando de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de
Jalisco que finalmente se aprobó el jueves, por unanimidad.
Estuve
atenta al proceso porque resulta que Jalisco ocupa el primer lugar en número de
casos de personas desaparecidas en el país. Lamentable y dolorosamente ha ido
ascendiendo en esta nada honrosa lista. De acuerdo al último reporte de la
Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, Jalisco es
la Entidad que más casos registró (alrededor de tres mil 724) para un acumulado
de 10 mil 031 personas “legalmente no localizadas” (la mayoría) y
desaparecidas. Una de las organizaciones sostiene que la cifra llega a 11 mil
817 personas desde 1964 ¡hace 57 años! con sólo cinco sentencias condenatorias
en ese lapso.
El
trabajo de los colectivos y las aportaciones de las instituciones que
estuvieron acompañando con trabajo técnico especializado fue fundamental para
que esto se consolidara en términos de innovación y excelencia reconocidos más
allá de nuestras fronteras. Como ciudadana agradezco esta labor que representa
un beneficio social muy grande, porque trabajaron a favor de la colectividad y
porque ahora son un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación,
perseverancia, adhesión y lealtad a una causa, así como empatía y conciencia
social.
Gracias
a Por Amor a Ellxs, Entre el Cielo y la Tierra, CLADEM (Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), ITESO
(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente), Tómala, CEPAD
(Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo) y Observatorio Legislativo
ITESO; también a la Cruz Roja Internacional y a la Oficina del Alto Comisionado
de la ONU en Derechos Humanos, entre otros organismos y asociaciones que estuvieron
al pie del cañón por más de tres años y obtuvieron, según sus propias palabras,
de las que son la voz de los que no están, un paquete legislativo
“garantista e innovador”, el mejor en México.
Con la
ley aprobada esta semana se fijan plazos límite para las autoridades de manera
que están obligadas a agilizar las investigaciones y los procesos de
identificación en caso de desapariciones. Se conformará un Sistema Estatal de
Búsqueda encargado de coordinar acciones entre diferentes órdenes y niveles de
gobierno y se permite, sin restricciones, la participación activa de los
familiares.
Otras
disposiciones, para tenerlas en mente y valorar en su justa medida la
aprobación de la ley (que se suma a la de Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición aprobada hace unos diez días) son, por ejemplo: presunción de
vida, la prohibición de que se destruyan cadáveres no identificados y que se
disponga de sus pertenencias; se contempla, como instrucción al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses, que elabore un registro del lugar donde sean
depositados restos humanos; se homologarán los protocolos de investigación y se
incluye como disposición el esclarecimiento de hechos.
Los
colectivos e instituciones que impulsaron estas leyes y participaron en su
redacción y contenido, reconocieron el trabajo de las legisladores de
diferentes partidos que prácticamente tomaron a título personal esta tarea (a
saber: Érika Pérez, Elizabeth Alcaraz, Priscilla Franco y Mara Robles), pero al
mismo tiempo manifestaron su deseo, por un lado, de que el marco legal sea una
herramienta efectiva para agilizar las labores de búsqueda y, sobre todo, para
encontrar a los que no están; y, por el otro, aseguraron que vigilarán que las
leyes se cumplan a pie juntillas. De que lo harán, no cabe la menor duda.
La
aprobación de estas leyes, cuyo proceso no fue fácil ni terso, hubo momentos en
los que se pensaba que se haría sin la participación de las familias (seguro se
recuerda que en diciembre se hizo una clausura simbólica del Congreso porque se
pretendía aprobar sin las familias), es un ejemplo de los resultados que puede
tener una participación ciudadana intensa, consciente, colectiva, acompañada y
preparada; también deja claro que, en realidad, a los legisladores no les cuesta
nada trabajar de la mano de la sociedad civil. Sí es un asunto de voluntad. Y
que es posible esquivar las presiones tendientes a reducir el nivel de
responsabilidad y trabajo del Estado; hubo resistencias, pero al final, por lo
pronto, se vencieron. Falta ahora poner en práctica el nuevo marco legal y
estar al pendiente de que las autoridades e instituciones involucradas lo hagan
bien. No les cuesta nada, para eso son y para eso se les paga.
Columna publicada en El Informador el sábado 27 de febrero de 2021.
