Continuum
Laura Castro Golarte
Es complicado. Desde hace lustros,
México ha estado marcado por la inseguridad, la violencia y la operación del
crimen organizado sin que parezca que desde la autoridad esas actividades
ilícitas que nos afectan a todos, hayan sido o estén siendo atajadas.
Recuerdo como si fuera ayer, en enero
y febrero de 2011 y luego en mayo de 2015, cuando estuvimos en vilo en
Guadalajara y la zona metropolitana, por los narco bloqueos, incendios y otras
acciones de grupos delincuenciales por la detención de algunos de sus miembros.
La detención de Ignacio Coronel en tiempos y procesos que marcan la aparición
del Cártel Jalisco Nueva Generación está aún en la memoria colectiva dada la
intensidad e impacto de tal noticia.
No ha cesado desde entonces y ahora,
mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de “abrazos no
balazos” cinco estados de la República se incendian, literal, por el mismo tipo
de manifestaciones del crimen organizado, salvo en el caso de Ciudad Juárez que
respondió a otros procesos, criminales también, pero distintos.
Hay cosas sobre las que es preciso
reflexionar en torno a esta realidad y las respectivas percepciones. En primer
lugar, hasta donde veo y leo, la expresión de “abrazos no balazos” tiene que
ver con la política pública enfocada en la atención de las causas de la
delincuencia: pobreza, drogadicción, falta de oportunidades, justicia, estado
de Derecho. Y esto no implica que no se trabaje de manera paralela en
estrategias, acciones y medidas para combatir al crimen en sus operaciones
cotidianas.
Desde 2011 sabemos, por lo menos en
Jalisco, que los bloqueos e incendios de vehículos, además de generar temor y
sí, una sensación de peligro, de caos y de que estamos sitiados y a merced de
los delincuentes, son manifestaciones provocadas por la detención de líderes o
miembros de sus organizaciones. Y es justo lo que hemos estado viendo en los
últimos días en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Michoacán. Es su modus
operandi por lo menos desde 2011.
Después de los sucesos en estas
entidades y en Ciudad Juárez, Chihuahua, los integrantes del gabinete de
Seguridad del Gobierno federal presentaron un informe apenas el lunes pasado de
los sucesos de los que todos o casi todos estuvimos al tanto y de los que
resultaron varias y muy lamentables pérdidas humanas.
De manera precisa, sin eufemismos, el
secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, habló de
las acciones “para debilitar” al CJNG tanto en la parte financiera como en la
operativa y se refirió a las detenciones de 2020 y a las de 2022 en Puerto
Vallarta, Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos e Ixtlahuacán del Río, Jalisco.
Se habló también de la coordinación entre el Ejército y la Guardia Nacional con
las policías de los estados y la numeralia de arrestos y confiscaciones.
El avance del crimen organizado fue
exponencial en sexenios anteriores y no será suficiente una administración para
atajar su crecimiento, la fortaleza que alcanzó y la incursión en entidades
gubernamentales protegido por personajes como Genaro García Luna.
Sin embargo, la realidad que vivimos
y las percepciones alimentadas por actores mediáticos irresponsables, que
complejizan y enrarecen aún más el ambiente, obligan a avanzar contra el crimen
organizado con mayor celeridad y a fortalecer los mecanismos de información
sobre lo que sí se hace contra una situación tan indignante y dolorosa.
Periodista, doctora en Historia, docente en ITESO.
Correo electrónico: lauracastro05@gmail.com.
Esta columna se publicó en el Semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara el domingo 21 de agosto de 2022.
