LAURA CASTRO GOLARTE
En esta semana que está por terminar, la Secretaría de Salud anunció, sin que nadie se lo pidiera, que daría a conocer los resultados de un estudio epidemiológico en la ribera del Río Santiago, específicamente en las poblaciones de Juanacatlán y El Salto, para indagar si la incidencia de enfermedades era mayor en esa región, que en otras, por los efectos de la contaminación del agua. La conclusión fue que no.
El simple anuncio generó expectativas, en muchos positivas, porque antes, cuando Alfonso Gutiérrez Carranza era el secretario de Salud, cuestionado desde el primero hasta el último día de su gestión, se informó lo mismo: que no era mayor la morbilidad en los habitantes de esas poblaciones, es decir, se tenía la esperanza de que este estudio contrastara con el anterior.
Y las expectativas también eran altas porque, además, el anuncio y luego los resultados se difundieron a unos cuantos días de que se cumplieran dos años (el aniversario es hoy) del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó accidentalmente al río y no sobrevivió al daño que le causaron las sustancias que ingirió, sobre todo arsénico.
Después de Miguel Ángel se tomaron algunas medidas, pero se tiene noticia reciente de los niños infectados con moluscos contagiosos por bañarse con agua del Río Santiago y de una serie de testimonios de personas con enfermedades cuya presencia, según los pobladores y los directamente afectados, es mayor ahora, principalmente infecciones renales y otras crónico-degenerativas, como cáncer.
Los resultados que dio a conocer Alfonso Petersen, ahora secretario de Salud, suenan a burla y además los encuentro contradictorios con la “recomendación” de que se sanee el río y se identifique a las industrias que contaminan.
¿No se había hecho eso ya? ¿No se había anunciado que se haría?
Aun cuando los resultados del estudio epidemiológico fueran creíbles, hay una demanda social urgente, hay organismos locales, nacionales e internacionales involucrados en el tema con la solicitud y exigencia de que se limpie el río y las personas que viven en las márgenes sean reubicadas. Lo que se pide es saneamiento, recuperación ambiental, atención sanitaria y de servicios básicos ¿Por qué no simplemente responden y actúan en consecuencia? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué cuando para observatorios internacionales los pobladores en Juanacatlán y El Salto viven en emergencia ambiental y sanitaria?
Es en estos casos cuando queda claro que la sociedad va por una vía y el gobierno por otra, y aunque la ciudadanía busca denodadamente una intersección, la autoridad sigue cada vez más ciega y cada vez más sorda.
Artículo publicado en El Informador el sábado 13 de febrero de 2010.
En esta semana que está por terminar, la Secretaría de Salud anunció, sin que nadie se lo pidiera, que daría a conocer los resultados de un estudio epidemiológico en la ribera del Río Santiago, específicamente en las poblaciones de Juanacatlán y El Salto, para indagar si la incidencia de enfermedades era mayor en esa región, que en otras, por los efectos de la contaminación del agua. La conclusión fue que no.
El simple anuncio generó expectativas, en muchos positivas, porque antes, cuando Alfonso Gutiérrez Carranza era el secretario de Salud, cuestionado desde el primero hasta el último día de su gestión, se informó lo mismo: que no era mayor la morbilidad en los habitantes de esas poblaciones, es decir, se tenía la esperanza de que este estudio contrastara con el anterior.
Y las expectativas también eran altas porque, además, el anuncio y luego los resultados se difundieron a unos cuantos días de que se cumplieran dos años (el aniversario es hoy) del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó accidentalmente al río y no sobrevivió al daño que le causaron las sustancias que ingirió, sobre todo arsénico.
Después de Miguel Ángel se tomaron algunas medidas, pero se tiene noticia reciente de los niños infectados con moluscos contagiosos por bañarse con agua del Río Santiago y de una serie de testimonios de personas con enfermedades cuya presencia, según los pobladores y los directamente afectados, es mayor ahora, principalmente infecciones renales y otras crónico-degenerativas, como cáncer.
Los resultados que dio a conocer Alfonso Petersen, ahora secretario de Salud, suenan a burla y además los encuentro contradictorios con la “recomendación” de que se sanee el río y se identifique a las industrias que contaminan.
¿No se había hecho eso ya? ¿No se había anunciado que se haría?
Aun cuando los resultados del estudio epidemiológico fueran creíbles, hay una demanda social urgente, hay organismos locales, nacionales e internacionales involucrados en el tema con la solicitud y exigencia de que se limpie el río y las personas que viven en las márgenes sean reubicadas. Lo que se pide es saneamiento, recuperación ambiental, atención sanitaria y de servicios básicos ¿Por qué no simplemente responden y actúan en consecuencia? ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué cuando para observatorios internacionales los pobladores en Juanacatlán y El Salto viven en emergencia ambiental y sanitaria?
Es en estos casos cuando queda claro que la sociedad va por una vía y el gobierno por otra, y aunque la ciudadanía busca denodadamente una intersección, la autoridad sigue cada vez más ciega y cada vez más sorda.
Artículo publicado en El Informador el sábado 13 de febrero de 2010.
